Partiendo del principio de que la hoja del árbol solo se mueve con la voluntad del viento, es evidente que quienes pertenecen al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han recibido la orden proveniente de su patrón, el presidente de la República y promotor de la cuarta transformación Andrés Manuel López Obrador, para que traten por cualquier medio, aún con mentiras y actos violentos de acallar la voz de aquellos que no comulgan con su forma de hacer política en el país, acabar principalmente con una de las organizaciones que por más de cuarenta décadas se ha dedicado a trabajar por erradicar la pobreza de la Nación como es Antorcha Nacional.
La persecución hacia los pobres de México es una orden presidencial, donde todos aquellos gobiernos que pertenezcan a Morena, tanto estatales o municipales deben ejecutarla sin pretexto, para lo cual no importa si se inventan delitos en contra de los antorchistas, el resultado final debe ser el haber cumplido con el mandato del patrón.
Ya se ha vivido la artera persecución de líderes antorchistas en Puebla por parte del gobernador Miguel Barbosa Huerta, y ha sido el gobierno de la 4T a través de su Unidad de Investigación Financiera la que ha atentado en contra de miembros de nuestra organización cancelando sus cuentas pero sin explicación alguna, inventando delitos, violentando el Estado de Derecho y las garantías individuales de los mexicanos, transgrediendo los más elementales principios de nuestra Constitución al tratar al pueblo como tropa enemiga en su propia patria.
En los recientes días, el antorchismo nacional vuelve a sufrir las represalias de la 4t a través del Gobierno de Veracruz, ese que encabeza el emanado de Morena Cuitláhuac García, quien desde su llegada al poder ha permitido el incremento de la inseguridad y criminalidad en toda esa entidad, además de que se han acrecentado la pobreza y miseria extrema, aunado a la pésima educación, nulas medidas de salud y desempleo creciente.
De acuerdo a la información de la comunicadora Yamiri Rodríguez, la fabricación de delitos se ha convertido en un arma política en manos de las autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial de Veracruz, como lo constata un citatorio que la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo llegar a la oficina del Movimiento Antorchista en el que se informa a su líder, Samuel Aguirre Ochoa, que existe una carpeta de investigación con una denuncia en su contra interpuesta por María Nayeli González Chimal, mujer a la que no conoce y de la que jamás había escuchado su nombre.
Este hecho, frecuente en la entidad desde el arribo de Cuitláhuac García Jiménez al gobierno estatal, indujo a su vez al dirigente antorchista a denunciar que el autor de este tipo de actos ilegales es el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, quien a través de varias instituciones del Estado como la FGE, el Congreso del Estado, el Poder Judicial local, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), la policía estatal e incluso sicarios contratados, se dedica a amenazar, reprimir y hostigar a los críticos y opositores políticos de la administración morenista.
“La autocracia asume peculiaridades específicas que es necesario denunciar ante la opinión pública, pues también constituyen una grave amenaza para los ciudadanos de todo tipo en la entidad veracruzana. Aquí también se valen de la mentira, de la ilegalidad, de la represión, de la falta de transparencia y de la imposición contra toda razón. Sin embargo, las acciones del gobierno de Veracruz son más burdas y el mando no lo lleva el Gobernador”, detalló Aguirre Ochoa.
Los antorchistas de Coahuila nos sumamos a la creciente indignación que se vive en todo el país y específicamente en el estado de Veracruz por la persecución que, en contra del dirigente de Antorcha en esa entidad, viene implementando el Gobierno emanado de Morena.
En un comunicado abierto dirigido a medios de comunicación y al Gobierno de Veracruz, el comité Estatal de Antorcha en esa entidad refiere:
“Hace una semana, los integrantes del Movimiento Antorchista en Veracruz, denunciamos la existencia de una investigación judicial en curso contra nuestro líder estatal, Ing. Samuel Aguirre Ochoa, debido a una denuncia penal interpuesta por una mujer que no conocemos, en la que se le acusa de los delitos de fraude y abuso de confianza. Sostuvimos y sostenemos que el Ing. Aguirre Ochoa no ha cometido ningún ilícito y ahora sabemos que se le pretende involucrar injustamente en una serie de actos en los que, ni él ni ningún antorchista, han tenido participación alguna.
En este sentido, consideramos necesario y oportuno dar a conocer a la opinión pública veracruzana y del país la siguiente información: 1. El pasado miércoles 1 de diciembre, un representante legal del Ing. Samuel Aguirre Ochoa compareció en las instalaciones del Centro de Medios Alternativos de Solución de Conflictos de la Fiscalía General del Estado, ubicado en Xalapa, para dar respuesta al citatorio correspondiente. En esta reunión nos enteramos de que, en el mes de julio de 2021, dos individuos intentaron vender una porción de terreno a la denunciante, María Nayeli “N”, ubicada entre las calles Osa Menor, Saturno y Estrella Capella de la colonia Arroyo Blanco en Xalapa, cuya propiedad legítima pertenece al Ing. Samuel Aguirre Ochoa.
Uno de ellos, Eduardo “N”, se ostentó como apoderado legal del Ing. Samuel Aguirre Ochoa, mostrando un Poder Notarial supuestamente otorgado por éste. Es preciso aclarar, que dicho Poder Notarial, de existir, es totalmente apócrifo, pues el ingeniero Aguirre Ochoa jamás ha otorgado un documento de este tipo a dicha persona. Además, en la mencionada reunión, la denunciante exhibió una copia de credencial de elector a nombre de Samuel Aguirre Ochoa, en la que se pudo observar que la fotografía de ésta, para nada corresponde a la imagen del líder de Antorcha en Veracruz. El contrato de compraventa, entre la denunciante y los dos personajes desconocidos, se protocolizó en la Notaría Pública no. 16 de la ciudad de Xalapa, en la que María Nayeli “N” sostiene haber entregado la cantidad de 180 mil pesos. La mujer refirió en la audiencia que, debido a diversos problemas administrativos, la transacción no pudo finalizarse por lo que ahora reclama la devolución del dinero que dice haber entregado.
2. La fracción de terreno referida, ubicada en la colonia Arroyo Blanco de la ciudad de Xalapa, existe. Tiene una superficie de 1, 294 m^2 y fue adquirida legalmente hace 33 años, por el Ing. Samuel Aguirre Ochoa, como consta en la escritura pública número 7,586 expedida por la Notaría Pública No. 15 de Xalapa, el 14 de junio de 1988. Dicho instrumento jurídico fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el 5 de octubre de 1988, como puede constatarlo cualquier ciudadano.
Y, volvemos a aclarar, en ningún momento se ha otorgado PODER NOTARIAL alguno para realizar una venta, traspaso, donación o cualquier otro acto jurídico de este o algún otro predio a ninguna persona en nombre del ingeniero Samuel Aguirre Ochoa.
3.- Debido a esta situación, nos dimos a la tarea de verificar en el Registro Público de la Propiedad el estatus del predio en cuestión y nos hemos llevado una desagradable sorpresa, pues descubrimos que el susodicho Eduardo “N” había realizado ya la venta del terreno a dos particulares en el mes de octubre de este año por un monto superior a los 2 millones de pesos, utilizando en ambas transacciones el referido “Poder Notarial”, como consta en el archivo del Registro Público. Estas circunstancias nos obligan a puntualizar lo siguiente: a) Es claro que estamos ante la comisión flagrante de diversos delitos como usurpación de identidad, falsificación de documentos oficiales, falsedad ante la autoridad, fraude y despojo, de los cuales el ingeniero Samuel Aguirre Ochoa está siendo víctima.
Además de diversos ciudadanos que han sido engañados por el referido Eduardo “N” y sus cómplices. b) Debido a la complejidad del fraude, consideramos que Eduardo “N” ha recibido y está actuando con la asesoría y el apoyo de algún o algunos funcionarios públicos incrustados en diversas dependencias del gobierno estatal. Por lo que exigimos a las autoridades que, llegado el momento, investiguen los hechos, los esclarezcan y castiguen a los culpables de estos delitos, pues de lo contrario, las instituciones judiciales del Estado estarán actuando en complicidad por su omisión. c) Derivado de lo anterior, es nuestro derecho y deber interponer las denuncias penales correspondientes ante las instancias de procuración de justicia, así como exigir que se declaren nulas y sin validez las transacciones comerciales realizadas a nombre del Ing. Samuel Aguirre Ochoa por Eduardo “N”, y solicitar la devolución del predio ante los juzgados civiles competentes.
Toda esta situación resulta muy preocupante pues, suponiendo que simplemente se trate de un fraude cometido por un estafador o un grupo de ellos, evidencia la ineficacia del Estado para evitar el incremento de los delitos en la entidad, por lo que exigimos se actúe de manera pronta en este y en todos los casos en los que se violenten los derechos de los veracruzanos.
Y si, por otro lado, estamos ante una elaborada fabricación de delitos para involucrar al Ing. Samuel Aguirre Ochoa con el objeto de manchar su imagen y hostigar políticamente a él y a la Organización social que dirige, reiteramos nuestro llamado al gobierno estatal para que se abstenga de utilizar al aparato judicial con la finalidad de reprimir a los antorchistas o a cualquier otro grupo de ciudadanos que no simpaticen con las acciones de su gobierno.
En ambos casos, nos defenderemos por todas las vías que estén a nuestro alcance, siempre en el marco de la ley”.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario