Aceptar que la democracia tiene como requisito indispensable la plena justicia social no es, de ningún modo, una exageración. En efecto, una sociedad que tiene una tremenda desigualdad económica, presupone, en primer término, un electorado con distintas prioridades, incluso contrapuestas. Los estratos hundidos en la miseria más lastimosa tendrán en mente objetivos políticos diferentes a los integrantes de una clase más acomodada, con mejores ingresos. Así, por ejemplo, el primer grupo, pensará más en cómo resolver los gastos en el corto plazo y el segundo tendrá como prioridad otras banderas políticas menos inmediatas. Sin caer en el severo esquematismo, afirmemos que los más pobres poseen limitantes culturales para informarse y saber distinguir entre la demagogia pura y propuestas factibles y beneficiosas para ellos; también, en una sociedad injusta, como la nuestra, estos sectores empobrecidos son la mayoría y, por ello, son decisivos; en suma, este tipo de electorado no es plenamente autónomo en sus decisiones es vulnerable a la manipulación.
Esta condición es bien conocida por los políticos que tienen por oficio parasitar vitaliciamente en los puestos de elección popular. No es una locura asegurar que han construido toda una mafia para poder efectuar sus triquiñuelas lo más impunemente posible. Esto se perfecciona, aún más, cuando estos políticos tienen el poder público: orientan su forma de gobernar al efectismo electorero; particularmente cuando atienden superficialmente las necesidades de la gente más necesitada con limosnas que generan la falsa idea de que los ayuda y protege, aunque esto sea muy perentoriamente y en detrimento de un proyecto de país que mejore sustancial y definitivamente su forma de vivir.
El propio López Obrador manifestó hace dos décadas que el partido en el poder, de aquel entonces, ejecutaba sus acciones más por la manipulación mediante la dádiva que por la trampa directa, dando entender que la maniobra por ganar a la mala al electorado más humilde se hacía más sofisticada: “(...) ya no utiliza el PRI los mismos métodos, ya hay un procedimiento moderno (...) que consiste en utilizar el presupuesto público, derramar recursos para crear un falso ambiente de prosperidad mediante las ayudas personalizadas y obtener los votos; esa es la esencia de la nueva estrategia del PRI (...) al grado de que si no utiliza el presupuesto público, no ganaría”. La declaración parece una profecía del esmero que le ha puesto la 4T en la entrega de la “ayuda directa” a estudiantes, a personas de la tercera edad y a los beneficiarios del mal logrando el programa “sembrando vida”.
Se sobreentiende que el dar ayudas directas garantiza el chantaje político, ya se bajó la amenaza de suspender el apoyo si no se da el voto, o bien generar en el beneficiario un sentimiento de mansedumbre. Por eso, en el año 2021, el obradorismo incrementó hasta en un 25% estas transferencias directas. No es declararse en contra de que el presupuesto se destine a los pobres, es negar el modo en que se hace: como queda ya suficientemente demostrado, el asistencialismo no combate seriamente la pobreza. Así lo sostuvo el Coneval cuando aseguró que en este año el número de pobres incrementarían; aseguró: “Aunque las transferencias monetarias son necesarias, dados los cambios que la pandemia ha ocasionado, es indispensable considerarlas como medidas temporales e impulsar otras medidas de carácter estructural”, dicho en otras palabras, el Coneval detalla que estos programas han sido más de carácter paliativo y no representan una solución a largo plazo para reducir la pobreza.
Este asistencialismo electorero no es diferente al que denunció el hoy presidente de la República años atrás y desde hace, por lo menos, un año y medio, toda su administración se orientó a ganar las elecciones del 6 de junio pasado, incluido, desde luego, las jornadas de vacunación. La actitud ante el INE va en la misma dirección: un tono beligerante contra este organismo y los esfuerzos por nulificar el Poder Judicial de la Federación. El día de la elección no estuvo exento de violencia. En varias regiones del país hubo violencia. En Chimalhuacán y en Ixtapaluca en el Estado de México, el partido de López Obrador ejecutó impunemente diversos delitos electorales ante la sospechosa inacción de la Guardia Nacional (de esto existen pruebas y denuncias). En fin, estas situaciones nos impiden asegurar que la voluntad de las mayorías hayan sido plenamente reflejadas en los resultados de la jornada electoral pasada; y de paso, nos demuestra, que una fuerza política auténticamente comprometida con las clases trabajadoras se esfuerza por eliminar definitivamente las condiciones que lo hacen susceptibles de ser manipuladas: primero, generando cambios estructurales en el modo de conducir la economía y, a la par, incentivando su educación política que los impulse a actuar como un solo hombre y con un solo fin. Solo así la democracia funcionará cabalmente.
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