En los primeros suspiros del 2026, el mundo fue testigo de un giro alarmante en las relaciones internacionales: Estados Unidos lanzó una operación militar contra Venezuela, secuestró por la fuerza al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, y anunció que “controlará” ese país hasta lograr una “transición adecuada”.
Este acto no fue un hecho aislado, sino el esplendor de una política intervencionista que pone en riesgo la soberanía de los pueblos, desmoronando los principios fundamentales del derecho internacional. Sin embargo, en los hechos observamos mediante los canales de TeleSUR que el pueblo de ese país se ha movilizado para exigir su inmediata liberación, a pesar de que la mayoría de los medios masivos internacionales intentan ocultarlo.
El Movimiento Antorchista Nacional ha condenado enérgicamente esta agresión como una acción totalmente injustificada, violatoria de la soberanía venezolana y contraria al derecho de los pueblos a decidir su futuro sin injerencia extranjera. Más aún, Antorcha ha venido advirtiendo que este precedente podría repetirse en otros países de América Latina, incluido nuestro querido México, bajo el pretexto de combatir al “crimen organizado” o proteger la tan famosa “seguridad nacional de los EEUU y “el hemisferio norte”, señalando indirectamente a los gobernantes actuales de tener vínculos con diversos carteles delincuenciales, poniendo en duda la legitimidad de morena al frente de la administración federal y los estados.
Desde el punto de vista jurídico, la intervención armada en Venezuela rompe con normas claras y fundamentales. El Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas llama a todos los países a “abstenerse de la amenaza o del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. No se hacen excepciones basadas en narrativas políticas o acusaciones mediáticas. Una intervención solo puede ser legal si existe un riesgo por crímenes atroces cometidos en un país y con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, si es en legítima defensa tras un ataque armado, o si media una invitación expresa de un gobierno reconocido y ninguno de estos requisitos se cumplió en el caso de Venezuela.
Este principio internacional se deriva de tratados y normas consagrados después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar que los poderosos impongan su voluntad sobre los pueblos más débiles. La soberanía, la no intervención y la igualdad jurídica entre los Estados son pilares del orden internacional que ahora están siendo erosionados.
Históricamente, Estados Unidos ha justificado sus intervenciones en América Latina bajo la bandera de la Doctrina Monroe, proclamada en 1823, que originalmente buscaba mantener a las potencias europeas fuera del continente americano, que durante más de 300 años saquearon a los países colonizados del llamado nuevo mundo. Sin embargo, esa doctrina fue deformada por sucesivos presidentes para justificar injerencias políticas y económicas en la región.
Desde golpes de Estado en Guatemala (1954) hasta invasiones en Panamá (1989), pasando por operaciones encubiertas y de influencia, se pueden contabilizar casi 400 intervenciones militares desde 1776, muchas de ellas en América Latina, la intervención en Venezuela es el capítulo más reciente de una larga historia de hegemonía disfrazada de “seguridad”. Hoy, bajo la administración actual en Washington, esta doctrina ha resurgido con una fuerza renovada y una retórica peligrosa. Tras la operación en Caracas, la Casa Blanca ha expresado su interés en Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, llegando a insinuar incluso la posibilidad de usar la fuerza para “obtenerla” si es necesario.
El objetivo de Donald Trump es claro: controlar territorios estratégicos para recursos naturales, rutas geopolíticas o capacidades militares. Esta lógica recuerda a los imperios del pasado y a las políticas expansionistas que el mundo juró erradicar después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Lo más paradójico y vergonzoso es la respuesta tibia de Europa ante la agresión contra Venezuela. Muchos gobiernos europeos optaron por eufemismos, llamados al diálogo o declaraciones genéricas, como si la captura de un presidente por fuerzas extranjeras fuera un incidente diplomático menor.
Ahora, cuando la vista del expansionismo amenaza su propio patio en el caso de Groenlandia bajo soberanía danesa, Europa reacciona con firmeza, bloqueos y hasta amenazas de represalias comerciales si no se respeta su autoridad. Esta doble moral es inaceptable. Defender la soberanía de Dinamarca en Groenlandia es justo, pero no puede estar reñido con el apoyo a la autodeterminación del pueblo venezolano. Alemania, Francia, Italia y otros deben recordar que el principio de no intervención es universal, no una herramienta selectiva cuando conviene.
Esta lógica recuerda inevitablemente a los momentos más oscuros del siglo XX. No es una exageración caracterizar a la política ejercida por el imperialismo en la nueva época contemporánea, como el ejercicio de un liderazgo autoritario, belicista, que desprecia el derecho internacional, normaliza la fuerza militar y promueve un nacionalismo agresivo que amenaza la paz mundial. La historia ya nos enseñó a dónde conducen estas políticas cuando no se les detiene a tiempo.
El pueblo mexicano y sus instituciones deben observar con atención este momento histórico. México podría ser el próximo objetivo bajo cualquier pretexto: crimen organizado, amenazas transnacionales, “seguridad de hemisferio”. La historia demuestra que estas justificaciones han sido utilizadas antes para legitimar intervenciones ilegales. Nuestro marco jurídico, nuestra tradición de política exterior basada en la no intervención, la solución pacífica de controversias y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, consagrados en la Constitución Mexicana y en normas internacionales, debe ser defendido con firmeza. El Movimiento Antorchista Nacional lo ha señalado con sentimiento de causa: todos los hombres y mujeres que luchamos por un mundo mejor debemos unirnos a ese llamado.
Estamos ante una encrucijada: aceptar que el derecho internacional se ha vuelto letra muerta o reafirmar que la soberanía y la autodeterminación no son meros slogans de la ONU, sino principios que garantizan la paz y la justicia entre los pueblos. La agresión estadounidense a Venezuela y las amenazas sobre Groenlandia no son solo asuntos de distancia geográfica o de potencias lejanas; son un aviso de que, sin unidad política y conciencia jurídica, los pueblos pueden perder aquello que con tanto esfuerzo y sacrificio han defendido.
Los Antorchistas invitamos a la sociedad mexicana y latinoamericana a hacer conciencia del grave riesgo que corren nuestras naciones, por lo que no debemos permitir que el miedo o la indiferencia normalicen lo inaceptable. Los tiempos actuales exigen un contingente de revolucionarios conscientes, organizados y dispuestos a luchar para que México sea verdaderamente gobernado por su gente y no por élites entreguistas.
Defender la soberanía no es un acto de promesas al aire: es una tarea histórica. La historia nos observa, y nuestra obligación es estar a la altura para defender con dignidad, la herencia y la memoria de los pueblos que han luchado por su derecho a la libre autodeterminación.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario