En este mundo y en este país tal desigual los pobres, excepto en períodos electorales, no cuentan, se pueden cometer contra ellos los más brutales vejaciones y crímenes sin que haya el más mínimo castigo contra los malhechores. Los gobernantes, sabedores de que tienen el poder lo permiten y lo alientan. Como en la selva, sobrevive el más fuerte. Viene esto a cuento porque en 2012 el gobierno federal ejecutó una resolución presidencial de ampliación en el Ejido Ojo de Agua, en Tijuana Baja California, por 4490 hectáreas dividido en varias fracciones. En una de ellas, desde hace varios años el ejido vendió una superficie para el asentamiento de 1200 familias y el 13 de diciembre de 2014 las autoridades ejidales solicitaron a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), hoy Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) el trámite de regularización de una superficie más del polígono 6, para vivienda de 200 familias humildes más.
Para constatar dicha solicitud, acudió personalmente al predio Gilberto Coveli Gómez, Delegado de INSUS en el Estado. Sin embargo, el pasado sábado 29 de abril, como rayo en cielo sereno arribaron al lugar habitado por estas humildes familias, aproximadamente 100 individuos transportados en camiones, sacando a golpes a las azoradas familias, golpeando sin piedad a quien se atrevió a protestar o a pedir alguna explicación, destruyeron sus viviendas, las rociaron con gasolina y, junto con los vehículos que encontraron a su paso, les prendieron fuego. Al mismo tiempo, por otro acceso de la colonia, maquinaria pesada arrasaba con lo que quedaba en pie. Nada hay que disimule que se trató de un encargo pagado. Para demostrar que nada detendría la criminal embestida, los delincuentes asesinaron brutalmente al joven albañil y padre de familia, José Corrales Almejo.
¿Quiénes son los autores intelectuales y materiales de esta brutal e inhumana agresión y qué han hecho las autoridades para castigarlos? En su huida los agresores dejaron chalecos, cascos, varillas y herramientas que utiliza un grupo de pepenadores que comanda una señora de nombre Ana Erika Santana González, coordinadora de la campaña del ex candidato del PRI a la presidencia Municipal de Tijuana, René Mendivil Acosta y ahora "representante legal de vecinos de Valle Redondo", quien un día antes de los hechos referidos, acusó públicamente a los compañeros antorchistas que tienen años viviendo en el predio, como culpables del delito de despojo de una propiedad particular, responsabilizando directamente a su dirigente, el compañero 378, delegado municipal en La Presa Este.
Los gobiernos municipal y estatal, panistas por cierto, ante semejante canallada, no solo han adoptado una actitud complaciente sino en abierto contubernio al poner en libertad a 7 de los criminales que fueron capturados en flagrancia por la policía, y a pesar del clamor de justicia de la población, como sucede en todas las entidades del país sin excepción, se prostituye la ley, por lo que han tenido que hacer marchas y movilizaciones para que ésta se aplique, sin ningún resultado hasta ahora. Los antorchistas queretanos nos solidarizamos desde aquí con los humildes antorchistas del polígono 6 del ejido Ojo de Agua, en Tijuana, Baja California, repudiamos la política omisa del gobierno y exigimos ejemplar castigo para los asesinos intelectuales y materiales.
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