Van 47 periodistas asesinados en México, durante los primeros tres años de gobierno del presidente López Obrador, lo que según la organización internacional Reporteros Sin Fronteras ubica al país como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y pone en entredicho el régimen democrático y de Estado de Derecho que presume haber impuesto el presidente desde su arribo al poder en 2018.
En el reciente mes de enero fueron asesinados tres comunicadores: Margarito Martínez Esquivel en Tijuana, José Luis Gamboa Arenas en el puerto de Veracruz y María de Lourdes Maldonado López, ocurrido también en Tijuana el pasado 23 de enero.
Este último caso provocó la conmoción e indignación del gremio periodístico de todo el país, porque María de Lourdes había acudido a la conferencia de prensa del presidente López Obrador el 23 de marzo de 2019 para solicitar su apoyo a fin de que el entonces delegado de programas federales, posteriormente gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, le pagara un adeudo laboral por despedirla injustificadamente de unas de las empresas de comunicación de las que el amigo del presidente es dueño.
“Vengo a pedir apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida”, le expresó la periodista al presidente en aquella ocasión. Sin embargo, tal parece que su petición no fue tomada con la seriedad necesaria, ni el temor fundado que sentía preocupó en algo al mandatario.
Su asesinato ocurrió apenas una semana después de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ordenó el embargo mercantil de la empresa Media Sport de México, SA de CV, como resultado de una demanda laboral por despido injustificado que Lourdes Maldonado López interpuso en 2013 contra el Primer Sistema de Noticias (PSN), propiedad del ex gobernador Jaime Bonilla.
Por esta razón es que el pasado 26 de enero comunicadores de todo el país realizaron manifestaciones pacíficas en decenas de ciudades importantes y capitales de entidades de toda la República, para exigir el cese de la violencia contra los periodistas y la investigación y encarcelamiento de los autores materiales e intelectuales de los crímenes contra todos sus colegas asesinados.
No hay duda de que el peligro para ejercer el periodismo en México se ha incrementado durante el sexenio lopezobradorista como resultado de la constante estigmatización del gremio por el propio presidente de la república, por sus constantes ataques a la prensa crítica y que no aplaude sus acciones ni su demagogia y realiza denuncias e investigaciones de la corrupción, el abuso de poder, la mentira y la manipulación de la que hace gala el régimen de la Cuarta Transformación.
Sería descabellado culpar directamente al presidente López Obrador de cada uno de los crímenes contra los periodistas, pero para todos es evidente que la actitud que promueve frente a los medios de comunicación da pie a que diversos grupos locales de poder, caciques regionales y el crimen organizado se sientan autorizados para asesinar comunicadores seguros de que sus acciones quedarán impunes, porque para el régimen la libertad de expresión y de prensa son mas un estorbo que una necesidad de la sociedad para evaluar el desempeño de sus gobernantes y retratar la realidad.
Pues como los mismos comunicadores denunciaron en las manifestaciones, el mecanismo de protección a los periodistas no sirve para mucho y es más un aparato burocrático utilizado por el Estado solo para disimular su interés real por la problemática. Ninguno de los asesinatos de comunicadores acontecidos en la presente administración federal ha sido esclarecido y cada que ocurre otro, la retórica es la misma: “no habrá impunidad, se investigará a fondo, caiga quien caiga, etc.”, pura palabrería hueca. Lo mismo que ocurre con el 99% de los crímenes contra los ciudadanos de a pie.
La mayoría de los periodistas asesinados hacían su trabajo en el ámbito local y muchos en el llamado periodismo independiente, es decir, fuera de los tradicionales y grandes medios de comunicación, e igual que la inmensa mayoría de los mexicanos vivían de manera modesta, apenas con los ingresos necesarios para sostenerse ellos y sus familias y movidos más que por el interés económico por un amplió sentido de compromiso social. Se trataba sin duda de gente modesta y sencilla, que igual que los campesinos, obreros, comerciantes y demás clases trabajadora del país, fue víctima del carácter clasista de un Estado y un gobierno al servicio de los privilegiados y poderosos.
Es correcta, justa y necesaria la protesta del gremio periodístico, pero dado que el problema no es solo gremial sino de raíz del sistema económico y político de México, su derecho a la libertad de expresión y el respeto a la prensa crítica e independiente solo será realmente posibles en un sistema totalmente distinto al que hoy existe en el país. Y ese modelo social distinto solo podrá ser construido por una gran fuerza social, viva, organizada y consciente de lo que requiere nuestra patria, conformada principalmente por todos los sectores marginados de México.
Sirvan estas líneas para mostrar nuestra absoluta solidaridad con los familiares de todos los periodistas asesinados y con el gremio en general, como un acto de condena y de protesta para que cesen las agresiones contra ellos, pero también como un llamado fraterno y respetuoso para que los periodistas honrados y comprometidos con el bien de México, que son la inmensa mayoría, vean en la organización de todas las clases trabajadoras del país, la única, necesaria y real salida al atolladero en el que nos encontramos actualmente. Ahí también tendrán cabida.
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