En teoría, el cuerpo de instituciones que componen al Estado -desde las secretarías del poder Ejecutivo federal, pasando por las diputaciones y gubernaturas, hasta las presidencias municipales de comunidad- fueron concebidas para el bienestar de la población en general; el Estado tiene su razón de ser en garantizar, por decirlo de algún modo, la felicidad de todos. Ahora bien, el Estado necesita de individuos de carne y hueso para cumplir con este objetivo, es por ello, que los responsables de conducir (gobernar) estas instituciones son una porción representativa de la misma ciudadanía. En una democracia liberal, estos individuos conducen a las instituciones de forma temporal. Es importante, en este sentido, no confundir al gobierno con el Estado. El primero es el capitán, el otro es el barco, uno es más permanente que el otro.
La diferencia es importante. Pues es común, que el grupo de personas que se hacen cargo de la conducción y de la operatividad de las instituciones (por ejemplo, de unas direcciones del gobierno estatal) actúan como si fuesen los dueños de las instancias que tienen bajo su mando; repetimos, el fundamento que tienen las instituciones no está en la voluntad -ni mucho menos en su estado de ánimo- sino en la Constitución política. De ahí que se rinda juramento a las leyes cada vez que se renuevan los gobiernos. Sirven al pueblo, por eso, son servidores de "lo público".
Sabemos que en la práctica es al revés. Los funcionarios (porque hacen "funcionar" al Estado) se sienten ciudadanos de otro estilo; su vocación no es servir, sino servirse. Esta actitud se llama corrupción, desde no cumplir con el trabajo, hasta utilizarlo para fines personales. Desde siempre esto ha existido. Pero subrayemos que esta actitud deplorable se acentúa más cuando las propias instituciones son abandonadas deliberadamente, ya sea al eliminarles facultades de operación o bien mediante la supresión o disminución de su presupuesto. En su sentido clásico, el debilitamiento intencional de las instituciones se intensificó en el periodo neoliberal; bajo el falso supuesto de que el bienestar, que era procurado por el Estado, iba a ser sustituido por el mercado. Por ejemplo, si antes las instituciones de salud tenían como misión curar a los ciudadanos enfermos, hoy esos servicios los iba a otorgar el sector privado, a través del mercado; no era ya una responsabilidad de Estado, sino del ciudadano. Aquí los únicos ganones fueron, desde luego, el empresariado transnacional.
A este respecto, la 4T se declaró enemigo de éste y decretó (por muy ridículo que suene) su suspensión oficial. Partían de algo cierto: la miseria que padecen millones de mexicanos (y sus consecuencias como la violencia y la ignorancia) se explica, en gran medida, por supresión paulatina del Estado, ya sea porque algunos sectores de éste se privatizaron o porque se abandonaron a la inoperancia. A pesar de la supresión por decreto, la situación en los hechos no cambió.
Todo el gatopardismo de sus programas sociales no redunda en un fortalecimiento del Estado, por el contrario, se redujo. La razón la hallamos en la "austeridad republicana" y en la política de no atención a las peticiones de ciudadanos organizados; se dice que se prioriza ahora la solicitud de ciudadanos particulares y no a organizaciones civiles. De lo primero, hemos leído la justificación: hay austeridad porque se quiere acabar con la burocracia dorada, la que gana mucho dinero, pero, sobre todo, porque se busca eficientar el gasto y, con ello, eliminar la corrupción. Pero la aplicación de la austeridad ha ocultado un hecho más importante: reducir presupuestos (por ejemplo, a los Ayuntamientos) para fortalecer los programas asistenciales federales, aunque se sepa con mucha precisión que la ejecución de dicho asistencialismo nunca ha combatido a la pobreza de forma efectiva y que, en cambio, el manejo de esos programas siempre ha tenido sesgos electorales muy marcados.
Como sea, hoy las instituciones, que funcionan con un presupuesto reducido, son aún más inoperantes. Es indispensable apuntar que cuando una institución tiene menos presupuesto sus directores tienen menos facultades para funcionar eficazmente. Es decir, que, si el personal directivo tenía alguna vocación de servicio, al querer aplicarse tienen las manos atadas y terminan por simular su actuar como funcionario. En consonancia con esto, la satanización y desprecio a las peticiones de organizaciones sociales agravan el problema. Se tiene la certeza que el único modo que tiene el ciudadano, que no cuenta con influencias ni riquezas, para que sea escuchado es echar mano de su número y de su organización. Si un ciudadano solicita de forma aislada, la respuesta es, en la mayoría de las veces, negativa. ésa es la única manera por la cual las instituciones funcionan, de otro modo, no. Pueden fundar una "Secretaría para regresarle al pueblo lo robado", pero si éste no exige grupalmente, es como si no existiera dicha secretaría.
Los burócratas que encabeza Cuitláhuac García son así. Arropados con fraseologías de izquierda, se desempeñan como sus antecesores y un tanto peor. Al sentirse protagonistas del "cambio" son soberbios; como su jefe fundador, no admiten que se les exija lo que por ley les corresponde hacer; recuérdese la altanería de "su majestad" Hazael Flores Castro, director actual de Invivienda en Veracruz, que siente que nadie es digno de cuestionarlo. El actuar de estos "farsantes del cambio", de este modo, nulifica la contribución de las instituciones en el bienestar de la ciudadanía, sobre todo para el sector más lacerado por la miseria. Además, buscan marginar, a toda costa, la participación de las mayorías en la política. Al existir esa desconexiòn entre pueblo y burocracia, esta última se libra de ser auténticamente vigilada. El pueblo nunca se entera qué clase de políticos tienen. Dando lugar a más corrupción.
Pruebas al canto, hace poco, Efrén Sarmiento Medina fue destituido como delegado en Xalapa de Patrimonio del Estado, por incurrir en hechos que pueden tipificarse como fraude en agravio de decenas de colonos. Esta fichita morenista usó sus facultades como funcionario para defraudar a mucha gente, además de amenazar, el muy sátrapa, a quien lo denunció.
Cuando los antorchistas solicitamos que Invivienda, Patrimonio e Insus atiendan nuestras peticiones (regularizar predios legalmente adquiridos) no hacemos más que solicitar -léase bien- lo que les corresponde realizar, ni más, ni menos. Pero su omisión y su menosprecio los evidencia como los políticos reciclados que realmente son, poniendo en claro que el morenismo veracruzano, como el nacional, no está compuesto por una nueva clase política. Su inanidad debilita al Estado, Pues, cuando al no legalizar los predios de miles de colonos de escasos recursos, fortalecen, quiéranlo o no, al neoliberalismo, pues dejan que los solicitantes resuelvan -si pueden- su necesidad en el mercado, en la iniciativa privada. Cuando sabemos que por décadas esto no ha sucedido. Al mercado inmobiliario no le interesa la vivienda de los más necesitados, su objetivo esencial es el dinero; su lógica es rapaz: si lo tienes, entonces tendrás un techo, sino, el problema no es mío. De facto, atentan contra los pobres. La explicación es clara: ellos tienen sus intereses en otro lado.
Por estas razones, las clases sociales trabajadoras deben buscar, primero, mediante su accionar grupal y coordinado, que las instituciones verdaderamente sirvan para lo que fueron creadas, y no como un modus vivendis de los indolentes de siempre. Y luego, conformarse en una fuerza política que les dispute el poder. De no hacerlo, la pobreza nunca acabará, por más que en las mañaneras del morenista mayor se obstinen en demostrar lo contrario.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario