“En México la carne y la sangre humanas son más baratas que la maquinaria; es más barato poseer un peón que un caballo, y un peón es más barato que un arado”, decía John Kenneth Turner en su libro México Bárbaro. En él, Turner describió puntualmente crueldades que vio desde 1908 en los campos henequeneros, tabacaleros, huleros, chicleros y en las haciendas de maderas tropicales.
Describió con mucha precisión la manera en que los hacendados, en colaboración con las autoridades de todos los niveles, sometían a los indígenas a trabajar en sus plantaciones, mediante un trabajo esclavizado por deudas. Con engaños, los trabajadores recibían adelantos, que gastaban principalmente en lo básico y envíos a la familia. Después se les encerraba y se les mandaba a las haciendas con escoltas armadas. A partir de ese momento eran cautivos.
A 111 años de la publicación de este libro, las cosas no han cambiado tanto. En su escrito “Esclavitud moderna en los campos de México”, Antonio Heras muestra el testimonio de una veracruzana acerca de cómo se les somete a los jornaleros en el rancho Santa Mónica, en el Valle de San Quintín, de Baja California. Allí van campesinos de estados del sureste del país a trabajar en la producción de moras y frutos rojos. Viven en hacinamiento, les recogen su credencial de elector, la primera semana de sueldo la dejan en prenda y no se les permite salir de las instalaciones en la noche, sino hasta las 4 de la mañana que van a trabajar. En este Valle laboran más de 40 mil jornaleros agrícolas y tienen pago desigual mujeres y hombres por el mismo trabajo (La Jornada 10 de agosto 2022).
Algo similar me comentaron campesinos de los municipios de Soteapan, Mecayapan y Tatahuicapan, del sur de Veracruz; sobre las condiciones de trabajo a las que los somete la “Academia” (Big Force Academy), empresa ubicada en Jalisco, Guanajuato y Colima, dedicada a la siembra y cultivo de zarzamora, fresa y arándano. Los hacen pagar los pasajes desde sus estados de origen, con el anzuelo de capacitarlos primero y, después, pasarlos a Estados Unidos (EE. UU.).
También les piden su credencial de elector, los ubican en barricadas, no los dejan salir de las instalaciones y los llevan a comprar, custodiados, solo en las tiendas del mismo empresario agrícola. Les dan tortillas y pagan de 60 a 70 pesos diarios, los más diestros alcanzan 120 pesos; pero muchos desertan porque pasan varios meses y nunca quedaron “capacitados” para mandarlos a los campos en Florida y California.
En la actualidad, el problema del campo no solo radica en la sobreexplotación de los jornaleros, sino en la falta de utilización de las tierras cultivables que no producen a todo su potencial, porque no hay apoyos suficientes del gobierno. La primera reforma agraria de México data de 1853, pero no fue para favorecer al campesino, quien ha conseguido la tierra a costa de lucha y sangre. Los núcleos agrarios formados con ejidos y comunidades agrarias, en la actualidad abarcan 103.88 millones de hectáreas, 53 por ciento del territorio nacional. Pero la superficie cultivable no es aprovechada en su totalidad porque los insumos para trabajar la tierra y acomodar en los mercados los productos de ésta, son caros. Entonces los campesinos se ven obligados a emigrar, abandonar, rentar o vender sus tierras. Las entidades con más núcleos agrarios son: Veracruz, Chiapas, Michoacán y Oaxaca, coincidentemente tres de los estados más pobres de México.
Como dice el doctor Abel Pérez Zamorano “en México es necesaria una reforma estructural del sector agrario que, en lugar de impulsar las exportaciones, priorice el mercado interno, las necesidades de alimentación, producción de básicos y combate al hambre en el campo (Revista Buzos 2 de mayo 2022). Para ello se deben formar unidades agrarias de producción en escalas mayores, asociándose los pequeños productores. Utilizar tecnología de punta para producir a menores costos, en menos tiempo y con menores daños al ambiente, aumentar la competitividad y revertir la dependencia alimentaria. Así crecerá la productividad y la rentabilidad en beneficio de las y los campesinos.
Nuestro país tiene el 21 por ciento de población rural. Los cuatro estados más pobres son Oaxaca, con 64 por ciento de población rural; le sigue Chiapas, con el 61 por ciento; Guerrero, con el 53 por ciento y Veracruz, con el 21 por ciento (INEGI). Esta realidad obliga al gobierno de la 4T a impulsar políticas públicas que ayuden a que los campesinos produzcan más en sus tierras y frenar la migración. Además, a elevar el nivel educativo de la población rural, atender el sistema de salud, introducir los servicios básicos en las comunidades, los caminos sacacosechas, la infraestructura hidráulica necesaria y todo medio de comunicación. También es necesario elevar la investigación científica y tecnológica, para que dejemos de importar maquinaria agrícola, pesticidas y fertilizantes.
La República Popular China es ejemplo mundial de cómo sacar a la población de la pobreza. En 40 años sacó a 800 millones de habitantes. Está el caso de la aldea de Nangou, situada en el sur del distrito de Ansai, considerada como modelo exitoso de combate a la pobreza rural. La aldea tiene 345 hogares y 1,009 personas, de los cuales 119 estaban inscritos como pobres. En México hay muchos casos similares. En esa aldea destinaron 211 hectáreas para la producción de manzana de montaña cultivadas en sistema de invernadero y otras familias se dedican a la crianza de ovejas. Los productores acumularon capital y crearon una empresa privada emergente, donde el campesino trabaja y participa de sus rendimientos (Francis Martínez, Canal 6Tv).
Con voluntad política y dada las riquezas naturales de México, se puede sacar de la pobreza a muchos campesinos, sin lanzarlos a la explotación, como esclavos en nuestro país y en EE. UU. Los campesinos constituyen una fuerza económica y política, deben hacerla valer en busca del progreso de sus familias y comunidades.
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