Toluca, Estado de México. El acceso a médicos especialistas y medicamentos para tratar enfermedades que afectan el sistema nervioso continúa siendo un reto enorme para miles de familias mexicanas, especialmente aquellas con recursos limitados. La carencia de neurólogos en la red pública, los largos tiempos de espera para citas y el alto costo de estudios y fármacos han colocado a estos pacientes en una encrucijada de incertidumbre y desprotección social.
Según datos del Consejo Mexicano de Neurología, en el país hay poco más de 1 800 neurólogos, lo que representa un promedio de un especialista por cada 72 000 habitantes, una proporción insuficiente para la demanda real de atención neurológica.
Una madre soltera, habitante de Toluca, relata la angustia diaria de cuidar a su hija de 22 años, quien padece una condición neurológica desde la infancia. Con el paso de los años, las convulsiones se agravaron y se sumaron otros padecimientos como depresión, ansiedad y dificultades de socialización, que han colocado a la joven en una situación emocional crítica.
“Nunca nos dieron atención oportuna en ninguna institución pública. Las citas con especialistas tardan meses, y cuando finalmente conseguimos un neurólogo gracias al apoyo de una iglesia, los estudios que necesita son tan caros -y ni qué decir del medicamento especializado- que simplemente no podemos pagarlos”, dijo la madre.
En algunos casos, medicamentos para afecciones como esta pueden costar más de 8 000 mil pesos, cantidad imposible de cubrir con ingresos mínimos.
Para millones de mexicanos, esta realidad es la regla y no la excepción. El sistema de salud pública, saturado e insuficiente, obliga a los pacientes a recurrir al sector privado, donde los costos se han disparado. Datos oficiales indican que una consulta con un especialista en el sistema privado puede superar los 1.000 pesos, sin considerar estudios ni tratamientos farmacológicos adicionales.
Además, un diagnóstico complejo puede implicar gastos que superan ampliamente los ingresos mensuales de una familia promedio.
El problema se acentúa al considerar que México es uno de los países de la OCDE donde los ciudadanos pagan más de su bolsillo por atención médica, destinando alrededor del 41% del gasto total en salud directamente de sus ingresos personales.
La falta de inversión específica en salud neurológica y mental también agrava la situación. Expertos han señalado que México destina un porcentaje mínimo del presupuesto de salud a la atención de trastornos mentales, muy por debajo de recomendaciones internacionales, lo que limita la infraestructura y el número de especialistas disponibles.
“Mi hija necesita estudios especializados, terapias y medicación constante, pero no tengo dinero para nada. Ya no sé qué hacer, ni a quién acudir”, comentó con voz entrecortada la madre.
Este caso es representativo de cientos -quizá miles- de familias en todo el país que enfrentan padecimientos neurológicos sin acceso oportuno a atención adecuada, obligadas a elegir entre endeudarse o renunciar a tratamientos que podrían mejorar drásticamente la calidad de vida de sus seres queridos.
Organizaciones civiles y familiares de pacientes han exigido una atención más equitativa por parte de los gobiernos federal y estatales, así como una asignación de recursos que garantice el acceso no solo a consultas especializadas, sino también a medicamentos esenciales y estudios clínicos que, en muchos casos, resultan prohibitivos para quienes no cuentan con seguridad social o ingresos elevados.
Mientras tanto, la falta de especialistas, la carencia de recursos y los elevados costos mantienen a muchas familias en una lucha constante por la salud y la dignidad. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿hasta cuándo el acceso a la salud será un privilegio y no un derecho pleno para todos los mexicanos?.
Cabe mencionar que en México muchos pacientes que requieren medicación han optado por adquirir fármacos genéricos para tratar sus padecimientos. No obstante, en la mayoría de los casos estos no se encuentran disponibles, por lo que terminan suspendiendo su tratamiento. Los medicamentos de marca resultan demasiado costosos en farmacias convencionales, obligándolos a elegir entre comprar un fármaco que supera los mil pesos o destinar ese dinero a la compra de alimentos.
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