El capitalismo como sistema económico ha originado en la mayoría de los países una creciente desigualdad que origina diversas carencias sociales, entre las que se encuentran la pobreza, el desempleo, el acceso a la salud y la exclusión, así como la falta vivienda, insuficiencia esta última que afecta en México a 7.6 millones de hogares que requieren 8.2 millones de casas, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2021.
Si bien en nuestro país la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”, el gobierno federal en el 2023 solamente ha implementado tres programas enfocados principalmente a restaurar y ampliar edificaciones dañadas por los sismos del 2017 y 2018: 1.- Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), 2. - Programa de Vivienda Social (PVS), y 3. - Programa por una Mejor Vivienda. Por lo que la compra de un predio para construir una casa se rige por el libre mercado entre particulares y la construcción de zonas habitacionales manejadas por las inmobiliarias.
En el Estado de México el valor promedio de un metro cuadrado de terreno en una zona popular oscila en los tres mil pesos, lo que significa que adquirir un predio de 120 metros cuadrados cuesta 360 mil pesos. Y la construcción de una casa de interés social de 58 metros cuadrados cuesta aproximadamente 400 mil pesos; de interés medio de 240 metros cuadrados vale tres millones 500 mil pesos y la edificación de una vivienda residencial en 505 metros cuadrados supone invertir 12 millones de pesos, según el análisis del GRUPO QVICK, Arquitectura, Ingeniería y Auditoría.
Por tanto, la adquisición de una vivienda nueva en México, de acuerdo con Habitat International Coalition (HIC), solo es accesible para quienes perciben más de cinco salarios mínimos, lo que representa un sueldo de más de 30 mil pesos mensuales y que deja afuera del mercado inmobiliario a 6 de cada 10 trabajadores, ya que más de 14 millones gana solamente un salario mínimo y cerca de 20 millones gana lo de dos salarios mínimos, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi 2021.
Hasta el 2021, el Inegi informó que, de los 35 millones de casa habitadas, el 17.3 por ciento de los mexicanos paga renta y el 12.7 por ciento vive con algún familiar, esto sobrepasa los datos del Instituto Nacional de Estadística, pues significa que hay un déficit real de vivienda de 10 millones 500 mil.
Además, el Inegi reportó en su más reciente encuesta que el 41.3 por ciento de la vivienda en México es chica al medir de 56 a 100 metros cuadrados; 7.5 millones de casas son viejas al contar con más de 31 años de construcción; cerca de 15 millones de hogares presenta grietas, así como filtraciones; más de la mitad de la población no tiene acceso a créditos hipotecarios; el 53.7 por ciento son casas autoconstruidas; y el 65.4 por ciento las construyeron con recursos propios.
Para miles de mexicanos, ante la falta de una política social del gobierno que proporcione vivienda de acuerdo a sus posibilidades y el alto costo que significa adquirir con las inmobiliarias un crédito con intereses elevados, la única opción factible, señaló el dirigente popular en el noroeste mexiquense, Héctor Javier Álvarez Ortiz, es conformar el grupo de solicitantes de predios, una opción del Movimiento Antorchista para que, mediante la gestión ante los gobiernos estatales y propietarios particulares, las familias de bajos ingresos adquieran de forma legal sus terrenos a bajo costo y en pequeñas mensualidades, lo que facilita la autoconstruyan de sus hogares. Tan solo en los municipios de Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli más de tres mil familias hoy cuentan con una vivienda, en donde la mitad ya está escriturada por el Instituto Mexiquense de la Vivienda social (Imevis) y el resto se encuentra en proceso de regularización.
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