El Congreso de la Unión aprobó las reformas a la Ley de amparo que envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y que representan un “impulso a la tiranía del Estado”, porque “en el juicio de amparo, el demandado es la autoridad. Y, por tanto, si a la autoridad se le permiten más cosas mediante las modificaciones del amparo, el juicio de amparo va sirviendo menos para lo que fue creado”.
El amparo nos cobija cuando un agente municipal, ministerio público, policía, funcionario de una Secretaría de Estado u otra autoridad —porque el amparo es muy amplio— actúa de forma arbitraria, autoritaria o inconstitucional.
Es decir, va sirviendo menos para lo que lo concibieron don Manuel Crescencio García Rejón y don Mariano Otero, “para impedir que las tiranías se cebaran sobre la población”, afirmó para la revista buzos el maestro en Ciencias Jurídico Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Everardo Lara Covarrubias.
El juicio de amparo fue creado en 1841 por Manuel Crescencio García Rejón; es decir, es una herramienta jurídica que se diseñó en nuestro país para defender a la población civil en contra del abuso de poder de las autoridades (por eso, los especialistas afirman que es un instrumento contra la tiranía) y, dado que implica una forma de defensa del ciudadano, es la más importante de las aportaciones de México a los sistemas jurídicos del mundo.
Se incluyó en la Constitución yucateca de 1841. En 1847 se federalizó y don Mariano Otero logró que se incluyera en la Constitución mexicana de 1857. A lo largo de su historia, ha sufrido cambios.
Debemos recordar que la ley es parte de la superestructura social, es decir, está creada para obligar al hombre a cumplir las reglas que nos dicta el sistema económico. Nosotros, como se sabe, vivimos bajo el modo de producción capitalista y, por lo tanto, bajo un sistema económico que tiene como base la explotación del hombre por el hombre, para la generación de plusvalía, ganancia y riqueza, que beneficia a un pequeño sector de la sociedad: el empresariado.
Bajo esta estructura económica en la que una clase social explota a otra clase, las leyes están hechas para obligar a la clase explotada a cumplir las órdenes de los dueños de las empresas, de los patrones y de la gente con poder económico.
En el mismo sentido, todos los gobiernos sirven a los intereses de la clase explotadora y, para hacer cumplir la ley, tienen para sí el derecho de usar la fuerza pública. Por eso vemos que, aunque la protesta pública es un derecho fundamental cuando los trabajadores quieren reclamar mejoras en sus centros laborales, el gobierno las reprime usando para ello otro derecho.
Por eso vemos que, aunque la jornada laboral debería durar sólo ocho horas diarias, en la mayoría de los trabajos ese derecho es letra muerta dados los miserables salarios y, según la OCDE, los hombres mexicanos trabajan diez horas en promedio al día y las mujeres doce horas diarias.
No hay gente más trabajadora en el mundo como la mujer mexicana. Esa forma de hacer valer el ejercicio de la ley no acabará mientras vivamos en un sistema social que explote a una clase social, pero hay leyes que pueden defender un poco al ciudadano ante los abusos del poder, siempre tomando en cuenta que la ley más firme es la ley de la explotación del hombre por el hombre. Una de esas leyes es la Ley de amparo.
Se trata de una ley odiada por quienes desean ejercer un poder absoluto. Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra ella porque los mexicanos del sureste se oponían a la construcción del Tren Maya e interpusieron varios juicios de amparo para intentar frenar al gobierno. De hecho, con Morena —curioso que sea con el partido que antes de su llegada a la presidencia exigía menos centralismo del ejecutivo— en el poder, esta ley ha sufrido varias modificaciones.
El 14 de junio de 2024, López Obrador pidió cambios a los artículos 129 y 148; se elimina la protección general del amparo y sólo protege al demandante individual. El 13 de marzo de 2025, la recién llegada presidenta Claudia Sheinbaum mandó una segunda modificación y eliminó referencias a la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al “Consejo de la Judicatura Federal”, convertido en “Tribunal de Disciplina Judicial”, para hacerla compatible con los criticados cambios en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.
