No hay duda de que la pandemia por coronavirus es una tragedia para todo el pueblo mexicano. Millones se han contagiado y más de 300 mil han muerto. Desde el inicio de la contingencia sanitaria en México, el presidente López Obrador, sin medir las consecuencias de sus palabras, llamó a la población a, prácticamente, no preocuparse por la enfermedad, luego, en un acto desesperado, López-Gatell dio la indicación a todos los mexicanos a quedarse en sus hogares. Sin duda, esta medida fue y debe seguir siendo esencial para evitar más contagios, pero, como todos nos pudimos ver, las autoridades federales han dicho que hemos entrado a una nueva etapa, a una nueva normalidad donde se permite la apertura de sectores de la producción a los que ellos han catalogado como esenciales, aunque en la realidad no sea así. La medida de quedarse en casa dije, fue y es necesaria, pero esta debió ser impulsada con un programa de distribución de alimentos para que todos los mexicanos que no tenían un empleo formal y por tanto, un salario seguro, tuvieran garantizada la alimentación de su familia, sin embargo, tanto el gobierno de Hidalgo, encabezado por el gobernador Omar Fayad Meneses, como el presidente López Obrador, se negaron a implementar este programa, abandonando a su suerte a todos los mexicanos en condición de pobreza.

Todos hemos podido constatar los grandes problemas que la covid-19 ha hecho aún más evidentes; la pobreza es de tal magnitud en nuestro país que impidió que millones de mexicanos pudieran cumplir con la medida de aslamiento social para evitar, ciertamente, la propagación de la  mortal enfermedad. La mayoría esperabamos que el gobierno federal y los gobiernos estatales implementaran medidas de apoyo a la población que estaba perdiendo su empleo; los antorchistas, por ejemplo, dijimos que era necesario –– y hay evidencia en las redes sociales ––la implementación de un programa emergente de distribución de alimentos no solo para los que habían perdido su única fuente de ingreso, sino para los que desde siempre, habían sido invisibles a los ojos de las autoridades, a los miles de hidalguenses que aún viven en la marginación total y sin embargo, los que hoy se proclaman gobernantes, decidieron dejar a su suerte a los hidalguenses quienes sobreviven día tras día.

En múltiples ocasiones, el Inegi ha dicho que Hidalgo es de los estados que presentan alta informalidad, solo por debajo de Guerrero (78.5%), Oaxaca (76.6%) y Chiapas (74.3%). Esto significa que más de 884 mil hidalguenses se desempeñan en actividades precarias, en la informalidad; trabajadores que se encuentran en total vulnerabilidad en sus empleos por las difíciles condiciones a las que se enfrentan por no contar, al menos, con un contrato que les asegure prestaciones laborales. A la falta de empleos formales, hay que sumar también, la pobreza en los ingresos. El Índice de la tendencia Laboral de la Pobreza (elaborado por el Coneval), reportó un incremento en el número de hidalguenses a los que el salario no les alcanza para adquirir los productos de la canasta básica, al pasar del 46.9 al 55.1 por ciento, 8.2 puntos por arriba del promedio nacional, es decir, 1 millón 574 mil hidalguenses obtienen ingresos inferiores al costo de la canasta básica.

Este y otros problemas parecen importarle poco o casi nada a los gobiernos quienes, por ejemplo, el gobierno de Hidalgo, al recibir cualquier petición de auxilio hacia la población, la respuesta que se encuentran los hidalguenses es la de la negativa y el decir que “todos los recursos” se están “destinando” a la atención de la emergencia, pero esto evidentemente está en duda porque el número de contagios, de muertes sigue siendo alto, no hay pruebas para detectar a tiempo el virus en las colonias y comunidades pobres, tampoco hay asistencia médica para enfermedades comúnes y menos apoyos para mitigar los efectos negativos entre la población más vulnerable. Para lograr –– al menos –– lo anterior y también apoyos alimentarios para la población se necesita de gobernantes que apoyen las causas sociales y es precisamente de lo que carece el estado de Hidalgo y es lo que ha abonado para que los hidalguenses continúen bajo el lastre de la pobreza en todos los aspectos. Los funcionarios estatales han demostrado una cero empatía con las necesidades de la población, olvidan que su labor es la de servir, procurar y resolver los problemas que afectan a los ciudadanos. Y ahora no encontramos ni el servicio, ni la atención y mucho menos la solución. Por eso, los antorchistas hidalguenses solicitamos al gobernador, Omar Fayad Meneses, atienda y resuelva las demandas que mucho tiempo atrás, miles de hidalguenses ingresaron al gobierno que aún encabeza. Hoy que el país atraviesa por momentos complicados, situación que no excluye a Hidalgo, se necesitan privilegiar las buenas acciones que ayuden a solucionar muchos de los problemas que aquejan a la población.