“La seguridad en México en lo que respecta a los años 2018 a 2020, arroja que la tasa de homicidios se ha quedado estancada en su punto más alto, a pesar del hecho de afrontar la pandemia mundial de covid-19, con un índice de 29 homicidios por cada 100,000 habitantes”, -de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI-. Además de que el mismo INEGI documentó 36,579 homicidios en todo 2020, un número apenas menor a los 36,661 de 2019 y los 36,685 de 2018 que contabiliza el organismo con base en un análisis de las defunciones registradas.
En su portal, se pueden leer los siguientes datos, y dice: “los estados con una menor tasa en 2020 fueron:
Yucatán (3), Aguascalientes (6), Campeche (8) y Coahuila (8).
Aquellos estados con mayor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fueron:
Colima (95), Chihuahua (92), Guanajuato (87), Baja California (78) y Zacatecas (76).
Los estados que resultaron más altos por homicidios absolutos fueron:
Guanajuato con 5,373, Chihuahua con 3,467, Estado de México con 3,089, Baja California con 2,964 y Michoacán con 2,400”.
Estos datos que se presentan tienen que cimbrar al gobierno federal, porque a pesar de los discursos melosos que se dan todas las mañanas, los hechos demuestran una realidad distinta a la que se quiere hacer creer al pueblo mexicano.
Dice el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados “En 2020 se estimó que el impacto económico de la violencia fue de 4.7 billones de pesos, es decir, el 22 por ciento del PIB, o el equivalente a 15 veces al gasto en seguridad, que es de 36, 893 pesos por persona”. Estos datos emitidos por la Cámara de Diputados contravienen las afirmaciones del presidente López Obrador por más que se empeñe en proyectar un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad en el país.
Veamos como las palabras no se han traducido en hechos automáticos. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, este año se aprobaron recursos a la seguridad nacional por $136,081 millones de pesos, lo que representa un incremento del 14.4%, en comparación con lo aprobado para el año 2020.
El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados (2021) refiere que “el incremento al presupuesto que se destina al rubro de seguridad nacional en México no se ha reflejado en un menor nivel de violencia en el país”.
El Financiero -21 de julio del 2021- “La violencia sube y sube: Van 91 mil asesinatos en la 4T”. Se han registrado más de 91,000 homicidios dolosos y feminicidios en el país, sumado a que se ha recrudecido la violencia, reflejada en masacres y enfrentamientos entre población civil y grupos del crimen organizado en entidades como Tamaulipas, Zacatecas, Chiapas y Michoacán.
La política de “abrazos, no balazos” no ha funcionado como tal. El crimen organizado ha seguido reclutando a jóvenes y adultos, a pesar de sus declaraciones de que con su programa de “Jóvenes construyendo el futuro” han impactado en el crimen. Las condiciones de pobreza de la inmensa mayoría de los mexicanos los orillan a enrolarse en el crimen organizado y no organizado.
Con respecto a Chihuahua, fueron 3 mil 467 homicidios en el 2020, según el INEGI, lo que representa un 23.2 % más del informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el mismo año, con 2 mil 814 crímenes, cuya fuente principal son las fiscalías.
La Cámara de Diputados asentó un severo golpe a la seguridad el pasado 11 de noviembre de 2020, cuando aprobó eliminar del presupuesto el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, lo cual repercutió a 248 municipios, entre ellos Juárez y Chihuahua.
Sumado a esto, la cancelación del Fortaseg generará severas implicaciones en los índices de incidencia delictiva, porque con este apoyo financiero era posible obtener chalecos, pistolas, patrullas, cámaras, aumentos salariales y nuevos sistemas de inteligencia.
A tres meses de concluir el año, se han registrado 1,919 muertes violentas en el estado, el promedio diario de homicidios ascendió a 7.03%, según las cifras oficiales. Además de la pandemia, nuestro país también enfrenta una creciente violencia, corrupción, impunidad, el poder de las organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Las palabras y las promesas no pueden resolver la profunda crisis de seguridad pública.
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