Conforme han avanzado los días y nos hemos allegado información, se va confirmando el hecho de que al ingeniero Samuel Aguirre Ochoa se le quiere involucrar en una serie de actos delictivos con los que se pretende, en primer lugar, manchar su imagen y, en segundo término, encarcelarlo. Operación que, por su naturaleza, es evidente que está siendo orquestada por encumbrados políticos con oscuros antecedentes, con apoyo de funcionarios de alto nivel del gobierno de Veracruz y, probablemente, también del gobierno federal. Según los datos de los que disponemos, las cosas han ocurrido más o menos así:
1. El 17 de febrero de 2021, fue elaborado un poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio limitado, en beneficio de una persona a la, para guardar las formas legales, llamaremos Eduardo “N”, en la Notaría Pública 21, de la ciudad de Naolinco, cuyo es titular es el Lic. Octavio Pérez Escobar. Eduardo “N” utilizó una credencial de elector falsificada en la que, a pesar de contener algunos datos del Ing. Samuel Aguirre, se puede observar que la fotografía y la firma utilizadas no corresponden a las del líder de Antorcha en Veracruz.
El notario, coincidentemente, es hermano de Reynaldo Escobar Pérez, ex secretario de Gobierno con Fidel Herrera y ex procurador de Justicia al inicio de la gestión de Javier Duarte; durante su época como secretario de Gobierno, también se trató de fabricar una causa penal contra el ingeniero Samuel Aguirre, acusándolo de homicidio, señalamiento que se demostró como falso.
Debido a estas circunstancias, es probable que el notario conozca al Ing. Samuel Aguirre Ochoa, a pesar de esto ¿no se percató de que se estaba usurpando su identidad para fabricar un poder notarial a favor de Eduardo “N”? ¿Alguien con el suficiente poder, torció su voluntad y lo obligó a quebrantar la ley o él mismo estaba de acuerdo, confiando en que su acción delictiva no sería castigada y quedaría impune, gracias a la protección de aliados influyentes en el gobierno? Son preguntas que el notario deberá responder ante autoridad competente.
2. Con el poder notarial, Eduardo “N” y Vicente “N”, un supuesto “corredor inmobiliario independiente”, se dedicaron los siguientes meses a buscar compradores para un predio ubicado en la colonia Arroyo Blanco de Xalapa, que está escriturado legalmente a nombre del Ing. Samuel Aguirre desde hace 33 años y que hasta la fecha se encuentra bajo posesión de él.
En julio de 2021, lograron vender una porción del terreno a una mujer de nombre María Nayeli “N”, quien sostiene haber entregado la cantidad de 180 mil pesos en la Notaría Pública 16, aunque no recibió la parte del predio que había adquirido ni su dinero de vuelta. Por ello, el 19 de noviembre, interpuso una denuncia en contra de los dos personajes y del Ing. Samuel Aguirre, legítimo dueño del predio. A raíz de esto último tuvimos conocimiento de los hechos, el pasado 24 de noviembre, debido a la notificación judicial que llegó a las oficinas estatales de Antorcha.
3. Sin embargo, un mes ante de que María Nayeli “N” pusiera la denuncia, el 21 de octubre, Eduardo “N” y Vicente “N”, vendieron el predio a dos particulares Edgar “N” y Julio “N”, por un monto superior a los dos millones de pesos, como consta en las copias certificadas de los contratos de compraventa obtenidos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Vale la pena preguntarse, ¿por qué si en octubre los dos estafadores dispusieron de esa cantidad de dinero, no liquidaron los 180 mil pesos que María Nayeli “N” les reclamaba? ¿son tan torpes como para dejar un cabo suelto? ¿No sabían, Eduardo y Vicente que, si María Nayeli no recibía su dinero de vuelta, denunciaría el hecho y el verdadero dueño del predio se enteraría, con lo que se pondría en riesgo su estafa, hasta ese momento encubierta? No, nada de eso, esto es precisamente lo que pretendían.
