En la actualidad, no existe ninguna garantía para alimentar a la población en su totalidad. El problema alimentario tiene variadas aristas, como el desarrollo del campo en su conjunto, la pobreza y la marginación, la seguridad alimentaria y el aprovechamiento de los recursos naturales.
No existe garantía a nivel mundial de que se asegure una alimentación adecuada para todos los seres humanos. De la misma manera que en 2022, se extiende un panorama sombrío en donde existen “muchas preguntas y pocas respuestas” para solucionar este grave problema, pues son varios factores que se van empalmando, explica Mario Labetkin, subdirector general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
Según el experto, “el año pasado sabíamos que no había problemas en la producción alimentaria de ningún tipo pero nuestros técnicos no saben para este 2023 si vamos a lograr o no mantener los niveles de producción alimentaria necesarios”.
Sólo este dato debería preocupar a la 4T para que tomara cartas en el asunto, apoyando al campo mexicano para ser autosuficiente en granos y brindar una alimentación adecuada a la población en general.
Si los organismos internacionales como la FAO no tienen una respuesta, nosotros sí deberíamos de tenerla y exigirle al Gobierno federal que atienda tan grave problema.
Labetkin refiere que luego del último año en que la incertidumbre sobre el costo de los alimentos -y el riesgo de desabasto por el problema de la guerra en Ucrania- llevó a los países a ensayar diversas medidas para lograr el acceso a ellos, entender la seguridad o inseguridad alimentaria “no se limita al plato de comida, escala a la dimensión de la estabilidad socioeconómica de un país.
Pocos países atienden en su totalidad el desabasto de alimentos y hay una completa desarticulación regional. En América Latina y el Caribe vivimos todavía el efecto covid, en el cual todos estamos hacia adentro sin poder salir del problema.
La política aplicada en nuestro país desde décadas anteriores a la puesta en marcha de lo que se conoce como neoliberalismo, han derivado en una situación de completa rendición de la política alimentaria de México. En nuestro país la dependencia alimentaria ha ido en aumento, y esto se ha dado con la plena participación de la política agropecuaria, que no sólo ha desmantelado las instituciones que favorecían el desarrollo del medio rural sino que además, ha contribuído a golpear, con la Constitución en la mano, principalmente a los pequeños y medianos productores, así como a los campesinos indígenas.
En el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), los ministros de Agricultura han tratado de llegar a un acuerdo, sin embargo, el problema se ha agudizado entre 2015 y 2023 por la situación económica en la región que es realmente muy precaria.
En América Latina y el Caribe, el costo de los alimentos tiene un peso de 11 por ciento sobre la inflación general, por encima de la media mundial. La inseguridad alimentaria se desdobla hacia otros campos como la salud y las finanzas públicas. Antes se hablaba sólo de hambre, a nivel global 828 millones de personas la padecen y 56 millones en América Latina. No solamente es darle de comer a la gente, sino nutrirla adecuadamente.
“La FAO calcula que en América Latina hay 131 millones de personas que no se alimentan correctamente, prácticamente una de cada cinco habitantes en la región”, publica el diario La Jornada, 22/03/2023.
A nivel global son 3 mil millones de personas con carencias en la nutrición, sobre un total de 8 mil millones.
Ante este oscuro panorama urge que la 4T tome cartas en el asunto ya que “en México está latente una escasez de alimentos debido a varios factores como lo son la especulación y la falta de apoyo al campo".
Se deben establecer políticas públicas que vayan dirigidas a aumentar la producción de alimentos en nuestro país, tratar de incrementar la producción de granos como maíz, frijol y otros cultivos.
Si se quiere incrementar la producción de alimentos, el gobierno de la 4T debe implementar programas de apoyo y políticas públicas que beneficien a la población más vulnerable y sobre todo evitar el desabasto. Es vergonzoso que México sea el segundo país importador de maíz solo después de China con 181 millones de toneladas.
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