A nivel mundial México ocupa el segundo lugar en desapariciones, sólo detrás de Irak. Recientemente, se rebasó la cifra de los 103 mil desaparecidos, según el Registro Nacional de Desaparecidos de la Secretaría de Gobernación. La cifra debería ameritar por sí misma toda la atención pública, también obliga a que el gobierno aclare lo que no nos dicen sus cifras: exactamente, ¿cuántas personas no se cuentan en estos registros?
De cualquier forma, los datos disponibles permiten darnos cuenta que estamos ante una severa crisis, ante una tragedia sin comparación en el mundo. Desde 2006, en México, todos los días desaparecen 14 personas en promedio. Sin embargo, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), hizo un análisis de la situación en México y precisó, que de finales de noviembre de 2021 hasta mediados de abril 2022 desaparecieron tres mil 804 personas, que representan un promedio de 28 personas diarias. “Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el país”, dijo Hélene Tigroudja, integrante del Comité.
Por otro lado, el problema se vuelve más grave e indignante, porque la crisis alcanza a la niñez y la adolescencia, La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), señaló: “desde que empezó el sexenio de López Obrador (del 1 de enero de 2019 al 29 de agosto de 2022) 23 mil 859 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos, no localizados o localizados en México”.
No hay excusa que justifique la irresponsabilidad de los gobiernos en los tres últimos sexenios frente al aumento en el número de personas desaparecidas. El Estado Mexicano le ha fallado a la nación, por su incapacidad para resolver este doloroso fenómeno que ha causado daño a cientos de miles de familias que lo han padecido. Pero, los números indican que el problema se viene agudizando en el Gobierno actual y, mucho tiene que ver el modelo de seguridad, es decir, los abrazos y no balazos.
La crisis forense, con más de 52 mil restos humanos sin nombre, según datos oficiales, constituye también una de las principales trabas para acceder a la verdad y a la justicia. Aunque la identificación la realizan las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República (FGR), según la ley en materia de desapariciones forzadas que entró en vigor en 2018, debe crear un banco de datos forenses que a la fecha no se ha creado. La omisión de la FGR ha implicado que haya menos identificaciones, según Alejandra Elguero, abogada del área de Defensa del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh).
Lo más preocupante es que hasta la fecha no hay compromisos serios, sólo promesas vacías. Un claro ejemplo es la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que es una unidad administrativa con autonomía técnica y operativa que está enfocada exclusivamente en la identificación humana, que deberá diseñar y ejecutar acciones de búsqueda forense con fines de identificación humana en coordinación con las Comisiones Locales de Búsqueda, la Fiscalía y las fiscalías especializadas y demás instituciones que presten servicios forenses. Pero, el CNIH nació muerto porque no tendrá recursos propios, operará con las erogaciones de las dependencias con las que trabaje en coordinación, todo un engaño, la pregunta obligada es: ¿sin presupuesto se podrán identificar los 52 mil cuerpos sin nombre? La respuesta es obvia: No.
Con acciones como esta, evidencia muy claramente del desprecio del gobierno morenista al pueblo mexicano porque no tiene la mínima disposición de instrumentar políticas públicas que reviertan el fenómeno, por el contrario, se intensifica como lo demuestran los datos expuestos por la periodista Anabel Hernández que manifiesta que en el sexenio de Calderón, se dieron 25 mil desapariciones; con Peña Nieto 35 mil y en el gobierno de López Obrador hasta mayo de 2022, 31 mil personas desaparecidas y de esta terrible crisis, ni una palabra en su cuarto informe de gobierno.
A los familiares de las víctimas no les ha quedado otro remedio, que organizarse en grupos de búsqueda, de los que existen un número muy importante por todo el país, que con sus propios recursos económicos, muy limitados por cierto, han emprendido jornadas agotadoras y angustiantes de búsqueda, con las herramientas más básicas como pico y pala y, muy rara vez cuentan con el acompañamiento y la protección de las autoridades y, cuando estas autoridades se dignan a asistirlos, como todo burócrata, lo hacen hasta las tres de la tarde como lo marca su horario de trabajo, sin tener la más mínima empatía con el dolor de las familias.
Mi reconocimiento para este grupo de mexicanos que día a día, muestran un valor heroico en la búsqueda de sus hijos, padres, hermanos y que se han propuesto encontrarlos, así sea lo último que hagan en su vida.
Los mexicanos más humildes, que somos los que siempre pagamos las consecuencias de las acciones e inacciones gubernamentales, tenemos que saber que esta crisis tan dolorosa y las otras que también padecemos, como la económica, la de salud, la educativa, entre otras, son perfectamente evitables, la condición básica es, la organización y concientización de la clase trabajadora para que tome en sus manos el destino de nuestra patria, es la consigna que el Movimiento Antorchista lanzó desde hace medio siglo al pueblo mexicano y por la que todos los días trabajamos.
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