En México, en lo que va del 2020 se ha reportado la desaparición de cerca de 1,970 niñas, niños y adolescentes; lo que equivale a siete desapariciones en promedio por día, de estos datos, en Chiapas han desaparecido 162 niños, 28 de ellos han sido encontrados, el 21 por ciento son de origen indígena y en 2019, se registraron 189 desapariciones, lo que significa que se han duplicado, sin contar que nos quedan cuatro meses para terminar el año.
El 1 de julio la alerta AMBER encendió al estado, los medios de comunicación locales comenzaron a difundir la desaparición de Dylan Esaú Gómez Pérez, niño de dos años y nueve meses de edad, quien había sido raptado el 30 de junio en el mercado del sur Merposur donde trabajaba su madre en un puesto de frutas y verduras, en San Cristóbal de las Casas.Este caso hubiese quedado en el viento como 1970 casos de desaparición en el país, donde la eficiencia por parte de los impartidores de justicia brillan por su ausencia, pero el amor de una madre a pesar de las deficiencias económico-sociales es infinito, y así fue como Juana Pérez, madre del pequeño, acudió a diversas instancias al ver que las autoridades inmediatas no daban prioridad a la búsqueda de Dylan, pasaron los días y la desesperación hizo que la noticia llegara a Palacio Nacional por voz de la propia Juana y familiares más cercanos.
Estando el tema en medios nacionales, las autoridades tenían que actuar antes de que la segunda noticia nacional fuera lo que para toda la ciudadanía mexicana es bien sabido, "la incompetencia de la Fiscalía General del Estado de Chiapas que representa Jorge Luis Llaven Abarca, por enésima ocasión no cumplía con su única tarea, la procuración de justicia".Y así fue, se ilustró en los medios las limitaciones de las autoridades chiapanecas, por el manejo del caso desde el principio, Juana cargó en contra de los fiscales por la lentitud y desgana hasta que el caso alcanzó la relevancia delatándolos con el presidente.
De inmediato se puso en marcha un plan "genial" comandado por Andrés Manuel López Obrador, se informó desde el primer día de protesta de la madre ante la Comisión de Derechos de Humanos, que, en la búsqueda del menor, se había descubierto y desarticulado una peligrosa red de trata de personas que obligaba vender artesanías en las calles, con la que habían dado al catear, el 17 de julio, una casa en el centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas.De ella rescataron a 23 menores y detuvieron a cinco adultos.¡Oh sorpresa! Dylan no figuraba entre los 23, pero esta hazaña la Fiscalía la celebró con bombo y platillo.
Empero, días después quedó manifiesto que la versión era una farsa: en la casa cateada vivían cinco familias de origen tzotzil, todas originarias de Chictón, Ixtapa Chiapas.Se presumió un acto justicia, pero no fue más que un delito prefabricado.Don Adolfo Gómez (abuelo) fue detenido arbitrariamente mientras realizaba su tarea diaria en la vía pública, y digo arbitraria porque no le dieron la razón del por qué estaba siendo llevado por la fuerza a los separos, Josefa Sánchez, esposa, fue ese mismo día a sacarlo de la cárcel; gran oportunidad para los señores justicia, también detuvieron a la pobre indefensa.Dos días después, a raíz del cateo, la policía detuvo a dos de sus hijas (María Hortensia y Maribel) y a una nuera (Juana Montejo), y se llevaron a los 23 niños.Pero el tema no quedo ahí, Don Adolfo apareció muerto en su celda el 27 de julio, 12 días después de su detención.La fiscalía, pregonó que el fallecimiento había sido un lamentable suicidio, sin embargo, al momento de la entrega del cuerpo a familiares no detenidos, osaron en no obedecer la orden estricta de no abrir el féretro del occiso.
¿A qué se debía el mandato? el interfecto tenía signos de violencia y tortura: sangre, moretones, incluso una herida en la cabeza, todo esto fue descubierto por los parientes al abrir el ataúd, quiere decir, que la muerte del señor no fue a causa de un suicidio y que en Chiapas como en el país, la justicia la direccionan a conveniencia de la imagen política del gobierno en turno, tenían que encontrar a un culpable, y fabricaron delitos en una familia que nada tenía que ver con el caso del pequeño, pues para que la Fiscalía actuara como lo hizo, tenía que contar con al menos tres o cuatro elementos fundamentales que ameritara la trata de personas como tal: 1) las alertas AMBER de los pequeños, o por lo menos denuncias locales de su desaparición, 2) tener evidencias documentadas, con fecha y hora de los trabajos a lomo partido que se hubiesen realizado en la búsqueda de los niños, 3) la certeza de ADN, o sea, que los imputados no tuviesen un lazo sanguíneo con los 23 niños, lejos de que si se presumieran las actas de nacimiento presentadas por las madres legítimas, hijas y nuera de don ADOLFO GOMEZ, 4) no se comprobó que los niños tuvieran marcas de maltrato físico como las que sí se encontraron en el cuerpo del hoy occiso.
Una noticia buena se pudo obtener, 40 días después de la desaparición, Dylan fue devuelto a su angustiada madre, pero no olvidemos que 23 niños siguen separados de sus respectivas madres, sumado un muerto, y cuatro mujeres encarceladas injustamente, cualquiera lo definiría como un precio muy alto en el intento de impartir justicia.Pero yo veo, y clarísimo está que cuando se necesita dar o contrarrestar un golpe mediático, el verdugo se envalentona haciendo uso de los más indefensos, de los pobres, de los que menos posibilidades tienen de encontrar a un litigante que los ayude sin recibir gratificación.Quedando claramente evidenciada la terrible falta de justicia, en una sociedad pobre de valores, una diferencia abismal muy aguda de las clases sociales, la discriminación a comunidades indígenas, la falta de profesionalización de nuestros fiscales y su empobrecimiento severo de cerebro hasta para fabricar delitos, y consecuencia de ello un atropellamiento catastrófico a los derechos humanos.
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