Hace unos días, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI); mencionó que existe una controversia debido a que el Senado de la República no ha designado a los tres comisionados que ocuparán los puestos vacantes de los comisionados, lo que impide sesionar, al respecto opinó que “los nombren o no los nombren, ¿para qué sirven? no sirven para nada”. Una nueva embestida contra un organismo público y autónomo se avecina.
Pero hagamos un poco de historia. El 25 de octubre de 2002 nació el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la antesala del actual INAI, nace como el primer organismo encargado de obligar a todas las dependencias federales de México a transparentar el uso de sus recursos, así como el qué, el cómo y el porqué de sus acciones. En un principio, el IFAI tenía como función central resolver las controversias derivadas de las solicitudes de acceso a la información, estipuladas dentro de la nueva legislación. Sin embargo, terminó adquiriendo las funciones de un órgano regulador en materia de información y de protección de datos personales que cuida el cumplimiento de su aplicación y promueve una nueva cultura del manejo de la información.
El martes 5 de mayo de 2015, un día después de la publicación de la nueva Ley General de Transparencia, el IFAI cambió su nombre al de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). No se trató de un simple cambio de nombre, sino que el organismo renovó su misión, visión y objetivos y, con ello, se abrió una nueva etapa en la historia democrática de México al ampliar la exigencia de transparencia a sindicatos, partidos políticos, legisladores, órganos autónomos y cualquier persona física o moral que recibiera o ejerciera recursos públicos. Hasta aquí se puede vislumbrar la importancia de éste organismo.
Siendo el INAI el que garantiza el derecho de acceso a la información pública, protege los datos personales de cualquier persona física y además exige la transparencia del uso de los recursos públicos, es decir, todo aquel que tiene acceso al erario del pueblo tiene la obligación de decir, en qué, cómo, cuándo y por qué se lo gasta de esa forma, siendo este organismo tan importante para que se conozca a dónde va a parar el dinero de los mexicanos, ¿Por qué AMLO lo ataca, lo quiere inhabilitar, como se escuchó en el audio filtrado entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y los senadores de morena?
Está muy claro que lo que pretende AMLO es tener un gobierno a modo, un gobierno que pueda hacer lo que quiera con el dinero de todos los mexicanos sin dar explicaciones, solo argumentando que él y sus partidarios son incorruptibles, en una mañanera mencionó: “No le puedo fallar al pueblo. No se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Si un familiar hace algo indebido, se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo”, en sus discursos condena la corrupción, pero en la práctica quiere acabar con los organismos que están destinados exigir cuentas, ataca a los periodistas que le cuestionan los contratos millonarios para sus familiares, como el caso de Felipe Guadalupe Obrador, tachándolos de prensa fifí, neoliberales, buitres...
Un gobierno que no rinda cuentas, que no dé la cara, que quiera hacer las cosas en los oscurito, tener opacidad, que oculte el destino de los recursos, que trabaje a espaldas del pueblo, que no diga a quien le dan los contratos millonarios, ese es el gobierno que Obrador pretende hacer, y los mexicanos no estamos de acuerdo, tener acceso a la información pública es un derecho y como tal se debe defender de manera contundente.
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