Como es del conocimiento de la ciudadanía medianamente informada, el antorchismo hidalguense, viene sosteniendo una lucha que dura ya toda la administración del actual mandatario priista licenciado Omar Fayad Meneses, para que cumpliendo con lo que mandata la Constitución General de la República, se atiendan y resuelvan demandas de obras y servicios, muchas de las cuales fueron compromiso de su administración, son además derecho constitucional de los demandantes y obligación legal de éste y todos los gobiernos. No sobra destacar que las demandas son todas de carácter prioritario, pues se trata de obras de agua potable, drenaje, apertura y pavimentación de caminos, construcción de escuelas, centros de salud, apoyos para mejorar la vivienda, pago de salarios a profesores, apoyo con semilla y fertilizante a pequeños productores del campo y la implementación de un programa alimentario con maíz y despensas, pues los estragos de la pandemia y la sequía que azota a algunas regiones del estado, impiden que cientos de familias tengan lo mínimo indispensable para darle de comer a sus hijos.
A pesar de la pandemia que dura ya más de un año y teniendo en cuenta las medidas sanitarias, los antorchistas del estado no han cesado en su lucha realizando cadenas humanas, difusión de volantes, pinta de bardas, campaña en redes sociales e incluso un plantón por varias semanas que entre otras demandaba (y lo sigue haciendo) el pago de salarios a cerca de un centenar de profesores a quienes sin ninguna justificación se les adeuda su salario por más de 15 meses. Más recientemente, cada semana se vienen realizando protestas en las cabeceras de distrito, incluida la de Huejutla, y desde luego en Plaza Juárez y las dependencias del gobierno estatal en Pachuca; apenas el pasado jueves seis de mayo, una marcha de cerca de 800 antorchistas marcharon por las calles de la capital y arribaron a las afueras de palacio, que con el pretexto de la pandemia, mantiene cerradas sus puertas y fuertemente vigilado por elementos de la policía. La pandemia les ha servido para ocultarse de sus gobernados y no escuchar sus justos reclamos.
Como respuesta a la perseverancia del antorchismo en su lucha justa y legítima, en un claro intento de intimidación y venganza política; curiosamente, el día 12 de mayo del presente, un grupo de delincuentes invadió el predio de campesinos indígenas que, desde hace ya varios meses, lo tenían en posesión legal y pacífica, mientras se encontraban realizando faena para completar el desmonte y trazo de los lotes y con ello poder conformar una nueva colonia. Importa señalar que el terreno fue gestionado y logrado por el grupo de Antorcha del municipio de Huejutla y el Comité Estatal del Movimiento Antorchista Hidalguense, para hacer realidad el derecho a la vivienda consagrado en el artículo cuarto constitucional que tenemos todos los mexicanos; para que alrededor de 500 familias de esa empobrecida región del estado pudieran contar con un patrimonio propio para sus hijos. Consta en documentos que dicho predio, está destinado para vivienda y es propiedad de Antorcha Campesina Hidalgo. Así responde el gobierno de uno de los estados más pobres del país a sus gobernados en tiempos de campaña electoral.
En un claro acto violatorio de la ley (tal como ocurre con los profesores adheridos a Antorcha Magisterial), y como ha ocurrido en diversas ocasiones con la actual y otras administraciones estatales; echando mano de delincuentes y facinerosos o gentes que dicen pertenecer a alguna organización campesina, como la UNTA; arremete contra los campesinos organizados, pretendiendo, en primer lugar, provocar un “enfrentamiento”, donde resulten como responsables los lideres antorchistas y de ese modo justificar la represión y encarcelamiento de los mismos, objetivo que ha perseguido una y otra vez, sin lograrlo, pues los antorchistas, como consta a muchos, libran siempre su lucha y gestión apegados a la ley y al estado de derecho que rige a todos los mexicanos. No hay duda que al gobierno de Hidalgo le incomoda, y mucho, que los hidalguenses organizados y conscientes reclamemos atención y solución a nuestras necesidades, le molesta y enoja que los hidalguenses pobres, alcemos la voz y exijamos respeto a nuestros derechos.
Llama también la atención que esta acción del gobierno estatal se dé, justo a partir del incremento en la denuncia y exigencia para que resuelva las demandas legítimas de obras y servicios de miles de familias de la ciudad y el campo. Los antorchistas consideramos que el principal instigador del despojo a los campesinos de Huejutla (delito que debe pagarse con cárcel) son las propias autoridades del gobierno estatal, principalmente el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar; por lo que demandamos un alto a las agresiones, que el predio sea devuelto de inmediato a sus legítimos propietarios y se atiendan las demandas de miles de familias antorchistas que por más de cuatro años la actual administración, se ha negado a resolver; sobra decir que interpondremos, como es nuestro derecho, una denuncia penal en contra de los instigadores del despojo.
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