El resentimiento de los mexicanos contra quienes tuvieron el poder hasta antes del 2018, y el discurso anticorrupción de los políticos de Morena, lograron que en ese entonces 30 millones de mexicanos votaran por Andrés Manuel López.
Hoy 34.9 millones votaron por Claudia Sheinbaum de un total de poco más de 100 millones de electores; casi el 35 %, contra el 65 % de quienes votaron en contra y quienes decidieron abstenerse.
La democracia y la separación de poderes se ven amenazadas por un régimen que busca perpetuarse en el poder a través de reformas que limitan la independencia del Poder Judicial.
El argumento de que “el pueblo votó” mayoritariamente por Morena, con lo que lograron la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, es usado ahora como argumento para ejecutar las reformas que les conviene a los políticos priistas, panistas, perredistas, petistas y demás, agrupados ahora en la 4T, como la infortunada reforma judicial, con la que pretenden el poder absoluto.
Por tal razón, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación conformado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral Federal, los Tribunales de Circuito Colegiados y Unitarios, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal, han salido a las calles a protestar y defender sus derechos ante la cerrazón de los Gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Para ser funcionarios del poder judicial, tuvieron que terminar sus estudios profesionales y contar con amplia trayectoria al interior del poder judicial, impartiendo justicia en todos los asuntos que deben atender.
Hoy su destino profesional depende de una tómbola amañada por parte de Morena con nombres de 870 profesionales de la justicia, a ver si por suerte logran salir electos en la tan escandalosa y grotesca “tómbola política”.
Obviamente, como ejecutor de esta gracejada nombraron al instrumentador de prácticas porriles, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, haciendo pinza con su compañero de maniobras, Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados —y de quien se espera que no convierta que su cátedra en la UNAM en manual de mañas judiciales—.
Porque la ley autoriza a todos los trabajadores que ven violados sus derechos laborales, los más de 53 mil trabajadores del poder judicial se vieron obligados a convocar a paro nacional, solicitando el apoyo de la sociedad que también se verá afectada, y a promover amparos individuales para impugnar por inviable e injusta la reforma judicial.
Sin embargo, con el argumento de que la reforma es constitucional y no se admite la interpretación de la ley, ni los amparos de trabajadores aceptados por varios jueces tienen validez, por lo que hasta el momento han renunciado 853 juzgadores de un total de mil 500, y ocho de once ministros de la Suprema Corte, quedando solamente las tres ministras cercanas al Gobierno morenista.
Los inconformes llamaron “un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”, y por considerar que la reforma amenaza con desmantelar la separación de poderes y exponer a los jueces a presiones de índole político y criminal, renunciaron a la posible elección de 2025, la presidenta de la Corte, Norma Piña, y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Juan Luis González Alcántara.
Quienes, sabiendo que serán electas por el morenismo, se mantienen: Loretta Ortiz Ahlf, nombrada en 2021 por el Senado tras su postulación por el presidente Andrés Manuel López Obrador; Lenia Batres Guadarrama, hermana del Martí Batres, exjefe de Gobierno de la CDMX, y la conocida ministra, acusada de fotocopiar su tesis profesional, Yasmín Esquivel Mossa.
Perversamente, para justificar el atropello y violación de los derechos de los trabajadores del poder judicial, la presidenta Sheinbaum ha repetido hasta el cansancio en sus mañaneras que sus renuncias obedecen, no a su dignidad, sino para retirarse con sus “haberes”, que es “un montón de dinero”, dado que esa parte no la quitan de la Constitución.
Pero lo que no dice es que están haciendo ni más ni menos que lo que hicieron los exministros, sus compañeros de partido, Olga Sánchez Cordero y su asesor jurídico, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario