• Seis de cada diez familias mexicanas tienen casa propia; en Chiapas, sube a siete de cada diez
Hoy vamos a hablar de algo que nos duele a miles de familias en Chiapas: el derecho a una vivienda digna. Este derecho está reconocido internacionalmente en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nacionalmente en el artículo cuarto de la Constitución mexicana. Lo reconocen nuestras leyes y la divinidad, como dijo Schiller en su poema "La repartición de la tierra":
Venid, les dijo, el mundo os pertenece,
cuanto del globo en la extensión parece
cual padre amante yo os lo quiero dar.
Es la herencia común de los humanos;
venid y dividíos como hermanos
la fértil tierra y el salobre mar.
El Inegi y la Encuesta Nacional de Vivienda dicen que seis de cada diez familias mexicanas tienen casa propia. En Chiapas, sube a siete de cada diez. Suena a que somos un estado de propietarios, ¿verdad? Pero aquí está la trampa.
Esas encuestas no preguntan si tu casa está en una zona regular o irregular. No preguntan si tienes el título de propiedad en la mano o si vives con el miedo constante al desalojo o a que un líder te quite tu lote.
¿Por qué existen los asentamientos irregulares?
Muchos critican y dicen: "Es que son invasores". Pero hay que entender el fondo. Un asentamiento irregular es una forma de sobrevivencia y quizá la única.
La economía cambió; la gente dejó el campo por la ciudad buscando empleo, pero el gobierno los abandonó. No hay planes de vivienda para el trabajador que gana el mínimo.
Al no haber opciones legales y baratas, la gente se organiza para tener un pedazo de tierra. Esto es el resultado de un crecimiento urbano sin planificación, donde sólo se miran las necesidades del capital y se olvida de las necesidades de los trabajadores. Es el subdesarrollo en su máxima expresión.
En Chiapas tenemos un foco rojo. Tapachula, San Cristóbal de las Casas y nuestra capital, Tuxtla Gutiérrez, concentran el 40 % de los asentamientos irregulares en tierras. Pero lo que pasa en la zona metropolitana es indignante.
Hablemos de las casi 100 colonias en los límites del Parque Nacional Cañón del Sumidero. ¡50 mil personas! Familias enteras que llevan cuatro gobiernos federales —escuchen bien, cuatro— esperando que les firmen un papel.
Colonias como Patria Nueva Alta, Arroyo Blanco, La Esperanza, Las Granjas, Mirador Tres de Mayo, Satélite y Loma Larga, y del lado de Chiapa de Corzo, Plan Chiapas, Pedregal de San Ángel, Ruiz Ferro y El Refugio. Gente que ya vive ahí, que ya construyó, pero el Estado le niega la existencia jurídica.
Vivir en la irregularidad es la falta de dignidad humana que el gobierno permite. En estas colonias del Cañón del Sumidero, el 50 % no tiene drenaje. El agua potable llega si bien nos va. La seguridad no existe, los asaltos son constantes.
¿Saben qué es lo más triste? Que, si se muere un animal en la calle, no hay servicios públicos que pasen; la gente tiene que echarle cal ahí donde quedó.
Las conexiones eléctricas son "diablitos" improvisados que ponen en riesgo la vida de los niños. ¿Eso es lo que nuestra Constitución llama vivienda digna? ¡Es una vergüenza!
Pero el Movimiento Antorchista no se ha quedado de brazos cruzados. Los presidentes de las colonias del Cañón del Sumidero han llevado documentos a la Presidencia de la república una y otra vez. Incluso la Conanp ya dijo que es viable regularizar, porque ahí ya no hay selva, ya no hay fauna, ¡hay gente!
No podemos seguir aceptando promesas de "constancias de posesión" que no valen nada ante la ley. Necesitamos una transformación estructural.
El derecho a la ciudad no debe ser sólo un discurso de la ONU en oficinas con aire acondicionado; debe ser una realidad para el pueblo trabajador que llega cansado de su jornada.
Esta lucha la vamos a ganar si nos mantenemos unidos y organizados. Tenemos que luchar por nuestro derecho.
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