La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, desapareció, nadie volvió a saber de esos estudiantes, fue como si la tierra se los hubiese tragado.
¿Qué hay detrás de las desapariciones? Quizá todo el cúmulo de perversiones de la civilización actual: infundir miedo y zozobra para no protestar contra la estela de daños que causa la democracia moderna, contra el autoritarismo, la corrupción; el cretinismo y la mendacidad de los políticos, mediante lo cual conservan el poder.
En la historia de las desapariciones, las que se pueden contar, casi siempre pertenecen a los estratos más débiles de la sociedad; en este caso estudiantes pobres, pero con un inmenso capital en capacidad de indignación y defensa de lo poco que tienen o han logrado sostener con sus luchas: la posibilidad de formarse como maestros rurales junto a sus comunidades hoy también agraviadas por la infamia.
La protesta y acciones de indignación no gustan a los políticos, tampoco simpatizan con la educación popular e independiente fuera del canon educativo impuesto por los organismos internacionales interesados en que el país continúe siendo proveedor de mano de obra barata.
Por ello las escuelas normales rurales de México enfrentan, desde hace décadas, el hostigamiento, la amenaza de cierre, la represión policiaca y del ejército, la cancelación de algunos internados, la reducción de la matrícula, el financiamiento exiguo, y lo más inhumano que ha sido la muerte y desaparición de varios estudiantes. Urge que cese definitivamente toda esta violencia.
También se ha probado el ignominioso rezago educativo, social y económico que enfrenta la población rural, especialmente los indígenas. Los normalistas rurales mejor que nadie, conocen y viven esta realidad, por lo que su función social está más que justificada para contribuir a transformar este escenario de atraso. Su pasado histórico los cobija y los engrandece, en los momentos en que en el país no había nada, cuando la mayoría de la población era analfabeta; fueron a los lugares más apartados e ignotos para enseñar las primeras letras y rudimentos de oficios diversos.
Desde 1922 a 1940 hicieron una contribución social sobresaliente al país que debemos reconocer, la aportación que hizo la Escuela Rural Mexicana (ERM) contribuyó a amortiguar la difícil situación que atravesó la población rural de esa época, cuando los salarios eran raquíticos equivalentes a los de los peones, maestros de a peso cuando no había sistemas de incentivos, cuando no había caminos y carreteras, cuando prácticamente todo había que hacerlo con las manos, la mente lúcida y un claro compromiso social.
La ERM, también llamada La Escuela de la Patria Mexicana; la de Rafael Ramírez, de Gabriela Mistral, Moisés Sáenz, de Narciso Bassols, de Lázaro Cárdenas, junto con miles de maestros rurales (alrededor de 5 mil en 1931), que no solo atendían el aula, sino también la salud, la producción agrícola, la artesanía y en general el mejoramiento de los pueblos, este proyecto estuvo allí.
Las escuelas normales rurales que subsisten actualmente son quizá las últimas herederas de la tradición de la ERM y que hoy ya se ha olvidado o se pretende olvidar. En 1921 cuando comenzó el periplo de la ERM había casi 7 millones de personas que requerían saber leer y escribir, no había escuelas.
Hoy, a 100 años de distancia, existe un número similar de habitantes en el medio rural con distintos matices de rezago educativo que demandan su derecho a la educación y a una educación de calidad, la presencia de los maestros hoy como en aquella época, sigue siendo vigente. A los maestros rurales no solo debe vérselos de manera convencional; es decir, en el aula, sino desde distintos ángulos: en su relación estrecha con las comunidades, como promotores y formadores de ciudadanía; tal y como se construyó su proyecto original. Si solo se les mira a los estudiantes como futuros simples maestros, da cabida al discurso de «para qué tantos maestros, si ya existen muchos y no pocos desempleados», pero paradójicamente allá, en las montañas, en las serranías, hacen falta otra vez los misioneros culturales conocedores y practicantes de la diversidad rural e indígena.
Por otra parte, según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un 15 por ciento de los profesores ocupan dos o más plazas, o sea, más de 150 mil, a los cuales habría que agregar los famosos comisionados que no son pocos; probablemente en muchos casos se justifica, pero en otros tantos no, y que han sido frutos del corporativismo sindical para beneficiar a los testaferros de los líderes sindicales, allí hay recursos para el proyecto de las normales rurales, también los hay en las cuantiosas pensiones de los expresidentes y burócratas privilegiados. Se podría hacer eco de la demanda que enarbolaron los estudiantes politécnicos para cancelar las pensiones de los exdirectores. En fin, no se encuentra excusa para decir que no hay recursos para la educación si en otros muchos casos se dilapida impune e innecesariamente.
Es por esto que antes de dilucidar algún porvenir de estas escuelas, es conveniente y deseable que se genere un acuerdo político, por parte del Estado, que ofrezca garantías a sus estudiantes y maestros para que, en el futuro, no sean objeto de acoso de ningún tipo, que exista un tiempo y espacios convenientes para que ellos discutan y deliberen qué tipo de educación y organización académica es lo más adecuado para su futuro.
Si al Instituto Politécnico Nacional (IPN) le han dado la oportunidad para refundar su proyecto, en términos de equidad, de justicia; por qué no darles la misma opción a los normalistas, ellos también tienen este mismo derecho.
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