El 12 de enero de los corrientes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la multa de más de cuatro millones de pesos a Morena por financiación irregular. Ya que el partido retuvo durante tres años el 10% del sueldo a trabajadores públicos del ayuntamiento de Texcoco cuando la actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, era presidenta municipal. De esta forma el TEPJF ratificó la multa que el Instituto Nacional Electoral (INE) había impuesto a Morena por “haber omitido el reporte de ingresos en los años 2014 y 2015, a partir de la utilización de un esquema de financiamiento paralelo para apoyar sus actividades ordinarias, mediante la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores del municipio de Texcoco y del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de ese municipio”.
La Sala Superior del TEPJF sancionó a Morena porque demostró que las personas que dispusieron de la mayoría de los recursos retenidos a los trabajadores eran militantes de Morena y que las transferencias realizadas por los mismos no acreditaron para que tipo de actos o servicios fueron transferidos esos recursos. Además, las declaraciones hechas por los mismos dirigentes que están directamente vinculados con el Grupo de Acción Política de Morena. Sobre todo, que la actual Secretaria de Educación haya aceptado que los recursos retenidos a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco serían para apoyar a su partido político.
Ante la determinación del TEPJF resulta curioso que sólo se sancione a Morena por el delito que cometió en materia de fiscalización, pero no procedió la sanción de la que es acreedora la autora intelectual de dicho delito. Ya que no se le sanciona a la funcionaria del rango más alto en el gabinete del presidente de la República. Tampoco, se ha manifestado la Secretaría de la Función Pública para inhabilitar a la funcionaria que cometió un delito configurado como cohecho, ya que solicitó dinero directamente y por terceros a los empleados del ayuntamiento para mantener su empleo.
Esto sucedió cuando la maestra Delfina Gómez era presidenta municipal de Texcoco, en cambio, ahora que es Secretaria de Educación Pública, ¿habrá cambiado la forma de hacer política en un cargo de mayor responsabilidad y con mayor presupuesto?
La realidad no sólo dice que las cosas siguen igual, todo lo contrario, se complicaron. Un ejemplo claro se tiene en la centralización de las plazas que se llevó a cabo en todos los niveles educativos, de tal manera, que muchas escuelas actualmente no cuentan con maestros o personal de apoyo para desarrollar las actividades esenciales en materia educativa; este acto de centralización va en detrimento de la educación, pero de los recursos nadie sabe a donde quedaron y tampoco dan alternativa para su recuperación. La respuesta de los funcionarios es la muletilla distintiva de la actual administración: “estamos aplicando la austeridad republicana porque había mucha corrupción”.
Semejante respuesta nos lleva a la conclusión de que había plazas, apoyos para escuelas de tiempo completo y carrera magisterial cuando había corrupción; ahora, que ya no hay corrupción, tampoco hay plazas ni apoyos para infraestructura de las escuelas, será que al desaparecer la corrupción también desaparecieron el dinero o ¿qué pasó?, ¿dónde están los dineros de los mexicanos?, ¿también, le aplicaron el 10% a la Secretaría?
Lo que se vislumbra en esta administración es que los maestros están sufriendo represión administrativa y quienes pagan finalmente este tipo de actos irresponsables son los alumnos.
Un ejemplo claro de la corrupción e ineptitud en la Secretaría es el manejo desaseado de las plazas donde han renunciando diferentes directores generales, esto se debe a la presión de los maestros o directores ante la falta de pagos desde 2018 a docentes de nuevo ingreso en todos los niveles educativos, el pago de compensaciones a directivos y supervisores que participaron en la promoción vertical; asimismo, han transferido plazas de un subsistema a otro, afectando el techo financiero de las escuelas. Si agregamos los datos escalofriantes del Tercer Informe de labores de las SEP donde indica que en el ciclo escolar septiembre 2020-agosto 2021 desertaron 900 mil estudiantes y 9,172 maestros abandonaron las aulas, el problema es mucho mayor.
Pero las cosas no quedan sólo en la represión administrativa, también hay represión descarada y directa cuando los maestros se ponen a exigir lo que por derecho les corresponde, como sucedió en la ciudad de Puebla el 18 de enero del presente año en una marcha realizada por mil 500 maestros antorchistas, padres de familia y jóvenes de la FNERRR para exigir a la Secretaría de Educación Pública de Puebla solución a todos los problemas, en la que destaca la contratación de 150 maestros, construcción de aulas, baños y laboratorios; sin embargo, la respuesta del secretario de Educación y del gobierno poblano fue esperarlos con granaderos y emitir a la población un comunicado oficial diciendo que Antorcha Magisterial “quiere imponer a maestros”. Lo que no dice el comunicado es que el gobierno poblano comenzó a reprimir a los dirigentes de Antorcha Magisterial con amenazas de despidos si persisten en su lucha.
Otro caso de represión se dió en el Cobaev 62 de Puerto de Veracruz donde se despidió a dos maestras que llevaban laborando nueve años y medio. Al director administrativo del Cobaev Lic. Alejandro de la Cruz Garnica Fernández se le hizo muy sencillo levantar el teléfono e informar al director del plantel que las maestras estaban despedidas sin razón ni justificación, a pesar de que las agraviadas cuentan con los documentos que justifican plenamente su trabajo. Ante dicha acción se manifestó una comisión de maestros adheridos a Antorcha Magisterial para exigir la reincorporación de la maestras ya que se está afectando a la comunidad estudiantil y se están violando los derechos humanos y laborales de las trabajadoras.
Es sencillo darse cuenta de la represión que viven los docentes en diversos puntos del país como lo demuestran los casos de Puebla y Veracruz, seguramente, estos ejemplos están sucediendo en todos los estados de manera abierta o encubierta, pero al final es represión contra el magisterio y contra la educación. En cambio, en el caso de Delfina Gómez que se le ha comprobado el delito ante organismos especializados no hay acción, no hay cuestionamiento de parte del Ejecutivo. ¿Por qué callan? ¿Por qué a los maestros se les despide y reprime con la policía?
No cabe duda que la corrupción y la impunidad brotan como pus en la mal llamada Cuarta Transformación. Está claro que la llegada de Morena al poder sólo vino a complicar lo que ya estaba mal y que la solución está en educar y organizar al pueblo trabajador para desplazar a la clase política actual que reprime al pueblo trabajador. Es el momento para que todos los maestros de den cuenta que la solución no está en Morena, que es necesario organizarse y luchar por mejores condiciones de vida a las que tienen derecho y esto lo pueden lograr si se unen a la lucha de Antorcha Magisterial. Esa sigue siendo la tarea si se quiere salvar a la educación.
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