Los archivos Epstein demuestran cómo el poder económico ha garantizado impunidad a la élite global desde 2006
Las más recientes revelaciones de los llamados "archivos Epstein" han vuelto a encender la indignación pública global, pero también han dejado al descubierto algo más profundo y persistente: no estamos ante un escándalo moral aislado, sino ante una expresión nítida de la lucha de clases en su forma más descarnada.
En el capitalismo, la ley no es un límite para los ricos, sino un recurso más a su disposición.
Los archivos no incomodan por lo que cuentan sobre el abuso sexual —atroz, sin duda—, sino por lo que evidencian sobre una minoría social que concentra riqueza, poder y, sobre todo, impunidad. Esa es la única minoría verdaderamente peligrosa.
Para entender el momento actual es necesario reconstruir el proceso. Jeffrey Epstein fue detenido por primera vez en 2006 tras denuncias de menores de edad en Florida.
En 2008 obtuvo un acuerdo judicial excepcionalmente favorable: evitó cargos federales, cumplió una condena mínima con privilegios inusuales y aseguró inmunidad para posibles cómplices.
Ese pacto no sólo lo protegió, sino que selló información clave durante años. En 2019 fue arrestado de nuevo por tráfico sexual y fue encontrado colgado semanas después mientras estaba en custodia federal, en espera de enfrentar un juicio.
Desde entonces, el caso migró del terreno penal al documental: demandas civiles, procesos colaterales —como el de su pareja Ghislaine Maxwell— y una desclasificación gradual y fragmentaria de expedientes.
Lo que hoy se conoce como "archivos Epstein" es el resultado de esa presión acumulada: litigios, reclamos de víctimas y decisiones judiciales que obligaron a abrir, a medias, lo que el sistema prefirió mantener cerrado.
La narrativa dominante insiste en presentar a Epstein como una anomalía. Es una lectura cómoda y falsa.
Epstein no fue un error del sistema: fue un producto funcional de él. Su poder no residía sólo en su fortuna, sino en su posición dentro de una red que conecta capital financiero, élites políticas, universidades, fundaciones filantrópicas y aparatos judiciales. No operaba a pesar del poder; operaba gracias a él.
Las recientes liberaciones de documentos —listas de vuelos, agendas, correos y testimonios— confirman un patrón que ya conocíamos: un circuito cerrado de ultrarricos donde la ley si no desaparece, se flexibiliza.
En ese espacio social, el delito no se castiga; se administra. Se negocia con fiscales, se diluye en acuerdos, se pospone con sellos de confidencialidad. No hay caos ni improvisación: hay poder de clase e impunidad descarada.
Desde una perspectiva de clase, el caso es ejemplar. La justicia actúa con lógica dual: rigor punitivo para los de abajo, indulgencia estratégica para los de arriba, incluso ante los crímenes más depravados y horrendos.
El acuerdo de 2008, la lentitud posterior y la ausencia de un juicio que expusiera la red de protección no fueron casualidad; fueron decisiones coherentes con un sistema jurídico diseñado para no dañar a quienes son dueños del capital. La muerte de Epstein aseguró que esa red no fuera examinada públicamente.
México no es ajeno a esta trama global. Investigaciones internacionales previas mencionaron vínculos sociales de élites mexicanas con Epstein, entre ellas Carlos Slim.
No se trata de imputar delitos sin pruebas, sino de señalar un hecho político central: las élites económicas transnacionales comparten espacios, códigos y lealtades que trascienden fronteras y escándalos.
Más revelador aún ha sido el silencio interno. Con contadas excepciones, la prensa nacional evitó el tema o lo trató de manera superficial. No hubo investigaciones propias ni exigencias públicas de explicación.
Ese mutismo no es neutral: refleja dependencias estructurales entre medios y grandes grupos económicos. En la lucha de clases contemporánea, el control de la información pesa tanto como el control de la producción.
Conviene separar hechos de análisis. El hecho es que existen documentos sellados, nombres redactados y responsabilidades que nunca llegaron a tribunales.
La conclusión lógica —fundada en la experiencia histórica— es que esa opacidad responde a intereses de clase. La transparencia opera sólo hasta donde no amenaza el núcleo del poder económico; el sistema se blinda.
Los archivos Epstein no son una promesa de justicia futura, sino una advertencia presente. Nos dicen que, en el capitalismo, la ley no es un límite para los ricos, sino un recurso más a su disposición.
Mientras la indignación se consuma como espectáculo y no se traduzca en cuestionamiento estructural, la impunidad seguirá siendo la norma. O se entiende que el problema es de clase —que la riqueza compra silencio, tiempo y olvido— o los archivos seguirán creciendo, los nombres rotarán y la minoría peligrosa continuará operando como el verdadero peligro para el futuro de la humanidad.
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