Se ha dicho con bastante insistencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el partido oficial Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llegaron a la mitad de su sexenio con una concentración de poder casi “absoluta”; pero también que han arribado con problemas muy graves en materia económica, social y política que afectan demasiado la vida de los mexicanos y que no podrán ser resueltos en los próximos tres años.
Esos grandes problemas nacionales son el incremento de la pobreza en cualquiera de sus modalidades; la violencia delictiva y la inseguridad pública, contra los que la Guardia Nacional no ha desempeñado un papel decisivo porque está formada más por militares que por policías; una política de salud deficiente que ha planeado muy mal su respuesta a la pandemia de la covid-19 y una economía estancada debido a la falta de inversiones públicas y privadas.
La presunción del presidente en torno a que “hay paz social y gobernabilidad en nuestro país”, porque su lucha contra la corrupción y la impunidad ha liberado fondos para el bienestar y el desarrollo es otra más de sus baladronadas para “sortear” los cuestionamientos de la población, que vive en un México sumergido en crisis y con cientos de miles de víctimas de violencia, enfermedad y desatención social; pues su irresponsabilidad e incompetencia son, ¡ésas sí!, “casi absolutas”.
AMLO y Morena saben que serán cuestionados por la sociedad; que ya no podrán emprender políticas nuevas y que no dispondrán de más recursos económicos porque, desde que llegaron al poder en 2018 han dedicado buena parte del erario a comprar conciencias mediante programas sociales –cuyos apoyos, por cierto, son muy inferiores a los de las administraciones anteriores– y a pagar campañas electorales y consultas, cuyos montos podrían servir para solventar las urgentes necesidades de los miles de damnificados por las inundaciones de este año.
Pero fiel a su política, el presidente activó una nueva estrategia para controlar a una parte de su partido; ésta consiste en reprimir y encarcelar a quienes no comparten su visión dictatorial.
En la primera semana de septiembre, la alianza parlamentaria en las bancadas de Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Juicio Político (LFJP), con la que podrá quitar el fuero, meter a la cárcel o perseguir a los servidores públicos de oposición que no compartan su posición política.
Esto se deduce de la diferencia de procedimientos que la LFJP establece para desaforar a los titulares del Poder Ejecutivo, ya que para quitar el fuero al presidente de la república se necesita mayoría calificada –dos terceras partes de los votos– y para desaforar a los gobernadores, solo mayoría simple, la mitad de los votos. Es decir, el presidente no podrá ser desaforado sin los votos de su partido y sus aliados; y para eliminar el fuero a los gobernadores será más sencillo, y quizás solo bastará una orden.
Además, la nueva legislación pretende reducir la protección que las constituciones locales dan a sus gobernadores, ya que estipula que los congresos de los estados deben obedecer lo que decreten los desafueros del Congreso de la Unión, lo que implicará una delimitación del reconocimiento que aquéllos tenían para integrarse como tribunales. Ahora vemos la intención manifiesta de remover a gobernadores incómodos para el mandatario nacional y el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T).
Hay un tercer aspecto preocupante: el aumento en el número de los integrantes de la comisión para efectuar el procedimiento del desafuero, que pasó de cuatro a cinco. Tres serán integrantes del partido o bloque mayoritario (hoy Morena-PT-PVEM) y dos de la oposición. O sea que por ahora nada podrán avanzar contra Morena y todo será contra la oposición. El mensaje es claro: proteger a los políticos y funcionarios de la 4T y meter a la cárcel o controlar a los opositores mediante amenazas de remoción por la vía del desafuero.
Y mientras todo esto se planifica en las altas esferas del poder político, la población mayoritaria de México sufre represión política y policial mediante el uso de la Guardia Nacional o, como en el caso de la Ciudad de México, a través del “desaparecido” Cuerpo de Granaderos que Claudia Sheinbaum lanzó recientemente para golpear a un grupo de colonos de Tláhuac, que solicitaba el desazolve del drenaje de su comunidad inundada con aguas negras; o para reprimir a varios alcaldes de oposición que le reclamaban audiencia. De esa golpiza salió con la nariz ensangrentada Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. Por el momento, querido lector, es todo.
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