Para el actual gobierno federal, el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos ha quedado en el olvido. Desde el inicio de este sexenio, fue notoria la intención de impulsar otros proyectos que no estaban destinados a elevar el nivel de vida de los habitantes y mucho menos a resolver sus necesidades más apremiantes.
Por ejemplo, el cuidado de la salud, aspecto fundamental que debería, por su importancia para millones de personas, representar una de las mayores preocupaciones de los responsables de la presente administración.
La desaparición de las partidas presupuestales que permitían hacer uso de los recursos económicos para el desarrollo regional o para la atención a las necesidades derivadas de los desastres naturales ha precarizado las condiciones materiales y sociales en que vivimos millones de personas.
El crecimiento de la población urbana, provocada por el empobrecimiento del campo y la búsqueda de oportunidades de trabajo en las ciudades ha generado la demanda de servicios públicos, tales como la electrificación o la introducción de agua potable en las viviendas.
El desgaste natural de las obras que en un tiempo sirvieron a la población no se remedia con la misma rapidez con la que se deterioran, porque en ocasiones, el presupuesto municipal no es suficiente, dada la insensible política de austeridad implementada por el Gobierno federal en su necedad de construir y terminar, a costa de lo que sea, los proyectos que impuso a inicios del sexenio.
El ahorro que el Gobierno federal pretende hacer y que ha provocado la pauperización de millones de mexicanos junto con el correspondiente deterioro de la educación y la salud que deben recibir como parte de sus derechos fundamentales, no solamente tenía la intención de inyectar recursos a las obras emblemáticas de este Gobierno —que, por cierto, han sobrepasado los costos inicialmente proyectados, por ejemplo, el del tren Maya, que ha rebasado en más del 130 % el presupuesto proyectado en el año 2020—, sino también utilizar esa concentración de recursos económicos para asegurar el poder político, destinándolos a diferentes acciones, desde la promoción de sus candidatos con propaganda pagada supuestamente por la sociedad civil, hasta la compra de conciencias y voluntades a través del soborno disfrazado de apoyos gubernamentales.
De esta manera, la preocupación principal del selecto grupo que forma la cúpula morenista, la misma que se encuentra al servicio de los intereses de los grandes empresarios, ha sido, desde su arribo al gobierno, la conservación del poder en sus manos y el sometimiento de los derechos de la mayoría trabajadora a las ganancias de los grandes señores del capital nacional.
Nuestro país está a merced de la ambición de ganancias de los dueños de las grandes empresas, protegidas bajo el manto aparentemente democrático de un grupo de políticos, que nada tienen de progresistas. El pueblo lo resiente en la disminución de su calidad de vida, en la falta de obras y servicios, en la mala calidad de la educación y en la ausencia de un servicio de salud, que la demagogia gubernamental prometió que sería como el que existe en los países del llamado primer mundo.
No hay rincón de nuestra patria en donde no exista la pobreza, el incremento de la violencia y la inseguridad, hijas directas de este irresponsable gobierno especialista en el engaño y la manipulación.
Bajo estas condiciones económicas y políticas, en las que el derecho del pueblo a una vida digna se deja en segundo término, es necesario luchar para conquistar el acceso a los servicios elementales; no existe otra alternativa.
El Gobierno continuará manipulando a la población con dádivas económicas que no resuelven la falta de agua potable en las viviendas humildes, la carencia de trabajo, el acceso a la energía eléctrica, a una alimentación adecuada y, sobre todo, a la salud y la seguridad social que requieren las personas.
Debemos tener presente que los derechos del pueblo deben estar en primer lugar. Hasta ahora el rezago social, el crecimiento del fenómeno migratorio de los mexicanos, la falta de empleo formal, la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores y su contraparte, el aumento de las ganancias de los grandes empresarios, sólo son una muestra del pacto que este Gobierno tiene con los ricos; la realidad lo está demostrando.
Luchar por elevar la calidad de vida de la población humilde es una necesidad; por eso es que continuaremos nuestro movimiento popular por obras y servicios para las colonias pobres, en donde habita la clase trabajadora de nuestro país.
Nuestro país está a merced de la ambición de los dueños de las grandes empresas, protegidas bajo el manto aparentemente democrático de un grupo de políticos que nada tienen de progresistas.
Luchar por las redes de agua potable, la electrificación, pavimentaciones, creación de instituciones educativas, centros de salud, hospitales, casas de atención a los adultos mayores, por ejemplo, significa defender el derecho del pueblo a una vida digna; defenderlo ahora que esta aspiración fundamental es pisoteada por quienes se hicieron del poder político, engañando con su retórica demagógica a quienes de buena fe creyeron en ellos.
Y si la lucha por mejorar la calidad de vida del pueblo trabajador es urgente en estos momentos, dado el acelerado incremento de la pobreza, de igual importancia es señalar las causas que la provocan; de otra manera nunca se identificará al verdadero causante y el movimiento popular se desgastaría estérilmente en el combate contra enemigos imaginarios.
Movimiento Antorchista ha señalado, con toda claridad, que mientras subsista el actual modelo económico y un gobierno que lo defienda, aunque se autoproclame de izquierda, la pobreza y la falta de derechos como la dignidad de nuestra vida, no sólo continuarán, sino que se harán cada vez más insoportables.
Por esa razón, para lograr mejores condiciones, sustanciales y más duraderas para el sector más desprotegido económicamente, es necesario luchar de manera simultánea por un gobierno verdaderamente del pueblo; que defienda sus intereses y que proteja sus derechos.
Si el pueblo no se organiza y lucha por la formación de un partido representante de los intereses de los pobres que conquiste el poder político del país, no habrá garantía de un mejoramiento de las condiciones sociales y económicas que permitan a los habitantes acceder a mejores condiciones de vida.
Por lo anterior, nuestra invitación sincera y fraterna a toda la población humilde de nuestro país es a organizarnos, estudiar y prepararnos para la formación del instrumento político que habrá de disputarle el poder a quienes defienden los intereses de los grandes empresarios, sean del color que sean.
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