“Se acabará la corrupción, se antepondrá el beneficio de los pobres sobre los intereses de grupos de poder; se instaurará y mantendrá un auténtico Estado de Derecho, y se hará que los precios de las gasolinas bajen muy pronto”, así comenzó a enlistarse las promesas de la 4T en aquella toma de protesta de diciembre de 2018. Andrés Manuel López Obrador, en aquel entonces, aseguró que todo en el país habría cambiado y México sería un país distinto a lo que los mexicanos estábamos acostumbrados, pues prometió un desarrollo importante, empleabilidad, estrategias económicas, seguridad, entre otras más, que no han sucedido.
Sin darse por vencido, en su conferencia del dos de noviembre del 2019, el presidente dijo que pedía un año más para que esto cambiara por completo, refiriéndose al tema de la seguridad pública, pero ¿qué ha sucedido hasta hoy? Datos oficiales de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en el primer bimestre del año fueron asesinadas en México un promedio de casi 95 personas todos los días, entre homicidios dolosos y feminicidios. La cifra total de víctimas fue de 5 mil 598. Indican también que el primer bimestre de 2021, los homicidios en diez estados del país se incrementaron en comparación con el mismo periodo del año pasado. Ello pese a la prevalencia de la contingencia sanitaria y al despliegue cada vez mayor de elementos de la Guardia Nacional ordenado por el gobierno federal.
Las políticas fallidas de la transformación de 4T, en Chiapas, han quedado a deber mucho, evidencian que ni la depuración y profesionalización de las fuerzas de seguridad locales, una de las justificaciones para la puesta en marcha de la Guardia Nacional, han servido de nada, porque se ha registrado un incremento en los homicidios durante el primer bimestre de este año con un avance del 13.6 por ciento, quedando el estado dentro de las 10 entidades federativas a las que nuevamente el gobierno morenista ha engañado.
No nos olvidemos que los asesinatos viles y escalofriantes dan muestra de ello, las estadísticas que aunque horrorosas parezcan, me atrevo a afirmar que son más graves, por ejemplo, los más recientes han sido el asesinato de Paul, un niño de un año 11 meses, en San Cristóbal de las Casas; Martha Hernández Vidal, una delegada de promoción de vivienda en el municipio de Reforma; y de Pedro Gutiérrez, precandidato a alcalde al ayuntamiento de Chilón, dejan al descubierto que la violencia en Chiapas se encuentra desbordada.
A esos crímenes se suman aquellos que han provocado la indignación de la sociedad y han llegado, incluso, a protestas en otras entidades de la República, como ocurrió con Mariana, una pasante de medicina que fue hallada asesinada el 27 de enero, y como el peligro que corren todos los estudiantes que sueñan con ser profesionales en alguna materia y buscan transformar, por medio de la ciencia, tecnología, deporte y cultura, a esta sociedad que todos los días se encuentra en un juego de azar, porque nadie tiene la seguridad de regresar con vida a casa.
Chiapas, la entidad gobernada por el morenista Rutilio Escandón, se encuentra entre las 10 entidades con más casos de feminicidios por cada 100 mil habitantes, en el número cuatro en la cifra total por grupos de edad y en las entidades en las que ni las políticas engañosas han parado con los problemas ejidales que se suscitan constantemente en municipios en donde existen problemas añejos y a los que buscaron en tiempo de campaña prometiendo seguridad y solución a la demanda como la zona norte, bosques y altos.
Es momento de poner un alto a esta desgarradora situación, y que ahora sí, AMLO deje de buscar culpables del pasado o nuevos chistes para apaciguar los problemas a los que todos los días se enfrentan los chiapanecos y mexicanos. Es momento de no quedarnos callados y exigir justicia para quienes se les ha arrebatado la vida injustamente, pedir que disminuyan en serio los índices de violencia hacia los niños, jóvenes o adultos, quienes no viven en paz por tan elevados cifras.
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