Eso de que los mexicanos tenemos derecho a una vivienda digna, no es mero invento o capricho de nosotros los pobres, esto está establecido en un documento que estipula que el Estado es el encargado de proporcionar las herramientas necesarias para que este derecho se cumpla; sin embargo, últimamente en nuestro país, las instituciones creadas para accionar a favor de este derecho constitucional (dígase INFONAVIT, INDIVI, SEDATU, INSUS), dan muestra de su ineficiencia y, sobre todo, desinterés por cumplirle a las familias más vulnerables de México.
Me refiero nada más y nada menos que al artículo 4, párrafo 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” y, refiere, que “la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Por otro lado, la Ley de Vivienda, en su artículo primero establece que ésta “… es reglamentaria del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa”.
En la conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III, se dio a conocer que los elementos con los que debe contar una vivienda para que sea considerada como adecuada son: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; que sea asequible; que disponga de buenas condiciones de habitabilidad y accesibilidad; así como que posea una ubicación que no comprometa la calidad de vida de sus habitantes y que su diseño responda a sus necesidades culturales.
Sabiendo lo anterior, analicemos desde lo fundamental, que es tener una vivienda. En el artículo anterior, señalamos que, según la encuesta nacional de vivienda 2020 (ENVI), se necesitan 8.2 millones de viviendas para satisfacer la demanda del total de las familias mexicanas. Por lo tanto, a falta de esta, el 38.4 por ciento de la población vive en hacinamiento, o sea, que en una casa pueden vivir hasta tres generaciones.
Esta situación va más allá de tener una vivienda, pues para ello, el jefe o jefa de familia necesita de un empleo formal para que cotizar para su crédito en INFONAVIT; tener un salario bien remunerado y seguro para pagar las mensualidades, una vez que logre adquirir el crédito.
Según datos del INFONAVIT, al cierre del segundo bimestre de 2020, existe una demanda potencial de derechohabientes que pueden ejercer su crédito hipotecario, de poco más de 6.4 millones de personas, de los cuales el 44 por ciento tiene un ingreso inferior a 2.6 veces el valor de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) mensual vigente (2,925.09 pesos), lo que pone de manifiesto que se trata de la población que requiere mayores apoyos del gobierno para ejercer su derecho a la vivienda, puesto que, según el informe alternativo conjunto sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de Habitat International Coalition, en México la compra de vivienda nueva sólo es accesible para quienes perciben más de cinco salarios mínimos, ya que, a partir de ese nivel de ingreso se puede acceder a créditos hipotecarios públicos y privados.
El CONEVAL destaca que aproximadamente 73.6 millones de mexicanos se encuentran prácticamente excluidos del mercado formal de vivienda al no percibir ingresos por hogar equivalentes a más de cinco salarios mínimos; ¿Saben por qué? Justamente por lo que les decía anteriormente, es una reacción en cadena que le corresponde analizar y solucionar al gobierno en turno. Si no hay empleo formal y bien remunerado, las posibilidades de contar con un patrimonio familiar son muy pequeñas (la mitad de la población no tiene acceso a hipotecas. 51.4 por ciento no tiene acceso a crédito). Y muy altas las posibilidades tienen hombres y mujeres, al formar una familia, de terminar rentando (16.4 por ciento de la población renta alguna vivienda), o viviendo hacinados en casa de la abuela, la mamá o la suegra.
En el ámbito nacional, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 señala como una prioridad la producción de vivienda social y reconoce que la garantía del derecho a una vivienda adecuada es una tarea de Estado, que implica reconocer que la producción de vivienda no puede estar regida por las reglas del mercado sino, más bien, por la satisfacción de una necesidad humana. El acceso a la vivienda adecuada es un derecho humano, no un bien de consumo o un servicio, por lo que regirá el respeto a este derecho y a la dignidad de las personas.
Respecto al punto anterior, nada más alejado de la realidad. En la actualidad existen más de 6 millones de viviendas deshabitadas, la mayoría de estas, en zonas céntricas y urbanizadas, de las cuales solo podrían ser adquiridas por familias de clase media o alta, debido al la ubicación y alto costo de estas. En el mismo sentido, y por poner un ejemplo, en Baja California, frontera con Estados Unidos (EE. UU.), los lotes se ofertan en dólares y sin certeza jurídica y, ¿adivinen quiénes son los que pueden adquirir dichos lotes? Así es, la mayoría de los adquirientes son extranjeros o personas que trabajan en EE. UU. Entonces, aquí en nuestro país, regido por el capitalismo, la vivienda deja de ser un derecho para convertirse en un servicio, el cual es inaccesible para muchas familias mexicanas.
De manera complementaria, con la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), México se comprometió a promover políticas de vivienda basadas en los principios de inclusión social, eficacia económica y protección ambiental; particularmente, de aquellas que respalden la realización progresiva del derecho a una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, que contribuyan a la eliminación de toda forma de discriminación y violencia e impidan los desalojos forzosos arbitrarios; que se centren en las necesidades de las personas sin hogar, las personas en situaciones vulnerables, los grupos de bajos ingresos y las personas con discapacidad, y que propicien, al mismo tiempo, la participación y colaboración de las comunidades y las personas en la planificación y aplicación de esas políticas, entre otras cosas, apoyando la producción social del hábitat.
De estos compromisos, que el gobierno mexicano ha hecho con las Naciones Unidas, nos queda claro que no son con el pueblo pobre de México, sino con los grandes empresarios, dueños de inmobiliarias, puesto que se sigue dando concesiones de desarrollos inmobiliarios, vuelvo a decir, que solo están al alcance de las clases medias y altas; por tanto, no son incluyentes. Y qué decir de los desalojos forzosos de los cuales el INFONAVIT ha sido cómplice a todas luces; lejos de ofrecer alternativas de compra a familias de escasos recursos, prefiere subastar las viviendas por lotes a bancos y empresas inmobiliarias.
Pareciera que el Estado no es consciente de la responsabilidad que tiene con todos los mexicanos, en especial con los grupos vulnerables. Cada vez nos queda más claro que el lema del actual gobierno de primero los pobres no es mas que de dientes para afuera, puesto que sus acciones demuestran todo lo contrario.
¿Qué debería generar toda esta omisión de acciones para satisfacer esta necesidad de vivienda? Que el pueblo se organice, que las familias que viven hacinadas en la casa de sus familiares exijan el cumplimiento del artículo cuarto constitucional, que se obligue a instituciones como INDIVI, SEDATU, INSUS, INFONAVIT, a cumplir con sus tareas y a actuar a favor de los millones de mexicanos que no han tenido acceso a una vivienda; esto solo para iniciar porque, en lo consecuente, será exigir eso de vivienda digna y decorosa.
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