Desde que en 1849 fue creado el estado de Guerrero, liberales, militares, porfiristas, maderistas, carrancistas, obregonistas, delahuertistas, nacionalrevolucionarios, priistas, perredistas y ahora morenistas, han gobernado este estado que en la actualidad cuenta con un poco más de tres y medio millones de habitantes. Cada gobernante, cuando menos los emanados de los procesos electorales, se propuso llevar a cabo algunas acciones encaminadas a mejorar la vida de los guerrerenses. Por mencionar algunos, en el gobierno de Adrián Castrejón Castrejón (1928-1933), se iniciaron las carreteras de Chilpancingo a Tixtla y de Iguala a Teloloapan, y se dio un impulso al desarrollo turístico de Acapulco creándose una infraestructura que lo convirtió en un fuerte polo de atracción tanto para inversionistas como para visitantes nacionales y extranjeros. La construcción de la carretera que unió al puerto con el resto del país, entre 1925 y 1927, y al no haber un desarrollo industrial importante en la entidad, hicieron que las inversiones se canalizaron hacia este puerto. En el gobierno de Raymundo Abarca Alarcón (1963-1969) se estableció el Programa de Alimentación Complementaria Rural. Con Alejandro Cervantes Delgado (1981-1987), se construyó el Palacio Municipal de Chilpancingo, y se creó la Radio y Televisión de Guerrero. En el gobierno de José Francisco Ruíz Massieu (1987-1993), se construyó la Autopista del Sol. Los acontecimientos negros también han acompañado a los gobernantes en los últimos tiempos, que abusando del poder han reprimido al pueblo que ha demandado atención a sus necesidades y proyectos. Raúl Caballero Aburto (1957-1961), fue destituido por la represión del 30 de diciembre de 1960, contra el movimiento que luchaba por la creación de la Universidad Autónoma de Guerrero en la que hubo al menos 19 muertes. Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), dejó el cargo por la masacre de Aguas Blancas del municipio de Atoyac, que dejó 17 campesinos acribillados. Y Ángel Aguirre Rivero (2011-2014) tuvo que separarse del cargo por la agresión y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Las dos alternancias sucedidas en el 2005 y en el 2021 no han servido de mucho, pues Guerrero sigue siendo uno de los tres estados más atrasados del país. El 67 por ciento de su población vive en pobreza, es decir, 2,363,188 guerrerenses. De estos, casi un millón, se encuentran en pobreza extrema. Y solo 280 mil ciudadanos no son pobres. La inseguridad, la violencia y la falta de empleos, lastiman la vida de la población de bajos ingresos, de los profesionistas y de los productores medianos, que en otras condiciones pudieran contribuir a generar empleos en la entidad, ocupando la mano de obra que por miles emigran hacia los estados del norte del país año tras año. El arribo de la 4T al gobierno federal en el 2018, ilusionó a más de un millón de guerrerenses que apoyaron a este proyecto en las urnas, sin embargo, salvo la repartición de recursos otorgada a un sector de la población, ninguna obra de infraestructura, ni programas de inversión se implementan en Guerrero, lo que genera estancamiento y mayor atraso. Como ocurre en el resto del país, no se vislumbra un verdadero salto en el mejoramiento de la vida de los guerrerenses con los gobiernos actuales.
Es en estas difíciles condiciones, en las que un grupo importante de ciudadanos guerrerenses se ha unido en torno a la “Asociación Civil Venciendo la Pobreza en Zonas Vulnerables”, para emprender la formación de un partido político local, que tendrá la responsabilidad en el corto plazo, de hacer que la voz de la sociedad organizada sea tomada en cuenta en los organismos oficiales del estado y del gobierno local, para que se conviertan en parte de las políticas públicas empleadas por los gobiernos. Proponiéndose también en el mediano y largo plazo, en la medida en que el futuro partido escale las posiciones políticas permitidas por la ley, proyectar un programa que contemple la creación de empleos con salarios justos, mayor inversión al desarrollo social de la población en condiciones de pobreza y la aplicación de una política fiscal progresiva, en la que la población de menores ingresos pague menos o se le excluya de la carga fiscal. Teniendo como meta la eliminación de la pobreza en el estado y el progreso integral de todos los guerrerenses. Los primeros pasos están dados.
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