Son muchos los factores y elementos que confluyen en lo que llamamos inseguridad, uno de los problemas más lacerantes y sensibles que vivimos los ciudadanos al vernos afectados en nuestra integridad física o moral, en nuestro patrimonio como en el de nuestros seres queridos. La inseguridad ha incrementado notablemente en los últimos tres años.
Esos múltiples factores hacen de la inseguridad un problema complejo, pero el mismo desarrollo de la sociedad ha ido perfeccionando los mecanismos para lograr que el conjunto social funcione en beneficio de sus integrantes, en paz y armonía.
Esto se refleja en las leyes que cada sociedad establece para regular la vida ciudadana, de manera que el conjunto de leyes nunca es para perjudicar a nadie, sino para beneficiar a todos, es decir, deben estar elaboradas, como dijo Mariano Otero “… la buena ley realiza el milagro de reducir la pluralidad a la unidad mediante la inclusión de todos los intereses y puntos de vista, compatibilizándolos entre sí hasta donde es posible…”. Para lograr que los ciudadanos vivan seguros, el conjunto social debe elaborar buenas leyes y hacer que se cumplan.
En el caso de México, tenemos una constitución que trata de algunos de estos elementos en todo su cuerpo, principalmente en el artículo primero que dice que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
También el derecho internacional, de algún modo, ha establecido a la seguridad ciudadana como un derecho fundamental; por ejemplo, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
Así, todo ser humano, por el simple hecho de estar vivo, es poseedor y benefactor de estos derechos, pero, por complemento, todo ciudadano que quiera pertenecer al conjunto social, por ejemplo, todo el que quiera ser mexicano por derecho, debe conocer las leyes mexicanas, por lo menos en general, y aceptarlas, atenerse a los límites que estas le imponen, so pena de caer en contradicción con ellas, lo que lo pondría fuera de la ley y lo convierte en merecedor de los castigos que esta misma establece. No hay más, hay responsabilidad de los ciudadanos que deben respetar la ley, y la hay de las instituciones que son las que están obligadas a respetar y hacer respetar la ley.
A eso podemos atenernos como hilo principal, y sobre todo a la parte que le corresponde a las instituciones, pues no podríamos meter en tan poco espacio las ideas acerca de la “maldad” o “bondad” de los hombres, a su tendencia “natural” o “social” a violar o a respetar las leyes; en este terreno solamente diremos que el egoísmo y el abuso son frutos sociales de la división de los hombres en clases sociales, de su lucha histórica por dominar o no dejarse dominar de las otras clases y que la superación histórica de toda esta trama no podrá suceder sin la desaparición (por evolución) de esa división en clases. Pero eso será en un futuro muy lejano todavía y, mientras, ya urge que formemos un conjunto social que garantice el respeto a todos los derechos humanos, entre ellos el de la seguridad.
Además de que el castigo justo para quienes se vean en la disyuntiva de respetar o de violar la ley y se atrevan, por lo que sea, a lo segundo, también corresponde a las instituciones, para que no haya nada de lo que hoy vemos que sucede y nos espanta: abuso de autoridad, uso de la ley como garrote político, cohecho, corrupción, impunidad.
Hoy vemos con preocupación como el estado de Campeche, por ejemplo, vive un inédito incremento en la incidencia delictiva en el estado. Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) muestran que, en el primer bimestre de 2022, fue el estado con mayor incremento en el número de carpetas de investigación, al pasar de 356 expedientes iniciados por algún hecho ilícito, ocurrido entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2021, a 3 mil 825 en el mismo lapso de 2022, lo que representa un alza de 974 por ciento.
Ese incremento de la inseguridad, además de estar en los números, que no mienten, está en la percepción real de los ciudadanos que lo sienten en carne propia, en la vida cotidiana del otrora estado más seguro del país, que hoy se convierte, poco a poco, en tierra de conquista para el crimen organizado o no.
Pero hay más, 2021 presentó un incremento de 180 por ciento en la incidencia delictiva comparado con el año anterior, mientras que la primera semana de 2022 fue la más sangrienta del estado en los últimos tres años, y los homicidios se incrementaron 400 por ciento comparada con el mismo período de 2021. Todo esto muestra que inseguridad tiene una clara tendencia a incrementarse desde hace tres años en Campeche. Insisto, los datos no mienten, y muestran una clara tendencia que tuvo un punto de inflexión hace dos o tres años.
Los campechanos y todos los mexicanos debemos entender que el incremento de la delincuencia y de la inseguridad ni es un castigo de Dios ni se debe explicar por la maldad de los hombres, sino que son el resultado inevitable de una sociedad mal estructurada y dividida por las diferencias sociales y económicas que no ha sabido dar a sus ciudadanos trabajo para llevar una vida digna, que le invita a ambicionar bienes y lujos que en los hechos le niega, convirtiendo a los pobres en eternos e irremediables frustrados.
Hoy, la sociedad es productora de enormes riquezas que muy bien alcanzan para dar vida digna a todos, pero que no la distribuye, sino que la concentra para goce de quienes no trabajan, mientras el que la produjo languidece en la más horripilante miseria y hambre.
Como dije arriba, la inseguridad haya su causa en las políticas generales de seguridad de las instituciones y de sus titulares, que no han sabido crear o implementar un verdadero plan de seguridad que vaya más allá de frases rimbombantes para los medios de comunicación como la de “abrazos, no balazos”, que no intenta realmente combatir a la delincuencia, ni desde sus causas ni en sus consecuencias, o que si lo intenta ha fracasado rotundamente y demostrado que están en el lugar equivocado, que no merecen dirigir a esas instituciones, que no merecen estar al frente de México como comunidad social, pues, o no quieren o no saben gobernar.
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