La defensa de Ignacio Ovalle Fernández, exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), hecha por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera del lunes 03 de abril, pone una vez más en entredicho las afirmaciones de éste, con respecto al combate de la corrupción, ya que, aunque insiste, una y otra vez, en que su administración se distingue por una tolerancia cero a la corrupción, sus acciones dicen lo contrario.
Días anteriores, ante miles de simpatizantes y militantes de Morena en el Zócalo de la Ciudad de México en el mitin del sábado 18 de marzo, convocado con motivo del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, López Obrador afirmó: “Ahora no hay simulación, de verdad se combate la delincuencia organizada y de cuello blanco porque no hay corrupción, no hay impunidad ni existen relaciones de complicidad con nadie”.
Sin embargo, un informe publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República afirma que, durante su sexenio se ha registrado una disminución en la apertura de carpetas de investigación y sanciones por el delito de corrupción, que no se ha traducido en “una política de Estado coherente, articulada y efectiva que contribuya a revertir el problema de la impunidad”.
Así, datos y casos específicos que han ocurrido durante la presente administración, demuestran que la realidad no va acorde con el discurso presidencial. La prensa ha dado cuenta puntual y documentada de casos de amiguismo, nepotismo e influyentismo, aunque todos y cada uno de ellos, el presidente los ha rechazado y los ha presentado como ataques a su persona, a su familia y a elementos destacados de su gabinete, de los que él llama conservadores, debido a los cambios radicales que su gobierno ha implementado desde que él asumió el poder.
Con este argumento defendió los casos de Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara, David León Romero, Irma Eréndira Sandoval, Pablo Amílcar Sandoval, Ricardo Rodríguez Vargas, Alejandro Esquer Verdugo, Carlos Lomelí Bolaños y Delfina Gómez; también los casos sonados de su hermano Pío López Obrador, su prima Felipa Guadalupe Obrador Olán y el de su hijo José Ramón López Beltrán, por mencionar algunos.
Ahora toca turno a Ignacio Ovalle, exdirector de la empresa del Estado, Segalmex, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó irregularidades por más de 15 mil millones de pesos. Denuncias y señalamientos de corrupción en dicha dependencia, vienen desde 2019 con el otorgamiento de cientos de millones de pesos en contratos sin licitar, según la ASF; en 2020, la Asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que Liconsa operó una red de corrupción a través de convenios multimillonarios para el secado de leche firmados con empresas como Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac), el extravío de estados financieros y el otorgamiento de contratos a empresarios ligados a la red de seis empresas fachada que ganaron 797 millones de pesos que ahora construyen desarrollos inmobiliarios de lujo en Yucatán a través de la inmobiliaria Aura. Presuntamente Ovalle autorizó inversiones ilegales por 950 millones de pesos en la compra de bonos bursátiles utilizando presupuesto de la dependencia, así como de la adquisición fraudulenta de siete mil 800 toneladas de azúcar que no fue entregada y el cobro de “moches”.
Con estas denuncias de corrupción a cuestas, en abril de 2022, Ignacio Ovalle, es relevado por Leonel Cota Montaño en la dirección de Segalmex, y es nombrado por López Obrador, como director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, ya que, en su opinión, es una persona honrada.
Sin embargo, con las irregularidades encontradas en el tercer informe de la cuenta pública 2021 de la ASF, el monto del desfalco ascendió a 15 mil 300 millones de pesos, el doble de la llamada Estafa Maestra (siete mil 600 millones), por la que Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sedesol y la Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto, purgó tres años en prisión preventiva acusada por el delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión, al ocasionar daño al erario público.
Cabe preguntarse, ¿qué pasará con Ignacio Ovalle, cabeza visible de los casos de corrupción ocurridos en Segalmex?, ¿se castigará con cárcel como se ha hecho en casos similares? Por lo pronto, ante la gravedad del caso y el cuestionamiento de la prensa, López Obrador lo defendió diciendo: “Yo tengo una opinión de él buena. Lo considero una gente con principios, gente honesta, no lo considero una persona corrupta ...” y aunque afirmó también, que si Ovalle tiene responsabilidad tiene que asumirla; habrá que ver el desenlace de estos casos de corrupción ocurridos en la empresa encargada de garantizar la venta de productos de la canasta básica y de primera necesidad a precios subsidiados, encabezada por varios años, por un supuesto hombre honrado, del que tiene buena opinión el presidente, pero que las investigaciones institucionales muestran lo opuesto.
Los mexicanos tenemos que darnos cuenta de que vivimos tiempos en los que se utiliza una doble vara para medir a quienes cometen corrupción; no importa que se diga un gobierno honesto, con tolerancia cero a la corrupción porque, por un lado, están “los anteriores, corruptos y conservadores” que merecen ser juzgados y encarcelados y por otro, políticos que forman parte de la administración actual de los que se tiene “buena opinión” y no se les considera gente corrupta y por tanto, permanecen en el puesto o bien sólo cambian de lugar, sin tener mayores consecuencias.
Hay que saber que para acabar con la corrupción no puede haber la pura persecución y encarcelamiento de los corruptos del pasado, mientras queden impunes los del presente. Se necesitan medidas de control, supervisión y transparencia en el manejo de los recursos públicos y la mano firme para el cese fulminante de los infractores.
Esto es lo único que puede impedir que el fenómeno de la corrupción siga medrando e incrementando; lo otro, es simulación y farsa, perseguir a los corruptos de antes mientras se perdona y hasta se encubre y protege abiertamente a los ladrones actuales. Seguir una política así convierte al problema en un cuento de nunca acabar.
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