El pasado 29 de julio se entregó la cuenta pública del Gobierno del Estado 2019 y el 29 de septiembre se presentó la del 2020, ambas ante la Cámara de Diputados locales para su análisis y aprobación. En una y otra cuentas se presentaron graves irregularidades que sorprendieron a la opinión pública, pues tratándose de un gobierno que hace alarde de la honradez y del combate a la corrupción, todo mundo esperaba un informe pulcro, claro y libre de toda sospecha de malos manejos de los dineros de los veracruzanos. Pero no fue así. Todo lo contrario: en el informe de 2019, en general presentó un presunto daño patrimonial de 2 mil 636 millones sumando todas entidades estatales y municipales, y concretamente del gobierno del estado el daño ascendió a la cantidad de 566 millones de pesos y en la cuenta pública del 2020 de nuevo aparece un presunto daño patrimonial de 1,886 millones de pesos, de los cuales, corresponden otro daño a las áreas que dependen directamente del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, la cantidad de 171 millones de pesos.
Los medios han dado a conocer la noticia y no han puesto mucho énfasis en la gravedad del asunto. El mismo Ejecutivo se ha quedado callado al respecto, como si nada pasara. Por lo que creo necesario que la opinión pública debe reflexionar muy en serio estas fallas en los manejos de los dineros públicos y tratar de entender qué es lo que está sucediendo en las entrañas de la actual administración morenista, encontrar las causas profundas de estas enormes cantidades de dinero que aparecen como presunto daño patrimonial, pues se ha criticado mucho, y con razón, a las anteriores administraciones por actos de malos manejos de los recursos del presupuesto de Veracruz y de que dichos malos manejos han hundido al estado en una enorme deuda y en una crisis de falta de obra pública en la entidad, mantienen en el atraso al campo, un pésimo sistema de salud, falta de vivienda y de una gran inseguridad.
Debemos analizar si estos resultados son producto de la ineficiencia para gobernar y administrar los recursos de los ciudadanos o son consecuencia de la corrupción de los actuales funcionarios estatales. Cualquiera que sea la causa, se trata de un asunto delicado que golpea de manera directa a los veracruzanos, ya que la red carretera y de caminos rurales están destruidos por falta de mantenimiento y dificulta el tránsito de las personas y provocan la descompostura de los vehículos; los centros de salud están abandonados, sin personal suficiente ni medicamento; a las escuelas no se les ha invertido dinero para ponerlas en condiciones para tomar clases; faltan obras de primera necesidad en las colonias y pueblos del estado, agua potable, drenaje sanitario, electrificaciones, pavimentación de calles, y la infraestructura deportiva y el deporte están olvidados, al igual que la cultura y no se han implementado suficientes programas de apoyos alimentarios ni a la vivienda.
Sean por ineficiencia o por corrupción dichos actos de malos manejos del erario deben ser denunciados para que se les ponga un alto desde ahora y no esperemos hasta el final de la administración para quejarnos de que volvieron a desfalcar las arcas del gobierno de Veracruz y de que los funcionarios se hicieron millonarios tal como ha sucedido en administraciones anteriores. Ahora es el momento, después ya no tiene mucho caso. Ahora es cuando debemos obligar al gobierno a que invierta el dinero bien, el dinero del presupuesto en obras de beneficio para toda la población. Ya después ni llorar es bueno.
En los medios de comunicación se han ventilado casos de corrupción en el gobierno estatal, denuncias de enriquecimiento de funcionarios públicos como el secretario de Educación, Zenyazen Escobar; de que el 70% de la poca obra pública que se realiza no se licita sino que se entrega por adjudicación directa a los constructores que el gobierno determina, lo que ha provocado señalamientos de empresarios de que en las dependencias se piden moches de entre un 20 y hasta el 30% del costo total de las obras para que los dejen trabajar, por lo que éstas son realizadas con materiales de mala calidad y, por lo tanto, susceptibles a destruirse fácilmente. Un ejemplo, fue la rehabilitación de la carretera Alto Lucero-Xalapa, recién inaugurada en junio, en la que un tramo quedó completamente destruido tras el paso del huracán Grace en agosto pasado, a pesar de que el gobernador Cuitláhuac García había presumido en sus redes sociales que la obra era de calidad pues se le habían invertido 20 millones de pesos.
También hay obras cuya construcción está abandonada, como diversos centros de salud en municipios con alta marginación como Filomeno Mata, Soteapan, Mecayapan y Ayahualulco; carencia de servicios básicos como agua potable en colonias como la Unidad Antorchista de Mandinga y Aquiles Córdova Morán de Antón Lizardo, municipio de Alvarado, por poner unos ejemplos, porque hay muchos lugares en donde existe esta carencia. Es claro que debido a los malos manejos del gobierno estatal las obras se hacen mal o no se concluyen, afectando directamente a la población.
La ineficiencia proviene de la falta de capacidad de las personas, de la falta de estudio y de preparación y la corrupción no tiene causas subjetivas, sino que es de carácter objetivo. Ésta surgió con la propiedad privada en los albores de la humanidad, del deseo de acumulación de riqueza de las clases poseedoras y solo se acabará cuando desaparezcan las bases materiales que le dieron origen, de tal modo que el problema no se corregirá con las prédicas morales del presidente López Obrador y sus seguidores, de tal manera es posible que estos malos manejos del gobierno de Veracruz sean producto de la corrupción que no se ha acabado sino que se ha incrementado como lo señaló recientemente el Inegi. La transformación social en la cual desaparezca la corrupción y exista un gobierno verdaderamente eficiente al servicio del pueblo solo será posible cuando éste se organice y tome conciencia de la necesidad de que el poder público debe estar en sus manos.
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