Guerrero, uno de los estados más pobres y violentos de México, enfrenta un panorama aún más sombrío para 2025. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) presentado por el gobierno federal contempla recortes significativos, lo que agravará la situación de un estado ya sumido en la pobreza extrema, la delincuencia y las secuelas de desastres naturales.
Los recortes de Morena ignoran las necesidades de Guerrero y contrastan con los discursos que prometen apoyo a las regiones más marginadas.
En 2024, Guerrero sufrió un recorte de más de 2 mil 100 millones de pesos en su presupuesto, originalmente calculado en 80 mil 951 millones. Para cerrar el año, el gobierno estatal tuvo que recurrir a un crédito bancario de 3 mil 100 millones de pesos, comprometiendo aún más las finanzas públicas. Sin embargo, el proyecto para 2025 prevé reducciones presupuestales adicionales, dejando al estado en una posición crítica.
Los desafíos son múltiples y urgentes, pues violencia sigue desbordando a las autoridades. Guerrero necesita recursos para fortalecer a sus fuerzas de seguridad y programas de prevención del delito, pero los recortes limitarán gravemente estas capacidades.
Esto no sólo perpetuará la inseguridad, sino que también dificultará el desarrollo económico y social en un estado donde la gobernadora Evelyn Salgado enfrenta cada vez más presión para dar resultados.
Por otra parte, la devastación causada por los huracanes “Otis” en 2023 y “John” en 2024 dejó a miles de familias sin hogar y destruyó infraestructura clave, desde carreteras hasta sistemas de agua y electricidad.
La reconstrucción requiere recursos considerables, pero con menos apoyo federal, el gobierno estatal se verá obligado a elegir entre atender estas emergencias o mantener servicios básicos como salud y educación.
La falta de presupuesto también impactará programas sociales dirigidos a los más vulnerables, incrementando la desigualdad en un estado donde millones ya viven en pobreza extrema.
Las luchas internas entre grupos criminales han llevado a un aumento de la violencia, incluyendo ataques directos contra alcaldes y funcionarios locales. En un entorno donde algunos políticos enfrentan acusaciones de colusión con el crimen organizado, la legitimidad y capacidad de las autoridades están en duda.
El gobierno federal, bajo la administración de Morena, parece ignorar las necesidades de Guerrero. Estos recortes contrastan con los discursos oficiales que prometen apoyo a las regiones más marginadas.
La gobernadora Evelyn Salgado debe enfrentarse a un dilema casi imposible: priorizar la reconstrucción, la seguridad o el bienestar social con un presupuesto insuficiente.
El PEF 2025 es una sentencia de abandono para Guerrero. Sin estrategias claras para suplir la falta de recursos, el estado enfrentará no sólo una crisis de gobernabilidad, sino también una pérdida irreparable de oportunidades para salir del rezago histórico.
Mientras tanto, la población de Guerrero seguirá pagando el precio más alto: la incertidumbre, la pobreza y la violencia sin fin.
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