El decrecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB), que es la medición del volumen de la riqueza producida por un país durante un año, le ha servido al actual Gobierno federal y al presidente Andrés Manuel López Obrador, desde 2018, para cobrarle factura a los pobres del país, aunque de palabra él diga lo contrario. Es fácil contrastar los datos para saber a quién ha afectado el decrecimiento del PIB, sumado a los efectos de la pandemia como las condiciones generales de la economía mundial, pues la fortuna de los potentados se ha elevado y varios de ellos han escalado posiciones en el ranking de riqueza acumulada.
Los pobres, por el contrario, además de aumentar en su número, son más pobres en cuanto a la proporción de riqueza que reciben por concepto de salarios o actividades productivas en general; su patrimonio se reduce básicamente a ser los poseedores de la fuerza de trabajo que venden sin que su costo signifique, siquiera, el equivalente del costo de los productos de la canasta básica que cada vez menos porque, con la inflación galopante, se elevan los precios de las tortillas que en entidades como Sonora rebasan los 30 pesos por kilogramo, o del kilogramo de los chiles serranos que aumentó en un 61 por ciento, la cebolla 41 por ciento. El precio del aguacate incrementó en un 18 por ciento, el aceite comestible 9.2 por ciento y el huevo 8.3 por ciento.
Y los salarios, salvo el aumento al salario mínimo que es el que gana una ínfima minoría de trabajadores, el cual aumentó sólo unos cuantos pesos, hace relativamente poco tiempo, y que ha desaparecido por completo con el aumento de la inflación porque los altos precios de los productos lo han vuelto inútil o nulo de plano. El salario mínimo en México ya no sirve para tener una vida digna y decorosa como la que se necesita y a la que tienen derecho todos los mexicanos sólo por el derecho de serlo y por estar establecido así, claramente, en la constitución general de la república, sino simplemente para tener la oportunidad de subsistir.
Este problema, aunado a que el gobierno secuestró el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para gastarlo sólo en sus obras emblemáticas, pero totalmente ajenas e inútiles a los intereses de la población, sobre todo de la más marginada, necesitada y empobrecida del país, así como a la entrega de dinero en directo a quienes los Servidores de la Nación escogieron a su contentillo y bajo sus muy particulares intereses partidistas, que traslucen su evidente criterio político y electorero con intención de comprar conciencias, lealtades y votos por anticipado a las elecciones de todo tipo, pero ha dejado de invertir en obra pública, en salud , en educación, en vivienda, en servicios elementales como agua potable, drenaje, luz eléctrica, los cuales la ciudadanía no puede costear con los apoyos directos que le da el gobierno y que representan la mayoría de sus necesidades apremiantes para poder sobrevivir de la inmensa mayoría de los mexicanos, y que es obligación del gobierno solventar con el dinero que recauda, vía impuestos que pagamos todos.
Fundamentalmente los pobres, que, por ser más de 100 millones, mediante la carga tributaria pareja que lo mismo hace pagar el 16 por ciento a una persona de la tercera edad desempleada que, a la persona más rica del país, la proporción recaudada por concepto de impuesto a los pobres es muy desproporcionada dicha carga a la hora de cobrar los impuestos, y más injusta a la hora de retribuirlos a través del gasto público.
La carestía, el desempleo, los bajos salarios, el cobro de impuestos sin tomar en cuenta las diferencias objetivas entre los mexicanos, y el desequilibrado gasto social, que beneficia a la población de mayores ingresos, agrava la de por sí, injusta distribución de la riqueza derivada de un sistema y un modelo económico eficiente para producirla, pero terriblemente deficiente a la hora de distribuirla, lo que hace que cada vez, seamos los pobres los que terminemos pagando los costos de todos los problemas, que se agravan día con día por las decisiones mal tomadas por el gobierno, lo que hace necesario la organización y politización, así como la decisión de buscar el poder político que sirva a los intereses de todos, fundamentalmente de quienes más lo necesitan.
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