Desde el inicio del actual Gobierno federal que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el anuncio de la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MAIM) y en su lugar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y la realización de otras obras también de alto impacto, como la construcción de una refinería de petróleo en Tabasco y el Tren Maya en el sureste de nuestro país, dejó entrever exceso de improvisación en la toma de decisiones trascendentales.
La supresión de programas sociales, fideicomisos, el ramo 23, de donde los integrantes del Poder Legislativo podían gestionar y etiquetar recursos para obra pública para localidades marginadas, también fueron decisiones improvisadas.
Decisiones improvisadas, sin sustento de en estudios técnicos de factibilidad técnica, económica, ecológica y social, lo cual provocó, en pocos meses de gestión, la renuncia de los titulares de importantes cargos en el Gabinete presidencial, como los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Es del dominio público, que la cancelación del NAIM fue el primer gran desatino del actual Ejecutivo federal, ya que no se consideró lo avanzado de la obra, la existencia de contratos y obligaciones jurídicas ya establecidas y, sobre todo, el gran costo económico de las distintas indemnizaciones y seguros que tuvieron y tienen que seguir pagándose, debido a la cancelación de estos trabajos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), concluyó que la cancelación del NAIM costó al erario 331 mil 996 millones de pesos, cantidad equivalente el costo de 4 aeropuertos como el que se construyó en Santa Lucía.
De igual manera, no se realizaron los estudios técnicos económicos para determinar la viabilidad de la construcción de la refinería en el Puerto de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, el estado natal del presidente López Obrador. Ahora ya no se presume esta mega obra en las mañaneras, por los retrasos que ha experimentado el proyecto y, según algunos especialistas, por la poca viabilidad técnica y económica que le atribuyen cuando empiece a funcionar.
En los últimos meses, los distintos medios de comunicación a nivel local, estatal y nacional, han dado cuenta de los múltiples tropiezos que ha tenido la construcción del Tren Maya, en los distintos tramos, por los cuales se va a desplazar este tipo de vehículo de transporte de pasajeros y de carga, a más de 200 kilómetros por hora; obra que costará más de 200 mil millones de pesos que saldrán de nuestros impuestos y de los ingresos generados por la riqueza nacional producida por la clase trabajadora de México.
De buena fuente sabemos que cuando se planteó a algunos alcaldes de la zona norte del estado de Quintana Roo, la construcción del Tren Maya, literal, se hizo sobre una mesa de trabajo, extendiendo un plano del estado sobre el que, con regla y lápiz, se hicieron los trazos de la ubicación donde se construirían las vías férreas del tren, en este caso de los tramos 4 y 5, que van de Izamal, Yucatán a Cancún y de ahí hasta Chetumal, pasando por los principales destinos turísticos del Caribe mexicano, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum.
Ni en ese momento ni después, se realizaron estudios de impacto ambiental y las posibles alternativas para resarcir los efectos o daños que irremediablemente se ocasiona en este tipo de situaciones; no se han realizado estudios de mecánica de suelos e hidrológicos para determinar cuál será el impacto que esta obra tendrá en la reserva de agua dulce más grande del país y de buena parte del continente americano, agua que se encuentra en el sistema más grande de cavernas, cenotes y ríos subterráneos más grande del mundo.
Tampoco se ha informado si existen estudios técnicos de factibilidad económica y de desarrollo social de todas las ciudades y comunidades rurales que se van a ver afectadas por la construcción de esta mega obra titánica.
En los últimos días hemos visto múltiples protestas de grupos de ciudadanos, representantes de 24 organizaciones civiles, que han pedido frenar la devastación de más de 8 millones de árboles, plantas de 188 especies nativas y grandes poblaciones de fauna silvestre, muchas de ellas se encuentran enlistadas en alguna categoría de protección, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOMO59-SEMARNAT-2010 y el daño al hábitat de muchas especies de animales, varias de ellas en peligro de extinción, lo cual califican como ecocidio y, a los cuales, López Obrador simplemente ha calificado como grupos “pseudoambientalistas apoyados por los conservadores”, sin refutar, con argumentos sólidos, esas protestas, pues dijo que se reforestarán más de 200 mil hectáreas, se crearán 3 parques naturales y se plantarán árboles de macuiliz, guayacán y framboyán a lo largo de las líneas férreas, árboles, que por cierto, son de la zona de Tabasco, así que será cuestión de ver si se adaptan a las condiciones climáticas de la península, la cual tiene menor cantidad de precipitación pluvial al año. Ojalá no sea una ocurrencia más de nuestro presidente.
Al respecto de estas manifestaciones, el espeleólogo y director del Planetario del Sayab, Roberto Rojo, señaló que, con el Tren Maya, el sistema acuífero más grande del mundo está en grave peligro.
Agregó que tanto él como los demás manifestantes no están en contra del progreso, sino que sólo piden que el Gobierno mexicano analice bien lo que se está haciendo. Opinión que compartimos plenamente, pues no puede haber tanta improvisación en cuestiones que pueden causar un daño de alcances insospechados.
Por otro lado, existen comunidades y ciudadanos en los estados de Campeche y Yucatán, por donde están proyectados los tramos 1, 2 y 3, que interpusieron una demanda de amparo y protección de la justicia federal en contra de los daños que están ocasionando los trabajos de la obra estrella del Gobierno de la Cuarta Transformación, amparo que en días recientes fue confirmado con una sentencia definitiva ordenada por el Tribunal Colegiado correspondiente.
A pesar del mandato de este órgano jurisdiccional, López Obrador ha declarado que nada va a detener los trabajos de su obra insigne, y que la última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde seguramente ya tiene controlados a la mayoría de los ministros que integran a la más alta autoridad judicial.
Por la actitud dictatorial del Ejecutivo federal y la actitud cortesana y servil de los otros dos poderes de la República mexicana, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que dichas protestas ciudadanas y procedimientos judiciales que se han realizado para detener los trabajos de esta costosísima mega obra y se realicen primero los estudios técnicos para causar el menor daño posible, no van a prosperar debido a la tozudez, capricho y voluntarismo presidencial.
Las voces críticas no estamos en contra del desarrollo del sureste mexicano, que efectivamente ha estado marginado del desarrollo industrial del resto del país, pero pedimos que las cosas se hagan bien, causando el menor daño posible; y para evitar este tipo de acciones irresponsables es necesaria la unidad y acción de amplios sectores de nuestra sociedad para tener una participación más activa y dejar de ser simples espectadores.
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