Hace ya un año que nuestros compañeros, integrantes del Comité Estatal Antorchista en el estado de Guerrero, Conrado Hernández, Mercedes Martínez y su pequeño hijo, fueron arteramente asesinados, sin motivo alguno, por lo menos por parte de mis compañeros, quienes siempre fueron buenas gentes, con una vida honrada a cabalidad, sin vicios ni nada que pudiera ser causa de rencores de parte de nadie; al contrario, nuestros compañeros se caracterizaban por ser muy buenas gentes, amables, cordiales y buenos camaradas, por lo que eran especialmente queridos por todos quienes los conocieron.
Esta verdad incontestable, tan real como el hecho mismo de que ya no están físicamente entre nosotros, es la que nos mueve a deducir, sin forzar la lógica, que el motivo de tan incomprensible crimen puede ser netamente político. En este sentido sí que puede haber quienes se sientan afectados por el trabajo de nuestros compañeros, pues en su lucha contra la pobreza, la ignorancia y la marginación, se pueden tocar ancestrales intereses de quienes se benefician de esas pobreza, ignorancia y marginación del pueblo; la labor de los Antorchistas ha afectado sin duda los intereses de quienes han vivido y viven, como lo hacen los parásitos, succionando la vida a otros.
El Gobierno tiene la oportunidad de hacer lo correcto, lo cual tendría sus efectos positivos inmediatos no sólo para con los antorchistas que somos millones en todo el país, sino con todo México.
Y estos sí, tendrían motivos (tenebrosos motivos) para quitar del camino a los activistas de Antorcha que trabajan con el pueblo pobre. Como sea, no es con estas deducciones como se va a hacer justicia, ni nos toca a nosotros los Antorchistas, ni a ningún ciudadano, esclarecer este ni ningún otro crimen, sino a las instituciones encargadas.
Si no fuera así, el estado de derecho se resquebrajaría, y la patria entraría en un caos que pudiera terminar en la destrucción misma no sólo de la estabilidad social sino de nuestra misma existencia como nación independiente.
El Estado de derecho, su funcionamiento adecuado, el respeto al mismo por parte de los individuos, son condiciones para la paz social y la independencia. Baste para comprenderlo imaginarse que cada ciudadano pudiera interpretar a su modo la ley y la “justicia”, considerar asunto propio el establecimiento de las normas y leyes, el respeto a ellas y las penas que deben aplicarse y, encima, tomar en sus manos la aplicación de tal justicia, para entender que eso sería un caos explosivo y motivo suficiente para poner en peligro a todos, sin resquicio alguno para la verdadera justicia, el decoro y la convivencia pacífica.
Dígame, amable lector ¿se imagina semejante hervidero de “ajusticiamientos” y vendettas?, ¿se imagina el río revuelto en que derivaría, sin duda?, sería un total estado de abuso en el que, también sin duda, saldrían beneficiados y empoderados aún más los que ya son poderes reales (sea el del dinero, el de la fuerza política o el de las armas y la soberbia), sería el paraíso del crimen y del poder, peor que un estado gansteril o una dictadura militar.
Pues igual de absurdo y temible resulta el hecho de que, debido a la inacción de las instituciones, sean las madres quienes busquen los restos de sus hijos, con pala en mano, escarbando a lo largo y ancho del país; o que, debido a la falta de respuesta de las autoridades competentes, sean los ciudadanos quienes hagan justicia por propia mano como sucede en los espeluznantes linchamientos, de los cuales el último ocurrido en la ciudad de Taxco no es precisamente el más dantesco.
Igual de pernicioso y perverso resulta salir con la ocurrencia de que la “justicia” (y nuestra interpretación de esa cosa) “está por encima de la ley”; con el mismo argumento o igual de “sólido” el Estado sionista de Israel (no el pueblo judío, ni siquiera el pueblo israelí, sino el grupúsculo de alucinados fascistas que se autodenominan sionistas) violan el derecho internacional, cometen el más abominable genocidio, asesinando a miles de niños y mujeres inocentes de las formas más horrendas y diabólicas, ante la mirada impotente y angustiada de la humanidad entera.
Y es, para rematar, el mismo argumento (el mismísimo de cabo a rabo) de los grupos criminales los cuáles NUNCA acudirán a las instituciones para hacer su “justicia”. No, ahora más que nunca, ante tan espeluznantes ejemplos es necesario lograr un estado de derecho equilibrado, respetarlo, y hacer que se respete, para lograr la estabilidad y convivencia, para poder, pues, vivir en paz.
Y por ello, con esa misma urgencia, necesitamos que las actuales instituciones hagan su trabajo y lo hagan bien, pues la justicia está en sus manos y debe seguir en ellas. Pero en esto estamos mal desde hace mucho y empeorando.
Eso es lo grave, que, precisamente en este asunto, con el Gobierno morenista en Guerrero y, sobre todo, con el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos retrocediendo varias décadas.
Con la política de seguridad de AMLO y Morena, que se resume en la frase hueca y bastarda de “abrazos, no balazos”, crece la impunidad y la soberbia no sólo del crimen organizado sino de todos los poderosos fuera de la ley.
Está estudiado y comprobado que existe una relación directamente proporcional entre la impunidad y el crimen (bajo TODAS sus formas), mientras más crece la impunidad, más crece el crimen y, además, que esto genera un círculo vicioso de aceleramiento de ambos, muy difícil de revertir, con todos los males y el espanto que eso representa.
Todo esto genera inevitablemente el descontento ciudadano y el deseo insatisfecho de justicia explica el acto reflejo de querer hacerla de otro modo.
Los antorchistas de todo el país sentimos no menos enojo y deseo insatisfecho de justicia, y solamente por el hecho de estar organizados, y de sentir una amplia y acendrada responsabilidad social, no caemos en los actos reflejos y, de manera racional y respetuosa de la ley, volvemos a exhortar a las autoridades judiciales de Guerrero y del país para que se investigue y esclarezca el crimen cometido en contra de nuestros compañeros Conrado, Mercedes y su hijo, que se ubique y localice a los responsables materiales e intelectuales, se les persiga, se les aprisione, y se les juzgue y castigue conforme a la ley.
El Gobierno tiene la oportunidad de hacer lo correcto, lo cual tendría sus efectos positivos inmediatos no sólo para con los familiares de nuestros compañeros, ni sólo para con los antorchistas que somos millones en todo el país, sino con todo el país y hasta con ellos mismos, pues solamente los beneficiarios del crimen podrían dormir tranquilos con los resultados que hasta ahorita han brindado en este y en casi todos los casos pendientes de resolver.
Así, por donde sea que se le vea, la justicia en Guerrero es una urgente necesidad. Nosotros no nos cansaremos de gritar que #ExigimosJusticiaEnGuerrero, hasta que la encontremos, de un modo u otro.
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