Un derecho universal, plasmado en la constitución de 1917, específicamente en el artículo 4, que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa; sin embargo, este derecho, que durante más de un siglo sólo se ha quedado en tinta y papel sobre los escritorios de los gobernantes, más de un siglo no ha bastado, no ha sido suficiente para resolver esta grave problemática social que afecta a millones de familias en todo el país.
Basta con recorrer las comunidades en las zonas rurales o la periferia de las grandes ciudades para ver las pocilgas de lámina de cartón, lodo, madera o material reciclado, techos de lámina, espacios reducidos, sucios y sin condiciones mínimas que se les pueda llamar una vivienda digna, donde viven familias hacinadas que trabajan todo el día en los grandes campos pesqueros o agrícolas, tecnificadas fábricas y lujosos centros comerciales o servicios de turismo.
Es decir, estamos padeciendo una gran contradicción, por un lado, los que más trabajan, con sus manos mueven todos los días la producción y servicios, generando la mayoría de la riqueza al país; por otra parte, viven en las peores condiciones.
Esto es un ejemplo claro de que no basta que un modelo económico genere riqueza, sino el de repartirlo porque en nuestro país se produce mucha riqueza, pero no se reparte. Ahí está claro y evidente el problema de vivienda, sumando los que no tienen y que tienen en condiciones precarias.
Sexenios gubernamentales de derecha, centro e izquierda, van y vienen, la realidad de la vivienda cambia sólo para mal, las acciones de vivienda sólo quedan en los discursos, porque más de 14,3 millones de familias viven en viviendas pequeñas y precarias, mientras 9,2 millones no tienen vivienda propia. Debería de ser un motivo para que los afectados emprendieran acciones de gestión, exigencia y protesta, empezando por mejorar o adquirir su vivienda hasta cambiar el modelo económico e instaurar un nuevo gobierno en el poder nacional.
En México hay 33.3 millones de viviendas, de las cuales 5.8 millones son rentadas y representan el 16.44 por ciento; hay 4,662,000 que son prestadas y equivalen al 14.2 por ciento. Estos datos demuestran, aproximadamente, que las familias que necesitan una vivienda propia suman 9.2 millones de viviendas.
En nuestra entidad hay un total de 876,888 viviendas: de las cuales 57,597 mil viviendas, el 6.6 por ciento, presentan carencia en la calidad de los espacios, 20,522 viviendas tienen pisos de tierra, 12,193 viviendas están con techos de materiales endebles, 11,730 viviendas con muros de material endeble y 26,950 viviendas con hacinamiento. Tenemos 508,595 viviendas, representando el 58.3 por ciento del total, que registran una necesidad de construcción o ampliación de espacios a diferentes grados; hay 314,802 casas, el 35.9 por ciento de las viviendas, que cuentan con problemas de grietas o cuarteaduras en techos o muros de su estructura; existen 312,172 casas, el 35.6 por ciento, que tienen problemas estructurales, humedad o filtraciones de agua en cimientos, muros o techos; se tienen 197,299 viviendas, el 22.5 por ciento, con una construcción de hasta 55 metros cuadrados los hogares.
Se tienen en la entidad 87,680 casas que representa el 10 por ciento, cuentan con 5 años o menos de antigüedad. Hay 208,222 familias que renta, viven en la casa de un familiar o casa prestada en la entidad, representando el 23.7 por ciento del total de las viviendas ocupadas.
Todos los programas implementados durante décadas, en sus diferentes modalidades de vivienda, por políticas gubernamentales federales han fracasado, ahí están los resultados a la vista; son varias las razones, mencionaremos algunas de ellas: los programas se han enfocado con un propósito mercantil más no social, han sido insuficientes los recursos asignados para este fin, manejados por manos de funcionarios corruptas, la poca vivienda construida es de mala calidad y de espacios reducidos, en pocas palabras verdaderas pajareras de unicel que a los pocos años de ocuparla se están cayendo a pedazos; la vivienda de interés social es cara y no está al alcance de los sectores sociales marginados, la mayoría de las viviendas de interés social está construida en las grandes ciudades y han abandonado la vivienda en las zonas rurales, no se han dado facilidades para que las familias puedan adquirir su propio terreno y construyan a su gusto y posibilidades, no hay apoyo gubernamental con terreno, dinero o material para construcción para las familias que no tienen acceso a un crédito.
En pocas palabras, no hay proyectos gubernamentales de vivienda que vean de forma integral, en primer lugar, dotar de vivienda a todas las familias que la necesiten a buen precio y de calidad en espacios y materiales, cuidando el desarrollo urbanístico de las grandes ciudades, que permitan a futuro prever problemas de vialidad, espacios recreativos, deportivos, culturales y servicios básicos. La clase encargada de administrar los programas de vivienda en nuestro país nunca ha vivido en una choza sino en palacios, como decía el gran Marx, no se piensa igual en una choza que en un palacio.
Las grandes mayorías que no tienen vivienda o la tienen en mal estado, que son millones en este país, deben hacer conciencia y darse cuenta que las clases gobernantes que han estado en el poder durante décadas en los diferentes periodos de gobierno no han querido resolver de fondo esta problemática social, por lo tanto, no podemos seguir permaneciendo sumisas, sentadas, calladas, indiferentes y cruzadas de manos, es momento de hacer valer nuestro derecho constitucional y asistamos haciendo uso de nuestra fuerza colectiva a las oficinas de las delegaciones estatales de CONAVI, a los consejos estatales de vivienda de cada uno de nuestros entidades y a las inmobiliarias municipales en los ayuntamientos, para exigir recursos que se destinen a la vivienda popular, vivir en una vivienda decorosa es un derecho y es momento de empezar a exigirlo. Manos a la obra.
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