Dentro de los Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Constitución, establece en su artículo 4°, entre otras cosas, el derecho a la vivienda digna "(...) Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo", dice, textual. Sin embargo, cuando volteamos a ver la realidad, esta difiere mucho de lo que insta nuestra Carta Magna.
En el estado de Durango, de acuerdo con el informe del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) del año 2016, existen 144 mil 600 duranguenses que carecen de acceso a calidad y espacios en la vivienda, esto es, que viven hacinados con familiares, o bien no tienen certeza jurídica de su hogar. Por su parte, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en su reporte del año 2014, publicó que el rezago de vivienda era de 171,419.
Pero el problema no reside solamente en lo cuantitativo, o sea en los miles de viviendas que hacen falta, sino también en lo cualitativo: de las que existen, qué tipo de viviendas son, y nos encontramos con que un porcentaje significativo de ellas, carece de agua potable, luz, drenaje y otros servicios básicos.
Y ante esta situación ¿qué han hecho las autoridades encargadas de facilitarla? Pues en el municipio de Durango, desde hace más de 3 años, un grupo de familias simpatizantes de la organización Movimiento Antorchista, solicitó ante la Presidencia Municipal, la adquisición de un predio para más de 500 lotes para vivienda en beneficio de mismo número de familias, comprometiéndose a pagar puntualmente el costo correspondiente; en otras palabras, lo que solicitan es únicamente, que el Ayuntamiento funja como aval en la compraventa de dicho terreno puesto que los beneficiarios están dispuestos a pagar la totalidad de su terreno; y la respuesta de la autoridad es una rotunda negativa, pretextando que no hay agua en la zona.
Lo raro es que para las empresas que se dedican a construir casas y venderlas 3 o 4 veces más caras que su verdadero costo, para ellos sí hay agua potable y todos los servicios básicos para que estos fraccionadores puedan ganar un poco más; en estos momentos existen 4 fraccionamientos en proceso de construcción y otros tantos ya terminados en la misma zona donde las familias humildes están solicitando un espacio de tierra para construir su casa.
En mi opinión personal, esto, lo único que demuestra es que la vivienda popular, la que debería ser facilitada por el gobierno, se ha convertido en un negocio de los constructores en contubernio con las autoridades en turno, por eso cada vez más lejos del alcance del pueblo que trabaja todos los días para generar la riqueza del país a cambio de un mísero salario.
Eso quiere decir entonces que este pueblo, el que trabaja duro a cambio de una miseria, no le queda otro camino que el de luchar para obligar a quienes tienen el deber de hacerlo, a que construyan vivienda barata, con espacio suficiente para la familia y a precios adecuados a su nivel de ingresos, o, en su defecto, para que permitan, que la gente se organice y, bajo su propia iniciativa, busque y encuentre los caminos para resolver su problema de acuerdo con su necesidad de espacio y con la velocidad que le permitan sus pocos ingresos.
Para eso, como dijo en alguna ocasión el dirigente nacional del Movimiento Antorchista Nacional, el Ing. Aquiles Córdova Morán "los pobres sin techo tienen que cobrar conciencia de la injusticia que se comete con ellos al privarlos de una vivienda propia, darse cuenta del derecho que les asiste para buscar la solución del problema con entera libertad, y, finalmente, entender que en ellos está la creatividad y la fuerza necesarias para resolver de raíz la cuestión. En una palabra, tienen que aprender a indignarse por su pobreza y por el trato humillante que se les da, a protestar enérgicamente contra eso y a organizarse para poner en marcha la solución que más les acomode".
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