La inseguridad en la mayoría de los municipios de Sonora sigue al alza en los últimos años, como en Cajeme, Caborca, Nogales, Magdalena, Hermosillo, SLRC, Empalme, entre otras alcaldías, donde se concentra la mayor población. El ataque vil, cobarde e inaceptable contra el palacio municipal y su personal en Guaymas, es un suceso que evidencia una aguda crisis de seguridad social que actualmente estamos viviendo; además, confirma lo vulnerables, frágiles y desprotegidas que se encuentran las instituciones públicas, los funcionarios y la ciudadanía, ante los acechos de la delincuencia ordinaria y organizada. Esta dura, penosa y delicada realidad no se puede ocultar. Aquí es donde abiertamente se exhibe la errónea, equivocada y fracasada política contra el crimen organizado, implementada por la 4T desde el inicio de su periodo de gobierno. No hay día en que no se mencionen homicidios, robos a mano armada, localización de nuevas fosas clandestinas, levantones y desaparecidos, cobro de pisos, despojos, robo a casa habitación, feminicidios, etc. En los últimos tres años esta situación se ha desbordado, en varios municipios quien tiene el poder político y económico es la delincuencia organizada, disfrazada de gobierno, problema que las autoridades judiciales y políticas lo conocen muy bien, pero será que hasta que sucedan actos como los de Guaymas, donde pierdan la vida funcionarios de nivel medio para que las autoridades de los tres niveles de gobierno actúen. En temas de seguridad, las acciones gubernamentales han fracasado, la ciudadanía en general todos los días percibe, padece, sufre en las calles, los atropellos, abusos y pérdida de seres queridos, siendo víctimas directa o indirectamente de algún problema delincuencial.

El número de homicidios dolosos en los últimos años es escalofriante. En el 2016 se registraron en total 24,559, 2,821 mujeres 21,738 hombres; en un comparativo, en el año 2019, se registraron 36,661 homicidios, 3,893 mujeres y 32,530 hombres, un incremento de 12,102 homicidios equivalente en porcentaje de 33%. A dos años de haberse implementado el Plan de Nacional de Paz y Seguridad, en el año 2020 se mantuvo la cifra similar de homicidios del año anterior de 36,579 y en los primeros nueve meses del año 2021, han sumado 25,392 homicidios dolosos. Resumiendo, el periodo de gobierno de AMLO, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2021, se alcanzaron 100,344 muertes violentas; 97,532 homicidios dolosos y 2,812 feminicidios, (Expansión política, 21 de octubre 2021). Estos datos confirman, lo que vivimos todos los días en nuestros hogares, calles, comunidades, municipios y estados, la situación social en el país se cae a pedazos en muchos aspectos y la seguridad no es la excepción. 

Tendría que suceder un ataque armado en un palacio de gobierno municipal para que las autoridades estatales y federales se dieran cuenta de la inseguridad que se vive en nuestro país y en particular en Sonora, acaso las reuniones de los gabinetes federales y estatales de seguridad donde se hacen evaluaciones diarias de las acciones implementadas en el Plan Nacional de Paz y Seguridad de AMLO para combatir la violencia y pacificar el país, no han arrojado crisis en las estrategias. En noviembre del 2017, el señor presidente, al presentar su plan de Seguridad Nacional, empleó frases conciliadoras e ilusorias, como; “Abrazos  no balazos”, “no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, “legalizar algunas drogas”, “un eventual desarme de las bandas criminales”, “la creación de una Guardia Nacional”, “combate a la corrupción” y el de “mantener a los militares en las calles con funciones policiales”. Todas estas frases han fracasado rotundamente, los homicidios que se cometen todos los días en todo el territorio estatal son resultado del plan fallido, se reconozca o no por las autoridades de seguridad. Las acciones de las tres instancias de gobierno hasta el día de hoy han sido un fracaso. Es cierto que los altos funcionarios pueden andar en camionetas blindadas y guardias las 24 horas, pero la ciudadanía común no tiene quién la proteja. La ciudadanía buena, honrada y trabajadora ha padecido todos los días los peores estragos de la delincuencia ordinaria y organizada, hasta ahora poco han hecho las autoridades para prevenir o evitar los altos índices de delitos en todos los municipios. La seguridad ciudadana es un aspecto de la vida diaria que va más allá de los discursos oficiales, evaluaciones institucionales y estadísticas gubernamentales, esta debe estar sujeta y evaluada cotidianamente por la ciudadanía, quienes a diario vivimos los retrocesos o avances de la misma, lo demás es demagogia, datos falsos, cifras maquilladas, que nos han hecho mucho daño a los mexicanos. Afirmamos que mientras no se ataquen de raíz las causas que provocan la inseguridad que son sistémicas, provocados por el neoliberalismo, como la pobreza, la desigualdad, el rezago social males que se viven en varias regiones del país, la situación se tornará más compleja y el gobierno cada vez más se verá más rebasado por las fuerzas del crimen organizado. Estamos a tiempo de darnos cuenta y actuar en consecuencia, no podemos permitir que la violencia nos aceche por todas partes, no podemos seguir creyendo en las farsas de los discursos oficiales sobre la seguridad.

Los actos delincuenciales sucedidos en Guaymas son una muestra de la incapacidad, ineficacia de las estrategias e ineficiencia de las autoridades federales, estatales y municipales, anteriores y actuales. El ataque a las instituciones públicas refleja una descomposición peligrosa de la sociedad actual en la que vivimos, que pone en evidencia la vulnerabilidad en que se encuentran los servidores públicos de todos los niveles gubernamentales y la ciudadanía en general. Con esto se demuestra lo fallido del Plan Nacional de Seguridad. México necesita otro sistema económico, con otra clase en el poder y para ello hay que seguir trabajando todos los días sin descanso.