Por información de diversos conocidos y de los propios vecinos de Arroyo Blanco, nos hemos enterado de que el predio se ha intentado vender muchas más veces, incluso después de octubre.
Parece ser que el objetivo principal es realizar muchas ventas del mismo predio a diversas personas, a las que obviamente no les entregarán ni el terreno ni su dinero de vuelta, lo que provocaría una lluvia de denuncias penales contra nuestro dirigente estatal. Con ello, lograrían sus objetivos principales: manchar la imagen del Ing. Samuel Aguirre, provocando un escándalo mediático y, además, mantenerlo ocupado en su defensa legal e incluso dejar abierta la posibilidad de fincar algún tipo de responsabilidad penal, obviamente torciendo la ley como acostumbran hacerlo.
Todos estos hechos ya han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado, entre el viernes 10 y el lunes 13 de diciembre, señalando a todos y cada uno de los participantes, pues se han actualizado diversos tipos penales como FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, USURPACIÓN DE IDENTIDAD, USO DE DOCUMENTOS FALSOS y DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA. Por los hechos narrados, es evidente que existe complicidad entre todos los participantes. A raíz de las denuncias han ocurrido dos hechos “curiosos”:
Primero. El 14 de diciembre, el artículo en donde el Ing. Samuel Aguirre denunciaba los hechos fue borrado de su página oficial en Facebook, luego de 5 días de estar en circulación y haber alcanzado a más de 60 mil personas y de que diversos medios de comunicación del estado y del país lo retomarán. Nos llegó un aviso: el artículo violaba las reglas de la comunidad de esta red social. Para lograr que FB bajará el texto, se debió poner en acción una costosa y tardada operación para denunciar el artículo. ¿Quién tiene la capacidad económica para hacerlo?
Segundo. El 15 de diciembre, un grupo de patrullas de la Fuerza Civil y vehículos particulares realizó por varios minutos rondines en la colonia Unidad Antorchista del puerto de Veracruz, los policías y sujetos desconocidos estuvieron fotografiando y filmando diversos espacios de la colonia, sus calles y las casas de los vecinos en una evidente acción intimidatoria contra los colonos antorchistas. Hasta un helicóptero sobrevoló la colonia por varios minutos. ¡Un helicóptero! Tras la relatoría previa, solo alguien ingenuo podría creer que estos hechos se tratan de una mera coincidencia.
Nadie debe olvidar que hace un año, en este mismo lugar, fueron secuestrados 4 integrantes del Movimiento Antorchista y en los días previos también se observó a carros y taxis halconeando la zona. ¿Qué es lo que se pretende ahora? Sepan que lo que sea que busquen no lo van a conseguir.
Ahora el asunto está en la cancha de las autoridades, las acciones y la voluntad que ponga la Fiscalía del Estado para esclarecer los hechos y castigar a los culpables será el termómetro para medir, hasta qué punto y en qué grado se encuentran involucrados funcionarios del Gobierno estatal o si, simplemente se trata de una banda de estafadores profesionales que, por mera coincidencia, decidieron usurpar la identidad de un líder social ampliamente conocido, respetado y querido en el estado para cometer sus fechorías. Un simple desliz de principiantes que; sin embargo, se contrapone frontalmente con la profesionalidad delictiva con la que han actuado hasta el momento.
Si la Fiscalía, en lugar de ejercer las acciones que le corresponden con pericia y rapidez, obstruye el proceso, impone trabas legaloides o realiza cualquier artimaña para retrasar dolosamente la investigación, lo denunciaremos como prueba manifiesta de que siempre hemos tenido razón: todo se trata de una trama para reprimir a nuestro dirigente estatal y, con él, a todo el antorchismo veracruzano. Mantendremos puntualmente informada a la opinión pública de los pormenores del caso. Pues los antorchistas no mentimos nunca, ni siquiera en defensa propia.
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