La inflación impide que miles de familias de Quintana Roo accedan a la canasta básica. El alza de precios de los productos de consumo básico afectó a la población, de tal manera que le limitó a comer ciertos alimentos, porque con lo que gana los jefes y jefas de hogar no alcanza para cubrir el gasto de la mesa del hogar, por ello han optado por productos más baratos.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la escalada de precios provocó que, en la entidad, la canasta básica incremente su precio en casi mil 200 pesos en los últimos dos años. Por eso ahora las personas cambiaron todos sus hábitos de compra. Por ejemplo, antes compraban el aguacate hass, pero desde que aumentó su precio en 50 por ciento, adquieren más el aguacatillo, una opción local que es mucho más barata.
Al respecto, don Gustavo Martínez, propietario de una pollería en el mercado Lázaro Cárdenas, de la ciudad de Chetumal, manifestó que sus clientes antes compraban las pechugas de pollo, pero debido a que su precio subió casi 50 por ciento, ahora optan por llevarse el pollo entero, mucho más barato, aunque con menos carne, asimismo, el consumo de cereales y lácteos también se modificó, optando por versiones genéricas de las marcas más reconocidas. También se redujo el consumo de huevo, cuyo precio pasó de 45 a casi 78 pesos en algunos lados.
Muchas familias de Quintana Roo puntualizan que en 2019 gastaron, en promedio a la semana, hasta 800 pesos en la despensa básica, como carne, verdura y otros comestibles. Hoy, su consumo se redujo a cerca de 500 pesos, siendo las carnes rojas, mariscos y pescados el principal sacrificado en las compras; sin duda, estas limitaciones económicas, de acuerdo con los analistas en economía, se pondrá peor si el Gobierno federal no actúa para proteger el bienestar de los trabajadores, quienes, a pesar de generar las riquezas del país, son los que más sufren.
En campaña política, Andrés Manuel López Obrador prometió crecer a un ritmo promedio de cuatro por ciento anual, criticando la baja expansión económica que sus antecesores lograron. Es más, indicó que al final de su sexenio, la economía del país llegaría a un seis por ciento. Sin embargo, a cuatro años de su administración, la economía está lacerada, de acuerdo con la agencia Fitch Ratings que redujo a 1.8 por ciento su estimado de crecimiento de la economía mexicana en 2022.
Por otra parte, el Banco Mundial estima que la economía mexicana crecerá a un ritmo de 1.7 por ciento anual en 2022, 1.9 por ciento en 2023 y dos por ciento en 2024. Si estas expectativas se cumplen, entonces se podría decir que es imposible que López Obrador cumpla su promesa de campaña de crecer a un ritmo de cuatro por ciento anual. Sin duda, estos malos datos anticipan no sólo un incumplimiento de la promesa de la 4T, sino que es el crecimiento más bajo del siglo para un sexenio presidencial.
En los hechos, las acciones del mandatario federal demuestran que no tiene como fin último ayudar a las personas más necesitadas, mucho menos disminuir la pobreza, por el contrario, no hace lo que dijo en su discurso electorero de “por el bien de todos, primero los pobres” o que se priorizará el bienestar de los más necesitados, paradójicamente el 23.5 por ciento de la población vive en pobreza alimentaria, según informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Sin duda, la inflación no cede, a pesar de programas emergentes que presenta el gobierno, dejando ver sólo el derroche de dinero a raudales, en lugar de respaldar acciones de rescate al salario, por ende, del poder adquisitivo de los trabajadores y sus familiares. Hoy los bolsillos de los mexicanos están en bancarrota, no les alcanza para adquirir lo necesario para enfrentar la crisis económica que aún no hay fecha para que acabe.
Y son justamente las familias de los trabajadores humildes que quedan desprotegidos, que requieren ayuda inmediata, pues no se ve una atención seria, y como siempre, sólo promesas incumplidas de la Cuarta Transformación. Algo se tiene que hacer para frenar esta escalada a la baja del salario de los ciudadanos, porque ellos no son los culpables de la situación económica que enfrenta el país; el Gobierno tiene la obligación de garantizar un nivel de vida digno, pero también es tarea del pueblo trabajador cambiar el estado de cosas y, en ese sentido, también cambiará su suerte y el de las futuras generaciones.
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