“Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”, decía Voltaire, un historiador, filósofo y abogado francés quien creía en un sentimiento universal e innato de la justicia que era el de que esta debía reflejarse en las leyes de todas las sociedades, que la ley debía ser igual para todos.
Los altos índices de violencia y la nula respuesta por parte de las autoridades en el país y, por supuesto, en Tlaxcala, ha creado una red de desconfianza por parte de los ciudadanos con respecto a las autoridades legales, que han cedido a tomas la justicia en sus manos y a proceder con el linchamiento o ejecución de aquellos a quienes han encontrado haciendo actividades ilícitas que perturba la paz, seguridad y tranquilidad de los ciudadanos que habitan en el lugar que preside tal fenómeno. Un linchamiento es la ejecución de alguien presuntamente culpable de un delito por parte de un grupo de personas que hacen uso de la violencia física, sin que medie un proceso legal.
Según el informe de la Comisión Nacional de los Derechos humanos, los linchamientos son actos ilícitos que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de seguridad, violencia e impunidad enfrenta nuestro país, conde como consecuencia de la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de las instancias de gobierno para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas, se canaliza el hartazgo e impotencia de la gente ante su realidad que vulnera y lastima, para incurrir en acciones violentas en contra de aquellos que suponen, atentan en contra propia o de la comunidad.
Y no está por más, pues el crecimiento cada vez más agudo en México de los actos de violencia y la respuesta inmediata de algunos ciudadanos de responder de igual forma con violencia, muestra no solo la incapacidad del estado para mantener el monopolio legitimo del uso de la fuerza y control sobre el territorio mexicano, si no un hartazgo comunitario que lleva a los afectados a hacer lo necesario por terminar de una vez por todas, con los que irrumpen en sus viviendas o negocios para despojarlos de sus pertenencias.
En Tlaxcala, por ejemplo, la práctica de estos actos ha venido despuntándose en los últimos meses, tanto así que a nivel nacional el estado ocupa el quinto lugar con más agresiones de este tipo, y el mes pasado ocupo el segundo lugar como lo atestigua la nota titulada “Puebla y Tlaxcala con los estados con mayor número de linchamientos durante el 2022: Causa Común” (infobae.com). Ya para el primer bimestre del año, Tlaxcala contaba con cinco intentos de linchamiento, y hasta el día de hoy, las portadas de las noticias nos dicen todos los días: “Investiga la CEDH cinco linchamientos en Tlaxcala” (17 de mayo); “Sufre presunto ladrón su propio “Vía Crucis…en San Pedro Tlalcuapan, Chiautempan” (16 de abril de 2022); “Inicia CEDH investigación por caso de linchamiento en San Pedro Tlalcuapan” (19 de abril); “optan en el sur del estado por linchar a maleantes”, (22 de febrero); “Sacerdote evita linchamiento de dos presuntos ladrones en iglesia de San Ignacio, en Huamantla”, (17 de abril); “Protestan habitantes de San Pedro Tlalcuapan en Palacio de Gobierno.. pidiendo justicia para exigir la liberación de su presidente de comunidad… los manifestantes señalan que las autoridades federales, estatales y municipales son las responsables directas de la inseguridad y que sus autoridades civiles y religiosas detenidas son inocentes”, dice la nota más reciente sobre el caso de la aprehensión del señor Saúl Rosales Meléndez, presidente de comunidad, quien fue detenido después del linchamiento acontecido el 15 de abril en San Pedro Tlalcuapan y por quien sus vecinos piden liberación inmediata. En total, el estado en lo que va del año, presenta hasta hoy 11 intentos de linchamiento y cinco carpetas de investigación sobre este tipo de actos.
Pero ha de saber, querido lector, que este fenómeno de justicia a manos del pueblo es una consecuencia de una causa profunda que, aunque no se cansen de decirlo los medios de comunicación, las instituciones y las plataformas de investigación, el Estado no podrá solucionar. Y no hay otra razón más la de que el Estado no existe para servir al pueblo y asegurar su bienestar, seguridad, salud, etc., como se ha venido demostrando y más en el actual sexenio, el Estado es el encargado de mantener a los poderosos en el poder, utilizando y creando todo tipo de instituciones que se aseguren de resguardar esta meta. Como decía Engels, es producto de la sociedad y nace como una confesión de que esta se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma, pues está dividida por antagonismos irreconciliables, por clases con intereses económicos contrapuestos. El Estado nace pues para asegurarse que estas no se devoren y consuman a la misma sociedad, surge como la necesidad de un poder que aparezca situado por encima de la sociedad y que la mantenga en los límites del orden. Por lo tanto, se encarga de que los pobres seamos más pobres, por el hambre que no pueden saciar, buscan los medios para no sentirla o lograr satisfacerla como el trabajo informal, los estupefacientes o, ganar dinero fácil robando. Y ¿Qué hacen pues las autoridades? Nada, por lo tanto, el pueblo cansado de la actual política de “abrazos no balazos”, le ha quitado el monopolio de “justicia” a las autoridades y realiza acciones lamentables como los linchamientos.
Un pueblo entonces sin justicia de equidad económica, de derechos humanos, de vivienda, de servicios elementales y de seguridad, por supuesto que, enojado y cansado de tanta arbitrariedad, toman en sus manos la “justicia” como decía Voltaire. De esta forma, un pueblo enardecido es un pueblo a quien las autoridades deberían atender, de no ser así, estos actos solo irán en crecimiento. No lo digo yo, lo dicen los datos duros y reales.
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