La fundación de México-Tenochtitlan no sucedió en 1321, como asegura el Gobierno federal, dijo categórico el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien es el descubridor, el desarrollador y el principal intérprete de las ruinas del Templo Mayor. “Ahora quieren hacer que se empate el 1321 con 1521, que es el año de la caída de Tenochtitlan, con 1821 fecha de la Independencia de México y con 2021; no hay base para asentar que 1321 es el momento en que se va a dar la fundación, la mayoría de fuentes inciden en que fue 1325”, explica el investigador emérito del INAH. Esta imposición del cambio de fechas, decretada desde el poder omnímodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido comparada, en otras fuentes, con la que hizo a su vez el dictador Porfirio Díaz, cuando igualmente cambió por sus pistolas la fecha de conmemoración del Grito de Dolores, del día 16 al 15, para que la fiesta patria de la independencia de México coincidiera con su cumpleaños personal. De ese tamaño es la falsificación histórica y el abuso de poder, exactamente igual en ambos casos. Si se respetara la fecha histórica más manejada por los estudiosos, la celebración del septuagésimo aniversario de Tenochtitlán quedaría en 2025, lamentablemente fuera del período presidencial del nuevo dictador por un año.
Si yo fuera AMLO, con la purita opinión en contra de Matos Moctezuma ¿para qué buscar más? tendría más que suficiente para no insistir en el ridículo despropósito de imponer esa falsificación histórica. Pero no soy AMLO, y qué bueno, pues no seré quien coseche el ridículo internacional y tampoco seré yo el receptor de tanta pena ajena. Que con su pan se lo coma.
Ah, pero en estos tiempos de “transformación” resulta peligroso contradecir al republicano, liberal y demócrata que devino en dictador pero que se sigue escondiendo bajo una máscara de izquierda cada vez más insostenible. Y es que no todos en México son como el Peje cree que son “sus” beneficiarios de “sus” programas de dádivas. Por ejemplo, una mayoría de la prensa naci
onal no forma en las filas de sus habituales lamebotas. Y para ellos, la diatriba, el ataque diario desde su conferencia mañanera, que es en la práctica, lamentable, el máximo tribunal del país.
La asociación civil Artículo 19 se pronunció con respecto a la andanada cotidiana de invectivas, ataques e insultos con que López Obrador surte a la prensa: “Prensa Fifí”, “muerden la mano de quien les quitó el bozal”, “hampa del periodismo”, “manipuladores”, “medios conservadores”, “pasquines al servicio del conservadurismo”, las frases, ya se sabe, son ejemplo de la forma en cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador califica a la prensa cuando ésta publica una nota que no le favorece a su gobierno. En paralelo, el presidente ha declarado y ofrecido: “No reprimiremos a nadie, no habrá censura”. Pero no puede uno menos de cuestionar: ¿Es válido calificar a los medios como “pasquines” o a sus periodistas como “hampa” y decir que no hay censura?” La organización responde con la Constitución en la mano: En el artículo 6o. se detalla: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Y el artículo 7. “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares”. Pero, ¿por qué tendría cualquier ciudadano que recurrir a citar la máxima ley del país, si los derechos citados son de inviolable ejercicio para todos? Ah, pues porque el presidente los está violando.
Se podría completar un libro de al menos el doble de tamaño que la Biblia, si alguien se diera a la tarea de reunir un resumen apretado de todos los ataques de AMLO a sus “adversarios”. Sólo en los últimos días, el presidente ha evitado vergonzantemente pronunciarse acerca de la tragedia del 3 de mayo, cuando colapsó la estructura elevada al paso de un tren de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. La cuenta de 26 muertes lamentables y de más de 70 heridos se puede y debe incorporar a la responsabilidad de los gobernantes del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y al propio presidente de la república, en virtud de que su homicida programa de ahorros, de recortes y de “austeridad”, llegó también y afectó, y sigue afectando al Metro, que no recibe el mantenimiento necesario para garantizar no sólo un transporte eficiente, sino ni siquiera lo suficiente para que se garantice que el usuario no va a morir en cualquier momento en un desplome, en un incendio, descarrilamiento o un choque de frente.
Ah, pero don dictador ya tomó personalmente la defensa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien elogió sin medida y paseó de su mano por el Centro, dispensándole su apoyo irrestricto, que ya sabemos es una defensa irrestricta a su propia persona y su propia responsabilidad en lo del Metro.
Ahora, en una jugada doble, que por un lado echa humo para disolver el tema del Metro de la agenda informativa, pero que por el otro le es indispensable para no perder la mayoría en la Cámara de Diputados en la próxima elección, se aventó a atacar a los dos candidatos punteros de la elección por la gubernatura en Nuevo León. Él mismo hizo el trabajo sucio, exhibiendo su poder y el mando que ejerce sobre la Fiscalía de Delitos Electorales y sobre todas las autoridades que sean necesarias para descarrilar a los dos candidatos que van delante de la suya propia con una ventaja mínima de 15 puntos porcentuales en todas las encuestas.
El pasado 5 de mayo, dos días después de la desgracia de la Línea 12 del Metro, el presidente denunció públicamente a Adrián de la Garza (candidato del PRI al gobierno de Nuevo León) por ofrecer una tarjeta con dinero a cambio de que voten por él. En aquel momento pidió a los ciudadanos ayudar “para saber si el hecho era real en verdad” (¿en serio, como el Borras?) y que la Fiscalía de Delitos Electorales lo verificara. Luego subió el tono, y aseguró por cuenta propia la culpabilidad del candidato, pero metió en la jugada al otro puntero, el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, de quien dijo, también en una de sus “mañaneras”, que él y otros familiares estaban siendo investigados por delitos de los que no dio ningún detalle. Los quiere fuera de la elección a como dé lugar, para que brille ahora sí, en ausencia de los más probables ganadores, doña Clara Luz Flores, la candidata de Morena, quien cayó hasta el sótano en las preferencias electorales.
Nada más que el señor don presidente está incurriendo en diversos delitos con sus intromisiones. Para empezar, Andrés Manuel López es delincuente electoral confeso, porque admite lo que está haciendo y lo presume. Lo que está construyendo no es una democracia, sino que pretende que la democracia se adapte a su conveniencia. Y esto, por supuesto, no lo está debatiendo en asambleas de su partido, ni es producto de ninguna consulta popular, sino que es su voluntad de construir un régimen a modo para no tener el menor obstáculo en la erección de su programa de gobierno, cualquiera que éste sea.
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