MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

La justicia y la seguridad, derechos que debe garantizar el estado

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*Seguimos exigiendo #JusticiaEnLaAntorcha y se implementen medidas de seguridad
 
Campeche, Campeche.- “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social…”, dice el artículo 21º  de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos. También dice que “La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos…”. Es decir, que los presidentes municipales, el Gobierno del Estado de Campeche, por supuesto también la Federación, y el Poder Judicial a los mismos tres niveles, son los que deben garantizar que todos los mexicanos, entre ellos los habitantes de la colonia La Antorcha, tengamos justicia y vivamos seguros.
 
En el caso de las condenables agresiones sufridas por los habitantes de la colonia La Antorcha, de la comunidad de Puerto Rico en el municipio de Carmen, en la que dos personas resultaron con lesiones de arma blanca y sus vidas se pusieron en peligro, provocado todo por delincuentes extraños a la colonia que fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición del poder judicial, son estas instituciones las que deben responder a la petición de los colonos de que se aplique todo el peso de la Ley en contra de los criminales (nada más, pero nada menos) y de brindar las medidas preventivas proporcionales a la situación, para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, que se encuentran ausentes y urge recuperar en la colonia La Antorcha.
 
Por ello es que nuestra organización ha insistido al C. Dr. Juan Manuel Herrera Campos, Fiscal General en Campeche, al C. Dr. Jorge de Jesus Argaez Uribe Secretario de Seguridad Pública, al C. L.E.N.I. Pedro Armentía López, Secretario General de Gobierno y al C. Dr. Óscar Román Rosas González, Presidente Municipal en Carmen, que se tomen medidas efectivas para que se haga justicia, se castigue a los homicidas frustrados, se auxilie a las víctimas para que se recuperen de las heridas, y se cuide su vida, libertades, integridad y patrimonio, y la de todos los vecinos de la colonia en contra de nuevas agresiones, con las que hacen ostentosas amenazas los criminales, sus protectores y corifeos, en medios de comunicación masivos, redes sociales y por la vía del rumor.
 
Justo castigo a los criminales, para que no haya impunidad ni se incentive la comisión de delitos, y la instrumentación de vigilancia permanente a través de un módulo de seguridad o una caseta de vigilancia, para disuadir a quienes amenazan y planean nuevas incursiones o, dado el caso, protegerlos de ellas, para que no tengan que ser los ciudadanos los que hagan las funciones que corresponden a las instituciones. Hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta a nuestras peticiones.
 
El peligro es tan real como las ya CUATRO incursiones violentas (todas han dejado saldos en lesionados) que han protagonizado los actuales detenidos, los anteriores y todos los personajes que les han brindado ayuda y protección en sus acciones ilegales y violentas, por lo que es incomprensible la falta de acción por parte de las instituciones responsables para brindar esa protección que ordena la Constitución.
 
Es por eso que hacemos nuevamente un llamado respetuoso pero urgente al Fiscal General, al Secretario de Seguridad Pública, y al Presidente Municipal en Carmen para que atiendan el llamado de los colonos de La Antorcha antes de que sucedan nuevos y lamentables sucesos. 
 
Todos los mexicanos tenemos derechos y estamos bajo el amparo y jurisdicción de nuestro sistema de leyes y sus instituciones. Estas son encargadas exclusivas para proporcionarlas con base no en la voluntad o capricho de las personas (Jueces, fiscales, oficiales, etc.), sino en un sistema de leyes y procedimientos, tal vez perfectible, pero único y universal. Su respeto es condición para la existencia y funcionamiento de nuestro país y de cualquier otro; su violación y la ausencia de justicia la socaban.
 
Atentamente:
 
Javier Martínez Jaramillo, vocero del Movimiento Antorchista en Campeche.

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