El desplazamiento forzado, aunque sea interno, que impera en Guerrero, es un tema grave que ha sido ignorado, prácticamente invisibilizado por autoridades federales y estatales, ambas de Morena, pese a ser la entidad con más personas desplazadas en el país.
Tristemente, cuando el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador anuncia alguna acción o programa, en Guerrero, la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda inmediatamente manifiesta su beneplácito y ofrece su apoyo, como caja de resonancia.
Por fin el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas se ha dado cuenta de que es necesario que el Senado apruebe la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, ley aprobada por la Cámara de Diputados a nivel federal el 29 de septiembre de 2020, por tanto, la gobernadora Evelyn Salgado manifestó su acuerdo y se suma a lo dicho por el funcionario, cuando se ha negado a dialogar con dirigentes que tienen años apoyando a familias víctimas de desplazamiento y sólo se reúne con pseudo líderes de desplazados.
Asimismo, en lugar de atender, envía nuestras peticiones a la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, que difícilmente podrá dar solución a planteamientos que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas de desplazamiento forzado interno, como la creación de condiciones seguras o reubicación de las familias desplazadas.
La Subsecretaría de Gobierno tampoco estaría en condiciones de garantizar que la Guardia Nacional tome en sus manos el control de la seguridad, entre otros planteamientos, declara Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, quien reiteró su inconformidad porque la citada ley fue aprobada en septiembre de 2020 y casi dos años después se dan cuenta de que es urgente la aprobación del Senado, tal parece que se olvidan de todas las movilizaciones que han realizado en la Ciudad de México las familias desplazadas de varios municipios de Guerrero, como Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Leonardo Bravo (Chichihualco), Zirándaro de los Chávez, San Miguel Totolapan, Chilapa de Álvarez, etcétera, tanto en el Palacio Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Cámaras de Diputados y Senadores, donde continúan exigiendo una Ley Nacional que en realidad tome en cuenta a las víctimas.
En lo que va de 2022, se suman a esta triste realidad las comunidades nahuas desplazadas por la violencia del municipio de Chilapa de Álvarez, Tepozcuautla (400 familias), Ahuihuiyulco (1400 habitantes) y Tetitlán de la Lima, sólo algunas familias, que en el mes de junio abandonaron sus pueblos tras amenazas de que un grupo de la delincuencia organizada asesinaría a las familias que permanecieran en sus comunidades; sólo salieron con sus hijos y algunos enseres domésticos. Huyeron para proteger sus vidas.
Si en realidad las autoridades estatales están interesadas y preocupadas por solucionar el problema del desplazamiento forzado interno, el Centro Morelos lanza los siguientes planteamientos:
1.- Que de manera conjunta con el poder Legislativo soliciten al Senado la pronta aprobación de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y su inmediata reglamentación.
2.- Solicitar al Congreso del Estado la inmediata reglamentación de la Ley 487 para Atender y Prevenir el Desplazamiento Interno, que fue aprobada a mediados del 2014, de acuerdo con la ley federal.
3.- Sensibilidad para reunirse con los integrantes del Centro Morelos con el fin de acordar acciones que coadyuven a reducir daños en las familias, generados por el desplazamiento.
4.- Comprometerse por escrito con las diferentes instancias federales y municipales, a aportar los recursos materiales y económicos para resolver de fondo el problema de las familias víctimas de desplazamiento forzado interno del año 2011 en adelante.
5.- Realizar un análisis geo- económico para implementar una estrategia de políticas públicas y de seguridad (que no tenga que ver con el fortalecimiento de los grupos narco paramilitares) para evitar más desplazamientos, en el que se contemple el problema integral que genera la minería.
En Guerrero existen más de 20 mil desplazados, es el estadi con más desplazados en el país aunque, admite, no existe un registro oficial de víctimas debido a la resistencia de las autoridades para otorgarles el reconocimiento como víctimas.
El desplazamiento forzado interno es un problema común en Guerrero, sin embargo, no existe un registro oficial ni programa diseñado por el Estado mexicano para resolverlo, además, al no estar tipificado como delito en los códigos federal o estatal, las víctimas están indefensas.
El año pasado hubo enfrentamientos entre grupos de civiles armados que buscan el control del territorio ante la complacencia de los gobiernos federal y estatal; en el caso de la región Tierra Caliente, los enfrentamientos provocaron desplazamientos masivos en los municipios de Zirándaro de los Chávez, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan y Leonardo Bravo.
Es necesario que los gobiernos federal y estatal realicen acciones para prevenir y resolver el problema de miles de personas que son víctimas de desplazamiento forzado interno, sin embargo, no existe voluntad política para atender esta problemática, que se agudiza en pueblos de la Sierra y de La Montaña; esperemos que ahora, que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas se percató de la urgencia de atender la problemática, en Guerrero se atienda integralmente el tema de los desplazados.
Entre los pendientes para este 2022, están el generar condiciones de seguridad para que las familias puedan regresar a sus lugres de origen, diseñar políticas públicas para prevenir y evitar desplazamientos, que se otorgue reubicación digna y tierras suficientes para que desarrollen su vocación campesina y reparación del daño de acuerdo a la pérdida que tuvieron al dejar su hogar; que el Senado apruebe la Ley Nacional sobre Desplazamiento Forzado Interno para que pueda tipificarse este hecho violento como delito; que a las familias desplazadas se les otorgue sin dilación la calidad de víctimas y que se les atienda, de manera inmediata, integral y con perspectiva de género.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario