El estudio del derecho al deporte en México tiene un importante déficit con respecto a otros derechos sociales, no obstante que ya ha sido recogido en instrumentos internacionales de carácter sectorial, como la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 31), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 10 y 13) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 30). Estos instrumentos internacionales de carácter vinculante para los Estados que los han ratificado, como el caso de México, reconocen en cierta forma el derecho al deporte y a las actividades recreativas para estos grupos vulnerables.
El reconocimiento constitucional del derecho al deporte en México no fue tarea fácil; si bien la Constitución promulgada en 1917 plasmó las principales demandas sociales, económicas y políticas de la Revolución, el derecho al deporte no figuró en el máximo texto normativo. Fue en diciembre de 1997, que Elías Jauli y Dávila presentaron una iniciativa de adición al artículo 4o. constitucional, en la que se establecía lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a practicar el deporte para lograr su formación integral. La Ley determinará la forma en que concurrirán los sectores públicos, social y privado para alcanzar este objetivo”. Sin embargo y dado el ambiente político imperante, la propuesta no prosperó.
Al igual que los demás derechos sociales, el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte presenta esa complejidad, aunado a la amplitud del concepto de cultura física y al concepto de deporte, uno de los fenómenos sociales más importantes y que en la actualidad existe una tendencia a ampliar progresivamente los contenidos que lo integran, por lo que cada vez aumenta la complejidad del fenómeno deportivo a medida que la sociedad evoluciona y lo transforma.
El deporte como derecho social es complejo y contiene elementos de distinta naturaleza y de diversa estructura; además, el carácter abierto del sistema deportivo lo hace especialmente sensible al cambio social, y en la actualidad están apareciendo continuamente nuevas formas de práctica y organización deportivas. El deporte actual, en sus variadas formas (económica, política, popular, educativa, social o cultural), puede desempeñar importantes funciones sociales al servicio de una mejor educación y salud como medio de integración social y de lucha, siempre que se preserven los valores tradicionales del deporte. Para esto, el Estado debe apoyar a fin de que estos beneficios sociales no se vean anulados por los poderosos intereses económicos y políticos.
Desafortunadamente, su estudio ha sido poco explorado en México, por lo que requiere de un desarrollo teórico que permita, a su vez, desarrollar la plena exigibilidad del mismo, sobre todo si se acepta que el deporte desempeña importantes funciones sociales, que está interrelacionado con otros derechos humanos y, por lo tanto, representa un medio para la consecución de algunos derechos, como son la salud, la educación, la reinserción social, el pleno desarrollo de la personalidad, el derecho a una vida digna, entre otros.
El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso igualitario a la práctica deportiva e implementar acciones positivas en beneficio de grupos vulnerables para remover los obstáculos que impiden el ejercicio real y efectivo del derecho, sin embargo, en la realidad no sucede así. Datos del INEGI revelan que el 61.1% de la población mayor de 18 años en México es inactiva físicamente. La complejidad del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte está determinada por un problema común para los derechos sociales: el relativo a las obligaciones del Estado para garantizarlos. No obstante, el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte conlleva prestaciones a cargo del Estado, por ejemplo, requiere de recursos económicos; lamentablemente, en México el presupuesto para la CONADE ha disminuido de forma considerable en los últimos años. Llama la atención que, por una parte, se reconozca constitucionalmente un derecho y, por la otra, se reduzcan considerablemente los recursos destinados a satisfacerlo. Esto explica, por una parte, el hecho de que México ocupe el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos.
En el Instituto Deportivo Salvador Díaz Mirón tenemos claro que el derecho y acceso al deporte en México no está plenamente garantizado por el Estado, como lo he comentado en otras opiniones, los futuros entrenadores y educadores físicos de esta institución tenemos la misión de hacer algo distinto a lo que el Estado y el actual sistema económico en el que vivimos nos han acostumbrado, siguiendo esta línea es que recientemente los jóvenes de séptimo semestre han iniciado su servicio social poniendo a disposición de los sectores humildes de la población su conocimiento, su energía y voluntad, intentando concretar este derecho social en las zonas donde hay menor acceso al deporte y acercamiento a la cultura física, desempeñando así, funciones sociales al servicio de una mejor educación, utilizando al deporte como medio de organización y también de lucha social para formar los hombres y mujeres que México requiere para cambiar el rezago no solo deportivo, sino social y económico en el que se encuentra.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario