Ahora que el Congreso de la Unión realizó los trabajos relativos a la aprobación de la Ley de Ingresos 2017, se propone reducir el presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en un 51.2%; es decir, que de 11 mil 900 millones de pesos que tenía asignados la dependencia este año se pretende autorizarle, para 2017, solamente 5 mil 806 millones de pesos.
En teoría, uno de los objetivos estratégicos de CDI es garantizar el acceso de la población indígena a la alimentación, la salud, la educación, la infraestructura básica y la vivienda, población que representa el 21% del total (25.5 millones de habitantes según el Inegi), entonces, y para ser justos, debería asignársele a CDI el 20% del presupuesto destinado a gasto social.
Las "Estadísticas a propósito del día internacional de los pueblos indígenas" señalan que 7 de cada 10 hablantes de lengua indígena se encuentran en condición de pobreza y, por lo tanto, tienen dificultades para acceder a la salud; el 15.1% no está afiliado a ningún tipo de seguro y quienes sí lo están, en su mayoría, son del Seguro Popular, servicio médico insuficiente que no atiende todo tipo de enfermedades. En educación es más grande el problema, pues el 23% es analfabeta y la escolaridad acumulada es de 5.7 años, es decir apenas el nivel de primaria. Este es solo un pequeño vistazo de la situación en que vive la población indígena del país.
No se puede soslayar que son muchos los mexicanos en esta condición, y que todas las mediciones indican que las comunidades indígenas y su población se encuentran en condiciones de marginación y de pobreza, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que todos somos iguales y que el Estado debe dar las condiciones para que su población se desarrolle con los servicios adecuados, no obstante, la realidad es otra.
¿Cuáles son las razones que aduce el gobierno para reducir el presupuesto de CDI en más del 50%? Que no hay dinero por la crisis económica que atraviesa el país. Sin embargo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), institución encargada de recabar los impuestos para proveer al gobierno el dinero para los gastos del Estado, se permitió condonar 15 mil millones de pesos a 15 empresas, de acuerdo al Informe Privilegios Fiscales de la organización Fundar. Entre las empresas beneficiadas están: Corporación Geo; Simec International; Industrias CH; GEO; GEO Jalisco, GEO Noreste; Volskwagen; Arnecom. El mismo titular del SAT, Aristóteles Núñez, aseguró que la condonación de 3 mil millones de pesos de impuestos a Televisa fue legal.
Se condonó o se exentó del pago de impuestos por 15 mil millones de pesos a tan sólo 15 empresarios, se benefició pues a 15 magnates. Y ahora resulta que el gobierno no tiene dinero para los 25 millones de indígenas que viven en la miseria. No hay lugar para la duda: el gobierno actual representa a la clase del dinero y está para proteger los intereses de esta clase y los pobres que se acojan a la protección y amparo de Dios Padre, porque en este mundo terrenal no hay dinero para los pobres.
XL Semanal inquirió al Premio Nobel de Economía 2015, el escosés Angus Deaton, ¿quién saldrá ganando de esta crisis? La respuesta contundente fue: "Las crisis están creadas para beneficiar a los ricos".
El destino no puede ser fatal para la clase trabajadora y las cosas pueden cambiar. Antorcha propone para acabar con esta injusta distribución de la riqueza, una política fiscal progresiva: es decir, que paguen más impuestos los que tienen más ganancias y, de esa forma, el gobierno dispondría de los recursos necesarios y suficientes para cubrir el gasto social destinado a obras y servicios para el pueblo.
Cabe preguntar, ¿esta política fiscal progresiva la va a aplicar el gobierno actual? Es claro que no. Sólo un gobierno que represente con honradez los intereses de las mayorías empobrecidas, podrá instrumentarlas bajo un sistema económico más justo y equitativo que beneficie a todos los pobres que en México somos 100 millones.
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