Para muchos mexicanos ya no es un lujo viajar en automóvil, se ha convertido en una necesidad porque es el medio para trasladarse a sus centros de trabajo, las distancias son muy largas que es imposible viajar a través del transporte público.
Las vías más rápidas y seguras son las carreteras que se han construido a lo largo del tiempo con recursos federales o de las empresas privadas, e incluso a través de convenios invirtiendo recursos entre ambas instituciones (la pública y la privada). Esta infraestructura carretera no fue planeada para brindar un servicio rápido y eficiente a los usuarios para el traslado ya sea de las mercancías o de los viajeros, sino más bien, planeado como verdaderos y jugosos negocios, porque para transitar por ellas se debe pagar un impuesto cada determinado kilometraje.
En los convenios firmados por el gobierno y la iniciativa privada se otorgan las concesiones por una determinada cantidad de años, el pago de los usuarios en las casetas lo reciben las empresas según para recuperar su inversión y luego regresan la concesión al gobierno para que éste sea el encargado del cobro.
Según Infobae, la Red de Autopistas de Cuota Federal está integrada por 75 concesiones, las cuales abarcan un total de 184 tramos, incluyendo los que se encuentran concesionados al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), a Carreteras y Puentes Federales (Capufe), a Banobras, gobiernos estatales y a empresas privadas.
Este año la inflación ha golpeado fuertemente la economía de los mexicanos, ya no sólo a los sectores más vulnerables, sino a la inmensa mayoría de la población con los continuos incrementos de precios en las mercancías, no solo la canasta básica, sino todo tipo de mercancías, ya no se diga de los servicios públicos (agua, luz, predio, colegiaturas), en el caso de los automovilistas, pago de tenencia, verificaciones, seguro y reemplacamientos; en este último, el caso más reciente en el estado de Querétaro.
El pasado 7 de febrero se dio a conocer en las noticias televisivas y en los diferentes medios de comunicación, que se ajustarán las tarifas en las autopistas de cuota federal en un 7.82%, estos ajustes se realizaron con base en la inflación de 2022.
“La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), informó que después de un año sin aumentos en los costos de las tarifas en la Red de Autopistas de Cuota Federal, comenzará a aplicarse a partir del martes 7 de febrero y otras a partir del 1 de marzo. Las casetas que ya iniciaron con dichos ajustes son: México Toluca, Circuito Bicentenario, Toluca-Atlacomulco, Culiacán-Mazatlán, Guadalajara-Tepic. Las que reportan mayores incrementos fueron: Lerma-La Marquesa que pasó de 63 a 68 pesos; Contadero-Toluca; La Venta-México y México-Contadero, el precio incrementó de 49 a 52 pesos. Chamapa-Lechería, en todos sus tramos como: Lomas Verdes, Interlomas, Lago de Guadalupe, Lechería Madín, San Mateo Nopala y Valle Verde”. (Datos de Infobae, Paola Monserrat, 7 de febrero de 2023).
Por ejemplo, si viajas de la Ciudad de México a Acapulco, con el incremento del 7.82%, en vez de pagar 746 pesos, ahora pagarás 804.3 pesos; si viajas a Querétaro, en vez de pagar 304 pesos, ahora pagarás 328 pesos; la carretera México-Toluca pasó de 97 a 105 pesos. El incremento también depende de acuerdo con la empresa que posee la concesión, hay quienes abusan, como en el caso de la autopista Culiacán Mazatlán, que es administrada por la empresa impulsora de Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), el incremento es del 40%.
Quien viaje desde la capital del estado de Sinaloa a la ciudad de Mazatlán, en vez de pagar 283 pesos tendrá que erogar 440 pesos. (El Economista, por Yuridia Torres, 8 de febrero de 2023).
Como podemos observar, desde que inició el año, las cosas se ponen peor, nos llueve sobre mojado, la vida cada día se encarece más y el actual gobierno de la 4T, que prometió que las cosas iban a cambiar, que sus prioridades eran mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos, ¿dónde quedaron sus promesas?
Andrés Manuel López Obrador dijo que no iba a subir la gasolina, ni el gas, ni la electricidad y nada se ha cumplido; no podemos permitir que nos siga engañando, ya son cuatro años en los que se debería reflejar bienestar en las familias mexicanas y no se ven por ningún lado. No podemos conformarnos solamente con sus famosos programas asistencialistas, monetarios, de entrega directa a las personas de la tercera edad, a los discapacitados y a los jóvenes que no estudian ni trabajan, esa no es la solución a los graves problemas que padece nuestro país.
En su primer año de gobierno, López Obrador tuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado, pudo haber modificado las leyes a favor de las clases menos favorecidas, promoviendo una política fiscal progresiva, que paguen más impuestos los que ganan más, como el sector empresarial; y bajar los impuestos a los que menos ganan, como los trabajadores y los obreros; incrementar los salarios que verdaderamente alcance para comprar la canasta básica sin que se vea afectada por la inflación; disminuir el IVA; y, en el caso de las carreteras federales, eliminar las concesiones a las empresas privadas, dejar de cobrar un impuesto por utilizar las carreteras federales que deberían ser un derecho a transitar por ellas y no una obligación de pago.
¿Se puede hacer todo esto? Yo opino que sí se puede, pero para que eso suceda, el que dirige los destinos de un país debe tener muy claro sus objetivos, saber para quién gobierna y materializar todos sus esfuerzos para que se vean reflejados en la realidad, en hechos concretos, en una vida digna de la sociedad mexicana, más justa y equitativa, eso todavía está muy lejos de alcanzar, hasta que nos decidamos a formar una verdadera vanguardia formada por hombres y mujeres conscientes, preparados y dispuestos a sacar adelante a México, como se dice vulgarmente a entrarle al toro por los cuernos.
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