El reciente triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones del 2 de junio marca la continuidad del proyecto político de Morena, iniciado en 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Sin embargo, este aparente “cambio” no ha logrado materializar las transformaciones profundas que México requiere urgentemente.
Tras seis años del inicio de la “Cuarta Transformación”, el panorama nacional dista mucho de ser alentador. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza en México aumentó de 51.9 millones de personas en 2018 a 55.7 millones en 2020, representando un incremento del 7.3 %. Este retroceso en materia social es un indicador alarmante de la ineficacia de las políticas implementadas por la administración actual.
La entrega de dinero, aunque puede comprar lealtades políticas a corto plazo, no se traduce en una mejora sustancial en la calidad de vida de los mexicanos.
La inseguridad, otro flagelo que azota al país, no ha mostrado mejoras significativas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron 30 mil 968 homicidios dolosos, una cifra que, si bien representa una ligera disminución respecto a años anteriores, sigue siendo inaceptablemente alta y refleja la persistencia de la violencia en el tejido social mexicano.
La promesa de Morena de erradicar la corrupción y renovar la clase política ha quedado en entredicho. Es innegable que muchos de los cuadros que hoy ocupan posiciones de poder dentro del partido gobernante provienen de las filas de aquellos a quienes tanto critican: PRI, PAN y PRD. Esta migración política pone de manifiesto que, más allá de la retórica, las estructuras y prácticas del poder permanecen inalteradas.
La victoria de Sheinbaum no augura un cambio de rumbo. La continuidad de las políticas actuales, caracterizadas por un centralismo exacerbado y una visión cortoplacista del desarrollo, difícilmente resolverá los problemas estructurales que aquejan a la nación. Es imperativo que el próximo gobierno reconozca la complejidad de los desafíos que enfrenta México y formule estrategias basadas en evidencia, que trasciendan el ciclo electoral y sienten las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo.
El Gobierno actual ha apostado por una política de transferencias monetarias directas como eje central de su estrategia de desarrollo social. Programas como “Jóvenes Construyendo el Futuro” o la pensión universal para adultos mayores, si bien proporcionan un alivio temporal, no abordan las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.
La entrega de dinero, aunque puede comprar lealtades políticas a corto plazo, no se traduce en una mejora sustancial en la calidad de vida de los mexicanos.
Para lograr un cambio verdadero, México necesita una estrategia integral que vaya más allá del asistencialismo. La inversión en infraestructura, educación de calidad, salud y fomento al empleo formal son pilares fundamentales para construir un futuro próspero.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2023 el 55.1 % de la población económicamente activa se encontraba en la informalidad, un dato que subraya la urgencia de políticas que incentiven la creación de empleos dignos y bien remunerados.
A pesar de las promesas de transformación, México se encuentra en una encrucijada. La mera alternancia en el poder, sin un cambio profundo en las prácticas políticas y sin una visión de Estado a largo plazo, no será suficiente para sacar al país del marasmo en el que se encuentra.
Es tiempo de que la sociedad mexicana exija más que promesas y dádivas; es momento de demandar un proyecto de nación que verdaderamente ponga a México en la senda del progreso y la justicia social.
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