El gobierno de Puebla, con el extinto Miguel Barbosa, ordenó exprimir los bolsillos de los trabajadores mediante la puesta en marcha de la verificación vehicular. Mientras que el Movimiento Antorchista, representante de los sectores más humildes de la sociedad, ha comenzado un firme proceso de lucha contra esa imposición.
La organización no se niega a la verificación, pues tal proceso obliga a mantener los vehículos en buenas condiciones y contribuir, de esa manera, en mantener bajos niveles de contaminación ambiental.
Pero en lo que la población no está de acuerdo es en pagar esa verificación porque significa otro golpe más a la economía familiar, ya ampliamente afectada por los bajos salarios y la inflación. Exigimos que esa verificación no tenga ningún costo, pues ya mucho se gasta con la reparación mecánica. Solamente hablando de los autos pequeños, esa reparación supera los cuatro mil pesos; aparte, los precios de refacciones y llantas están por las nubes. Los costos son mucho más altos tratándose de taxis, camiones y camionetas de carga, grúas, microbuses. ¿De dónde piensa el gobierno que se va a sacar el dinero para cubrir tantos gastos? Parece que no les interesan las dificultades de la clase trabajadora.
Por eso los ciudadanos, sea a través del Movimiento Antorchista, tienen derecho de acudir al apoyo de los diputados que representan al Poder Legislativo local. Ellos deben escuchar a sus votantes y legislar a favor del pueblo. Este es un momento crucial en el que deben mostrar que son auténticos representantes populares.
El artículo cuatro de la Constitución, en su párrafo V, dice que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
Según el gobierno, la responsable del daño ambiental es la clase trabajadora por sus vehículos contaminantes. Como consecuencia, para “garantizar el respeto al medio ambiente sano”, todos deben someterse a los procesos de verificación. No someterse implicará caer en delito administrativo, por lo que el vehículo será detenido y trasladado al corralón. Todo esto implica una verdadera tragedia para cientos de miles de poblanos, dueños de algún vehículo. Pero no estamos de acuerdo ni en esa acusación ni en esa solución.
El 21 de septiembre de 2022, en el periódico El Sol de Puebla se reportaron los siguientes datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): “… las empresas con mayor responsabilidad sobre la contaminación atmosférica en la ciudad de Puebla fueron las metalúrgicas, automotrices, químicas, así como las de la industria de la construcción y la producción de pinturas… la empresa Stanley Black and Decker… Fue la entidad privada más contaminante del municipio de Puebla (304 millones de kilogramos de dióxido de carbono)… la sociedad comercial Metaloides S. A. de C. V. (36 millones de kilogramos del mismo contaminante),… A ellos se suma Deacero, con un millón de kilogramos de dióxido de carbono…”.
Además (según la misma noticia de El Sol de México) hay una larga lista de empresas, como Nicro Bolta S. A. de C. V., Schaeffler, Gestamp, Federal Mogul, Lunkomex, Capsugel de México, Basf Mexicana, Laboratorios Químicos Son´s, Galvanoplastia, Pinturas de Puebla, Sypromex, Euroquimia, Bimbo, Cal de Alta Pureza y Pelikan. Todas estas empresas generan la mayor parte de la contaminación del medio ambiente en Puebla.
Por tanto, a alguien debe trasladarse los costos del combate a la contaminación, debe ser a los grandes empresarios, dueños de las empresas mencionadas. Se justifica porque ellas son las verdaderas contaminadoras del suelo, del agua y del aire; además, por la capacidad económica de sus dueños no se afecta su nivel de vida.
Los diputados, si no han olvidado que son representantes de obreros, empleados, choferes, pequeños comerciantes, pequeños empresarios, campesinos pobres, deben estar a favor de ellos, oponiéndose a la injusticia de tener que pagar este nuevo impuesto.
Deben modificar la ley, obligando al gobierno a verificar gratuitamente los vehículos de estos ciudadanos. De no ayudar, de no ponerse a favor de los trabajadores, serán vistos como simples políticos oportunistas y demagogos; más de lo mismo. Pero más temprano que tarde, el pueblo se los cobrará en las urnas.
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