El 15 de septiembre de 2025, ¡una vez más, porque aún no les eran suficientes los cambios previos para reducirle poder a la Ley de amparo!, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una tercera reforma, misma que —como los diputados y senadores de Morena y sus aliados (y algunos no aliados) son sus trabajadores de una u otra forma— se aprueba.
Tomo algunos fragmentos de entrevista que hizo la revista buzos con el maestro en Ciencias Jurídico Penales Everardo Lara, porque explica lo que implica la reforma. “El amparo nos cobija cuando un agente municipal, ministerio público, policía, funcionario de una secretaría de Estado u otra autoridad —porque el amparo es muy amplio— actúa de forma arbitraria, autoritaria o inconstitucional. No conviene debilitar al juicio de amparo, antes bien se debe fortalecer”.
Esta ley “es la última instancia, el último recurso jurídico para combatir las acciones arbitrarias de las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo e incluso de otros jueces. ¿Quién lo resuelve? El Poder Judicial de la Federación. Entonces no se puede menospreciar, porque es parte de las defensas más importantes con las que contamos los mexicanos”.
Dice más adelante que “tanto la elección de jueces por voto popular, como esta reforma, fueron pensadas e implementadas para que el Ejecutivo tuviera mayor control sobre el Poder Judicial”. Es decir, “hay todo un proyecto, no es un acto aislado. La Cuarta Transformación quiere centralizar el poder y hacerse de todos los hilos para que su dominación sea más firme”.
“Se dice que van a empoderar al gobernado; yo veo que empoderan al gobierno. El amparo surgió y se desarrolló como una defensa del gobernado frente a sus gobernantes, pero aquí las medidas esenciales, los puntos más importantes de la reforma que seguramente aprobarán van por el lado opuesto. La cláusula de retroactividad se va a caer, pero los puntos esenciales van a prevalecer. Vamos a tener un juicio de amparo debilitado, que servirá menos para enfrentar las arbitrariedades de los gobernantes”.
Y finaliza con esta declaración: “nuestro pueblo no tiene suficiente conciencia de lo que significa la concentración de poder que se está realizando. Si ahora el funcionario va a sentirse tan libre, ya que el amparo no lo detendrá, se sentirá estimulado para hacer lo que quiera. (…) López Obrador y ahora su sucesora Claudia Sheinbaum le tienen coraje a este instrumento diseñado por excelencia para combatir las arbitrariedades de los gobernantes y seguramente reformarán el amparo. (…) En el corto plazo tal vez parezca que no pasa nada, pero cerrar las válvulas de escape a la inconformidad social, cerrar los caminos para que la gente tenga justicia mientras el gobierno sigue actuando como lo viene haciendo, hará que más temprano que tarde las cosas estallen en el país”.
Morena permitió modificar la Ley de amparo… pero es una mala modificación, porque el amparo es un medio de defensa que beneficia principalmente a la gente con dinero, porque ellos son los que pueden acceder a los abogados que sí conocen la ley de amparo.
Si esa ley hubiera funcionado como medio de defensa para todas las clases sociales, no habría tanta gente pobre inocente en cárceles. Ahora los más “lesionados” por la modificación son los empresarios que tienen pendientes pagos fiscales y que son los que sabían cómo ampararse, dejando al Estado sin percibir ese dinero.
Urgen, pues, reformas que beneficien a la clase trabajadora. Mientras el sistema capitalista domine la forma de producción, la clase trabajadora —unida— puede impulsar algunas reformas que le beneficien, pero esa clase debe saber que, para que las leyes no sean una defensa de quienes los explotan, sino de los explotados, ese sistema de explotación debe cambiar de raíz. Urge que el pueblo entienda, estudie y razone en lo que está pasando en el país. Es necesario un partido de nuevo tipo que organice y politice al pueblo trabajador para llevarlo a que tome el poder e instaure cambios radicales en la forma de producción económica y, por lo tanto, en la forma que tiene actualmente el derecho.
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