Todo gobierno que se precie de preocuparse por el bienestar de sus gobernados, debiera tener como función principal anticiparse a las necesidades planteadas por el desarrollo y crecimiento de la sociedad y adelantarse a las mismas con soluciones integrales, planeadas, que eliminen la parcialidad y la improvisación, y desde luego, ya detectadas, poner manos a la obra en su realización, de tal forma que resuelvan la problemática social que padecen fundamentalmente los sectores más vulnerables que son siempre quienes viven en condiciones deplorables y que carecen de lo indispensable para tener un vida digna.
Pero resulta que a nuestros gobernantes poco les preocupa la suerte de aquellos que con su trabajo crean los distintos satisfactores para toda la sociedad, dejándolos en la orfandad y en el total desamparo, pues son muchos los padecimientos que sufren: hambre, desempleo, insalubridad, falta de educación, vivienda, servicios básicos, por mencionar algunos, sin que el gobernante en turno se preocupe por cumplir cabalmente con la responsabilidad que adquirieron al asumir un cargo público.
Ante esta situación, los ciudadanos se ven en la necesidad de organizarse y acudir a los distintos niveles de gobierno, para solicitar que demandas de primera necesidad sean resueltas, pues prácticamente todas, son derechos estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que son violentados una y otra vez por las autoridades al no preocuparse del cumplimiento de estos. Sin embargo, a pesar de que los derechos de organización y petición quedan expuestos en los artículos 8º y 9º de la Carta Magna, dichas autoridades encuentran en esta acción del pueblo organizado, una actividad ilegítima a la que hay que suprimir resueltamente por la vía de la negativa reiterada de sus demandas de mejoras materiales y en ocasiones de la amenaza franca o encubierta.
En Yucatán, los ciudadanos adheridos al Movimiento Antorchista, hemos acudido puntualmente a varias dependencias del Ejecutivo estatal y a la sede de éste, a solicitar solución a demandas de obras y servicios para distintas comisarías y colonias marginadas de varios municipios de la entidad, sin que en el transcurso de los últimos tres años que tiene la actual administración, se resuelvan.
Por tal motivo, los antorchistas yucatecos, iniciamos una campaña de denuncia y movilización y nos dirigimos por enésima ocasión al licenciado Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado, para que intervenga de manera decidida en la solución de nuestro modesto pliego petitorio de demandas, toda vez que los insumos para los productores del campo y apicultores, son indispensables para que puedan tener los resultados esperados y resuelvan medianamente las necesidades de alimentación de sus familias.
También solicitamos que se incluyan a nuestros compañeros en el programa de mejoramiento de vivienda en sus distintas modalidades que está implementando la Secretaría de Desarrollo Social del Estado; la regularización de seis colonias en los municipios de Mérida y Kanasín, pavimentaciones de calles e introducción de agua potable y energía eléctrica, así como paquetes de materiales para artesanos, entre otras. Como cualquier mente desprejuiciada puede ver, no es ningún lujo, solamente lo indispensable.
Las modestas peticiones de los antorchistas necesitan una pronta respuesta de la máxima autoridad del Estado; la negativa, solamente abonará al ahondamiento de los padecimientos que sufren miles de familias yucatecas que, como millones de mexicanos, sobrellevan la pandemia, muerte y desempleo. El deterioro del tejido social se agudiza y el Sr. Gobernador debe intervenir con soluciones.
De seguir esta política de falta de atención, el pueblo organizado continuará manifestándose y denunciando la falta de voluntad política por parte de los funcionarios y del titular del Poder Ejecutivo Estatal. Nuestras comisiones, mítines y marchas son nuestro derecho, en tanto, sólo haya cerrazón y oídos sordos de quienes tienen la autoridad de resolver y no lo hacen. Las autoridades deben convencerse de que la mejor manera de impedir la inconformidad de sus gobernados, es que los atiendan oportuna y eficazmente en vez de hostigarlos negándoles una y otra vez solución a sus necesidades.
Paradójica al discurso, la realidad se impone cruda y desgarradora. La Covid-19 y los fenómenos naturales arrojaron a la pobreza a 165 mil yucatecos, de acuerdo con los resultados de la medición multidimensional de la pobreza para el año 2020, emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y los pobres en la entidad, que suman ya 950 mil, agregándole que los muertos ocasionados por la pandemia, ya rebasan los cinco mil, así como el desempleo y los bajos salarios. Encontramos un panorama sombrío y una descomposición del tejido social. No olvidemos que es precisamente el pueblo trabajador, el que con sus manos laboriosas y creadoras generan toda la riqueza social de esta patria, y que necesitan ser partícipes en la distribución de ésta.
Las autoridades estatales deben de resolver las demandas de los yucatecos organizados en el Movimiento Antorchista, caso contrario, no nos dejarán más que la movilización popular, porque dígase lo que se diga, nosotros, apegados a ley y a nuestros derechos, seguiremos luchando por las demandas más sentidas del pueblo trabajador, porque son justas y necesarias.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario