Gran parte de los habitantes de Guerrero tienen empleos informales, es decir, sin prestaciones ni servicios, a pesar de que el estado es rico en ganadería, agricultura, litorales, minería, etcétera. El huracán "Otis", que destruyó gran parte de Acapulco y Coyuca de Benítez, agravó la situación tras dejar sin empleo a miles de personas que laboraban en hoteles, restaurantes, sitios turísticos y a vendedores informales que recorrían las playas y centros turísticos, ofreciendo diversos productos.
A esta situación se suma la inacción de autoridades de los tres niveles de Gobierno: federal, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador; estatal, encabezado por la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda; y municipal, dirigida por la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, todos ellos de Morena, que no hacen nada por frenar la inconformidad de los alumnos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", quienes en los últimos días han protagonizado violentos actos, provocando el cierre de pequeños negocios y tiendas de autoservicio, dejando sin empleo a cajeras, personal de limpieza, personas de la tercera edad que empacan artículos, propietarios de pequeñas tiendas, etcétera.
Queda claro que este Gobierno no quiere a los normalistas, quienes no llevaban armas, reprochó Clemente Rodríguez, padre de uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
Las acciones de los normalistas, que desde 2014 solicitan información sobre los 43 desaparecidos, se agudizaron el pasado 7 de marzo, luego de que uno de sus compañeros falleciera tras ser baleado por elementos de la Policía Estatal en el antiguo libramiento a Tixtla, a la altura de la colonia Indeco.
Según reportes, los jóvenes ignoraron la señal de alto y en respuesta, los oficiales abrieron fuego, asesinando a un joven y dejando gravemente herido a otro. Queda claro que este Gobierno no quiere a los normalistas, quienes no llevaban armas, reprochó Clemente Rodríguez, padre de uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y agregó: En sus discursos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice "abrazos y no balazos", pero está haciendo todo lo contrario porque ahora está tirando balazos a los normalistas, quienes, en venganza, quemaron dos patrullas de la Policía Estatal en Chilpancingo y dos más de la Guardia Nacional en Tixtla.
Esta situación, que provoca miedo y tensión, divide también las opiniones de la población; por un lado, están las personas que respaldan las acciones de los normalistas de Ayotzinapa y, por otro, aquellos que exigen frenar sus tropelías, como el secuestro de agentes de la Guardia Nacional, a quienes también golpearon con saña.
Ante el temor de que radicalicen sus protestas, el Gobierno estatal mantiene blindadas dependencias como Finanzas y el Palacio de Gobierno; mientras tanto, este domingo, ante advertencias de disturbios por parte de alumnos de Ayotzinapa, algunas tiendas departamentales y pequeños tenderetes se mantuvieron cerrados durante varias horas, dejando sin servicio a miles de usuarios y sin trabajo a personas que viven al día.
Cierto, los normalistas se sienten traicionados por el presidente AMLO, quien en campaña prometió esclarecer el caso de los 43 y, a unos meses de que concluya su Gobierno, no ha cumplido la promesa que utilizó como bandera política.
Ante los últimos acontecimientos trágicos, es necesario redefinir el funcionamiento de la Normal Rural de Ayotzinapa, a fin de evitar la manipulación de un grupo que controla el acceso, formación, corrupción educativa y violencia contra los mismos estudiantes, que, inermes, se ven obligados a hacer lo que les ordenan, es decir, son rehenes de los líderes, la sociedad también.
El Gobierno federal está llegando al final de su periodo sin dar respuesta a ninguno de los reclamos de estudiantes y padres por la desaparición de los 43; argumentando abonar a la pacificación, el Gobierno estatal está atado de manos, sólo observa y trata de proteger algunas de sus instalaciones; los Gobiernos de Tixtla (donde se ubica la normal de Ayotzinapa) y de Chilpancingo (donde realizan sus acciones de protesta), todos de Morena, ni siquiera opinan al respecto.
Definitivamente, no debe cerrarse este plantel que es semillero de maestros rurales, pero sí debe redefinirse el funcionamiento de la Normal Rural de Ayotzinapa para que no siga siendo rehén de delincuentes, por el bien de los estudiantes y de la sociedad. Sí a la lucha social, no a los excesos, que sólo provocan miedo y el engrosamiento de las filas del desempleo ante la inacción de autoridades de los tres niveles de Gobierno.
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